Enrique Dans

Hay una sensación difícil de describir cuando quien ocupa la Casa Blanca no solo tolera los conflictos de interés, sino que los abraza con la serenidad de quien sabe que, pase lo que pase, el coste será mínimo. No es únicamente indignación: es desgaste, una especie de náusea cívica permanente. Cada día te despiertas con la expectativa de una nueva transacción disfrazada de política pública, de un nuevo «acuerdo» vendido como supuesto patriotismo, de un nuevo gesto de impunidad convertido en espectáculo. Y lo más corrosivo no es el acto en sí, sino la normalización: la democracia convertida en decorado, y la Presidencia en un instrumento de monetización.

El caso TikTok es especialmente revelador porque mezcla discrecionalidad presidencial, seguridad nacional, presión política y una lista de beneficiarios con acceso privilegiado. Según la información recogida por NBC News, un nuevo grupo anticorrupción llamado Public Integrity Project ha demandado al presidente y a la fiscal general Pam Bondi por el acuerdo que habría transferido la operación estadounidense de TikTok a inversores «respaldados por la administración», alegando que se violó una ley de 2024 pensada para frenar riesgos de propaganda y control extranjero, y que el acuerdo habría beneficiado a actores con vínculos estrechos con el presidente y que «en ocasiones le han enriquecido personalmente». En esa pieza se citan nombres concretos como Oracle, MGX, afiliados de Susquehanna International Group y General Atlantic, y se detallan conexiones políticas y mediáticas que, en un país mínimamente exigente con sus estándares democráticos, bastarían para imponer una prudencia extrema, en lugar de para acelerar la operación.

Lo más inquietante es que el patrón no se limita a «tener amigos», sino a usar el poder para reescribir el significado práctico de una ley. El propio escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones del D.C. sostiene que la ley fue clara y, aun así, no se aplicó: tras vencer el plazo legal, el presidente habría emitido órdenes ejecutivas para conceder «extensiones» y ordenar a la fiscal general que no hiciera cumplir la norma, encadenando varias prórrogas contrarias al texto legal. En ese mismo documento se afirma que el acuerdo anunciado permitiría que ByteDance siguiese controlando elementos esenciales, incluido el algoritmo de recomendación, y mantuviese relaciones operativas relevantes, vaciando la finalidad de la ley.

Y es que esta es la idea clave: cuando un presidente se permite convertir el cumplimiento de la ley en una cuestión optativa, no estamos ante «política dura» ni ante «pragmatismo», sino ante una clara erosión institucional. Que un documento oficial de la Casa Blanca presente como logro en tono abiertamente populista una solución que incluye ordenar al Departamento de Justicia que no actúe para hacer cumplir una norma durante un periodo determinado debería encender todas las alarmas democráticas, porque desplaza el centro de gravedad: ya no manda la ley, manda la voluntad del líder. Si además existen órdenes ejecutivas que, como muestra el propio texto publicado en GovInfo, llegan a extender la «enforcement delay» y a instruir explícitamente al Departamento de Justicia para no imponer sanciones por «cualquier incumplimiento» durante ese periodo, o incluso para conductas ocurridas antes, el mensaje es devastador: el Ejecutivo se arroga la capacidad de blindar retroactivamente a terceros.

Pero lo que se siente cuando el poder funciona así no es solo preocupación jurídica. Es la percepción de vivir bajo una lógica de «todo está en venta», donde la captura regulatoria y la captura institucional se convierten en rutina. Y en ese contexto, que el propio presidente lance un producto financiero especulativo, una memecoin, con su marca no es una anécdota frívola: es una metáfora brutal de época. TIME explicaba cómo el lanzamiento de las memecoins TRUMP y MELANIA alarmó a insiders del sector y a expertos legales por sus evidentes conflictos de interés, por el control concentrado de la oferta y por la posibilidad de que estos instrumentos funcionen como vías opacas de influencia y enriquecimiento alrededor del poder político. Cuando la figura presidencial utiliza su posición para generar hype financiero en un mercado que vive de la asimetría informativa y del «pump», el problema no es que «le gusten las crypto«: el problema es que está normalizando la idea de que la Presidencia es una palanca legítima para crear rentas privadas.

No sorprende que, ante ese tipo de movimientos, existan reacciones institucionales. El propio senador Richard Blumenthal anunció una investigación del Permanent Subcommittee on Investigations sobre los riesgos de corrupción y conflictos de interés vinculados a las iniciativas crypto asociadas a Trump, pidiendo información sobre estructuras de propiedad, posibles inversiones extranjeras y medidas para mitigar posibles conflictos. Que tenga que ser un comité del Senado quien pida explicaciones sobre un producto «financiero» ligado al presidente es ya, en sí mismo, un síntoma: hemos cruzado la línea entre gobernar y monetizar el cargo.

A esa fatiga moral se suma otra sensación, igual de tóxica: la sospecha permanente de información privilegiada. No hace falta que exista una condena para que el daño esté hecho; basta con la reiteración de escenas en las que un mensaje, una insinuación o un giro político repentino mueve mercados, y la ciudadanía se pregunta, con razón, quién estaba posicionado antes del anuncio. TIME ha dedicado artículos a las acusaciones de «insider trading» planteadas por legisladores tras una publicación de Trump y un movimiento posterior sobre aranceles que impactó en los mercados, explicando por qué se pidió investigar y cuál era el núcleo de la sospecha. ABC News también recogió la presión de demócratas para obtener transparencia sobre transacciones financieras de altos cargos en ese contexto. Aunque luego sea difícil de perseguir legalmente, la consecuencia democrática es clara: si el poder se percibe como un generador de oportunidades privadas, el contrato social se erosiona.

Y ahí está el punto central: la corrupción contemporánea rara vez se presenta como un maletín lleno de billetes. Cada vez más, es arquitectura. Es diseño institucional para que el dinero circule hacia los cercanos, para que la aplicación de la ley sea selectiva, para que los reguladores miren hacia otro lado, para que el acceso al presidente, o al ecosistema que lo rodea, sea el verdadero activo. El informe de V-Dem lleva años documentando cómo las democracias pueden degradarse de forma gradual, mediante el debilitamiento de contrapesos y la concentración de poder, hasta que lo que queda es una democracia formal con alma vacía. Y cuando un presidente actúa sin miedo alguno a las consecuencias porque ningún caso llega a perjudicarle, demostrando que la ley no es ni mucho menos igual para todos, ese proceso se acelera: la ley se convierte en recomendación, las instituciones en instrumentos, y la verdad en un campo de batalla.

Por eso «qué se siente» no es una pregunta sentimental, sino política. Se siente que te están robando algo que no siempre se puede cuantificar: la confianza en que el sistema tiene frenos, en que la justicia no es una extensión del poder, en que el interés general existe o en que no se puede extorsionar desde el poder. Se siente que la democracia se vuelve frágil no porque la gente deje de votar, sino porque votar deja de ser suficiente cuando el resto del edificio, desde la ética pública a la separación de poderes, pasando por el control del conflicto de interés, se ha convertido en una triste broma. Y se siente, sobre todo, que quienes deberían temer destruirla han descubierto que el espectáculo, la polarización y la impunidad son un modelo de negocio.