Enrique Dans

Europa lleva demasiado tiempo confundiéndose a sí misma con un mercado, cuando lo que está en juego es algo bastante más incómodo: poder. Poder para decidir qué se puede hacer con los datos de sus ciudadanos, poder para definir qué prácticas empresariales son aceptables, poder para exigir auditoría, transparencia y rendición de cuentas, y poder para que, cuando alguien en Washington estornude o amenace, aquí no nos dé una neumonía. Que hoy estemos discutiendo «soberanía tecnológica» no es una moda ni una ocurrencia: es el síntoma de que por fin empezamos a asumir que la infraestructura digital no es un conjunto de productos, sino una capa de soberanía comparable a la energía, las telecomunicaciones o la defensa.

La paradoja es que Europa sí tiene piezas críticas del rompecabezas, pero las ha tratado como si fueran accesorios. El caso de ASML es casi obsceno: una empresa europea que sostiene una parte esencial de la cadena global de semiconductores y, aun así, Europa se ha permitido actuar como si su liderazgo fuese un accidente del que no hay que sentirse responsable. ASML lo recuerda en su propia presentación corporativa: su tecnología de litografía es «fundamental» para la fabricación masiva de chips. Y sin embargo, el debate geopolítico ha tendido a convertirla en rehén de agendas ajenas, justo lo contrario de lo que debería permitir un bloque que se toma en serio a sí mismo. Ahí hay una lección central: la soberanía no empieza prohibiendo nada, empieza protegiendo lo que ya tienes y dejando de comportarte como vasallo.

Esa discusión estratégica tiene hoy nuevos actores que obligan a replantear los monopolios de facto: uno de ellos es Taalas, una compañía canadiense que propone revolucionar la infraestructura de la inteligencia artificial transformando modelos de aprendizaje profundo en silicio personalizado altamente optimizado. Su plataforma automatizada permite que un modelo entrenado se convierta en hardware específico, lo que ellos llaman Hardcore Models, con una eficiencia energética y de procesamiento hasta mil veces superior a la ejecución de software en GPUs tradicionales, eliminando gran parte de los costes y cuellos de botella asociados a la computación clásica de inteligencia artificial. Esta aproximación radical, que revoluciona la inferencia, por ejemplo, alcanzando más de 17,000 tokens por segundo en modelos populares como Llama 3.1, no solo es un desafío tecnológico, sino que redefine qué significa tener control sobre la infraestructura crítica de inteligencia artificial en un mundo dominado por arquitecturas cerradas y proveedores concentrados.

Otro actor interesante y ya conocido es Mistral: una startup francesa fundada en 2023 por investigadores formados en Google DeepMind y Meta que ha emergido como uno de los contendientes más serios en el desarrollo de LLMs con un enfoque de apertura y transparencia, lo que la distingue de competidores cerrados como otros grandes proveedores de inteligencia artificial. Mistral no es solo un competidor tecnológico: su apuesta por modelos de código abierto, accesibles y modificables, y su creciente papel en aplicaciones empresariales y aplicaciones de inteligencia artificial generativa convierten a esta empresa en una pieza estratégica para Europa si quiere reducir dependencia de proveedores extranjeros y al mismo tiempo mantener control y auditabilidad sobre tecnologías que moldean lo público y lo privado. Su relevancia se amplifica cuando ejecutivos europeos y fabricantes clave como ASML establecen inversiones y alianzas robustas con Mistral, subrayando que esta no es una iniciativa aislada, sino parte de un movimiento más amplio para forjar capacidad tecnológica propia en el corazón de la Unión Europea.

En ese sentido, el reciente artículo de mi amigo Julián de Cabo llega en el momento perfecto, porque pone el foco donde suele doler: en la arquitectura estratégica, no en el titular fácil. Cuando subraya que «Taalas es canadiense, y eso importa más de lo que parece», no está haciendo una precisión anecdótica, sino describiendo el tablero real: alianzas, marcos regulatorios compatibles, y la posibilidad de construir alternativas a dos modelos que Europa, con razón, percibe como incompatibles con su tejido institucional: el capitalismo de vigilancia estadounidense y el control social chino. Esa frase, por sí sola, desmonta una trampa habitual: creer que «lo europeo» es una bandera estética o una obsesión por la regulación excesiva. No lo es. Es un conjunto de límites y garantías que definen qué tipo de tecnología queremos permitir.

Y aquí conviene decirlo sin rodeos: si Europa pretende «soberanía» pero sigue aceptando como inevitables los modelos de negocio basados en extraer datos, maximizar adicción y degradar deliberadamente la conversación pública, lo que está comprando no es tecnología: está importando una ideología empaquetada. La discusión no es si el scroll infinito es bonito o feo, ni si una plataforma concreta nos cae o no simpática: la discusión es si aceptamos como normal un modelo que necesita vigilancia sistemática para funcionar, que monetiza el deterioro cognitivo y que convierte el espacio público en una máquina de segmentación publicitaria. Ese es precisamente el eje de lo que llevo tiempo argumentando: cuando el negocio consiste en espiar, el producto somos nosotros. Y cuando el negocio depende de retenerte y engancharte, la adicción deja de ser “un efecto secundario” y se convierte en requisito operativo.

Por eso, hablar de «abandonar modelos estadounidenses que no encajan con nuestra visión» no es antiamericanismo, ni capricho regulatorio, ni postureo proteccionista: es coherencia con derechos fundamentales. El choque reciente entre Estados Unidos y la Unión Europea alrededor de la regulación digital lo ilustra con claridad: mientras la UE plantea marcos como la DSA como una obligación de diligencia, transparencia y gestión de riesgos, desde ciertos sectores políticos y corporativos estadounidenses se intenta reetiquetar todo eso como «censura». Esa guerra semántica no es casual: cuando un actor controla la infraestructura informacional global, no defiende solo beneficios, defiende soft power e influencia.

La buena noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, la discusión europea empieza a aterrizar en medidas concretas. La Comisión Europea no solo habla de soberanía: empuja estrategias explícitas de tecnologías abiertas y de código abierto, con un enfoque de «Think Open», y con estructuras como su Open Source Programme Office para institucionalizar contribución, reutilización y «stay in control». Esto es importante por un motivo que a veces se pierde: el open source no es una religión, es una palanca de soberanía. No porque «sea gratis», sino porque reduce asimetrías, facilita auditoría, permite bifurcar y mantener, y hace más difícil el chantaje del proveedor. En otras palabras: vuelve negociable lo que hoy es dependencia.

Pero soberanía no es autarquía. Aquí la idea de «neutralidad activa» es clave: diversificar proveedores, evitar lock-in y reservar capacidad propia donde duele perderla. La pregunta útil no es «¿podemos vivir sin tecnología estadounidense mañana?», sino «¿podemos diseñar un camino para que lo crítico no dependa de un tercero que no comparte ni nuestros incentivos ni nuestras garantías?» Y en ese camino, «Made in Europe» no debería leerse como una mera campaña industrial, sino como giro geopolítico: pagar más a propósito para recuperar control estratégico, porque el precio real de lo barato suele ser la dependencia. Esa es exactamente la tesis del texto sobre «Made in Europe»: no va de fábricas, va de control.

A partir de ahí, el debate se vuelve incómodo para muchos porque obliga a hablar de procurement, no de deseos. Si Europa quiere soberanía, tiene que comprar soberanía. El discurso de EuroStack y su insistencia en un «Buy European» acompañado de interoperabilidad y requisitos de salida, apunta justo a ese nervio: dejar de financiar, con gasto público y empresarial, la consolidación de dependencias estructurales. No se trata de excluir por pasaporte, sino de exigir condiciones: jurisdicción, auditabilidad, portabilidad real, estándares abiertos, y ausencia de prácticas incompatibles con derechos fundamentales. Quien pueda cumplirlas, compite; quien no, no debería ser infraestructura de lo público.

¿Y las redes sociales? Ahí el problema es todavía más claro porque no hablamos solo de servicios: hablamos de «infraestructura cognitiva», de la que dependen elecciones, agenda pública y salud democrática. Proyectos como Eurosky son interesantes precisamente porque intentan mover la discusión del «hagamos otra app» al «construyamos infraestructura y gobernanza». Su apuesta por el AT Protocol y por una capa europea para cuentas, datos y moderación apunta a lo que de verdad importa: que la soberanía no se resuelve con un clon, sino con un ecosistema y reglas propias. Y el hecho de que Reuters lo trate como un intento explícito de reducir dependencia de los gigantes estadounidenses muestra que, claramente, el diagnóstico ya está a la vista.

Con todo, estamos lejísimos aún de poder caer en algún tipo de triunfalismo. Europa tiene talento, capital, industria y regulación, pero lo que le ha faltado históricamente es voluntad sostenida, velocidad y coordinación para escalar alternativas sin que mueran en la «fase piloto». Esa es la razón por la que, cada cierto tiempo, resurgen las dudas sobre si Europa «de verdad» puede divorciarse de las Big Tech: porque el divorcio no es un tweet, es una migración masiva de dependencias, contratos, hábitos y cultura tecnológica. Y además, habrá presión, y mucha. Lo vemos cuando incluso Google advierte públicamente a la UE contra «levantar muros» en su agenda de soberanía: porque entiende perfectamente lo que se está discutiendo.

La pregunta, por tanto, no es si Europa puede «adquirir soberanía tecnológica» como quien compra un paquete en Amazon o en AliExpress. La pregunta es si está dispuesta a asumir el coste político y económico de alinear su infraestructura digital con sus principios. Si de verdad creemos en la importancia de la privacidad, en los límites al poder corporativo, en la transparencia y en el Estado de derecho, entonces no tiene sentido que la conversación pública, la nube de lo público o la capa de identidad digital dependan de modelos diseñados para extraer datos y maximizar influencia. La soberanía europea no será un gran gesto, sino una suma de decisiones aburridas: estándares abiertos, contratos con cláusulas de salida, exigencias de interoperabilidad, inversión paciente, y una preferencia explícita por tecnologías que se puedan auditar y gobernar aquí.

Y sobre todo, una decisión moral disfrazada de decisión técnica: dejar de tratar nuestros derechos como un «coste de fricción» y empezar a tratarlos como lo que son. El día que Europa entienda que su ventaja comparativa no es copiar a Silicon Valley, sino ofrecer una alternativa compatible con la democracia y los derechos fundamentales, aunque al principio suene «menos sexy«, ese día la soberanía dejará de ser un eslogan y se convertirá, por fin, en una estrategia como tal.

This article is openly available in English on Medium, «Tech sovereignty has a price tag, and Europe must be prepared to pay it»