Enrique Dans

En la sala del Tribunal Superior de Los Ángeles, bajo la presidencia de la jueza Carolyn B. Kuhl, Mark Zuckerberg ha tenido que escuchar cómo se le recuerdan sus propias decisiones. No se trata de una comparecencia amistosa ante el Congreso ni de una entrevista cuidadosamente preparada. Es un juicio con jurado, con documentos internos proyectados en pantalla y con víctimas que afirman que el diseño de sus productos contribuyó a su deterioro psicológico.

Pero si reducimos lo que está ocurriendo ante la jueza Kuhl a un debate sobre adolescentes y filtros de belleza, estaremos perdiendo de vista la dimensión real del problema.

Sí, Zuckerberg reconoció que desoyó a 18 expertos en bienestar que habían concluido que los filtros de belleza de Instagram suponían un riesgo para la salud mental de los jóvenes, y que decidió restablecerlos apelando a la «libertad de expresión». Sí, los documentos internos muestran que dentro de la compañía se hablaba de Instagram como «una droga» y de sus responsables como «camellos». Y sí, se han presentado estimaciones internas de millones de menores de 13 años utilizando la plataforma pese a las prohibiciones formales. Pero el núcleo del asunto no es únicamente la adolescencia. Es el modelo.

El mismo diseño que maximiza el tiempo de pantalla en jóvenes es el que amplifica desinformación política en adultos. El mismo sistema que introduce refuerzos intermitentes y validación social constante para generar dependencia es el que premia el contenido más emocionalmente extremo, más polarizante y más divisivo. No es una desviación accidental: es una consecuencia directa de optimizar plataformas para capturar atención y monetizarla mediante publicidad ultra-segmentada.

Meta, X y TikTok comparten una arquitectura económica común: vigilancia masiva del comportamiento, perfilado psicográfico detallado y subastas en tiempo real de nuestra atención. El producto no es la red social; el producto es la capacidad de modificar conductas con precisión quirúrgica. Cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más datos generan nuestros hábitos, y más eficaz resulta la segmentación publicitaria o política.

Cuando Zuckerberg insiste, evadiéndose y tratando de decir lo menos posible, en que ya no se fijan metas de tiempo de uso y que ahora se centran en «utilidad» y «valor», lo que pide es un acto de fe. Pero el incentivo estructural permanece intacto: un modelo basado en publicidad dirigida necesita maximizar exposición y precisión predictiva, y eso implica diseñar sistemas que exploten sesgos cognitivos, que prioricen lo emocional frente a lo racional y que recompensen la reacción rápida antes que la reflexión.

Las consecuencias trascienden la salud mental individual. Hemos visto interferencias electorales, campañas de desinformación coordinadas, teorías conspirativas amplificadas hasta convertirse en corrientes dominantes y hasta genocidios que continuaron porque su intensa actividad polarizadora seguía engordando la facturación de la compañía. Hemos visto cómo el debate público se tribaliza y cómo la indignación se convierte en moneda corriente. Nada de eso es ajeno al modelo de negocio: es su externalidad lógica.

El argumento tradicional de estas compañías ha sido que no son responsables del contenido, solo de la infraestructura. Pero el planteamiento de los demandantes en este juicio apunta directamente al diseño. No se trata de un vídeo concreto o de un mensaje específico, sino de una arquitectura que favorece la compulsión, la comparación social y la amplificación de lo extremo.

Incluso si mañana desaparecieran todos los menores de estas plataformas, el problema estructural seguiría ahí. Seguiría existiendo un sistema diseñado para explotar vulnerabilidades psicológicas en adultos. Seguiría existiendo un mercado publicitario que recompensa la microsegmentación política opaca. Seguiría existiendo un incentivo para mantenernos conectados más allá de lo saludable, porque cada minuto adicional es monetizable.

Por eso el debate no puede limitarse a mejores controles parentales o a herramientas de verificación de edad: esas medidas pueden mitigar síntomas, pero no alteran la raíz. Mientras el modelo siga siendo la vigilancia masiva y la publicidad ultra-dirigida, el incentivo a manipular atención y conducta seguirá siendo dominante.

La cuestión incómoda es si estas plataformas pueden existir de forma compatible con una democracia saludable sin renunciar a ese modelo. Y la respuesta honesta es que no. Porque eliminar la publicidad conductual y el perfilado intensivo implicaría desmantelar la base de su rentabilidad actual, algo que no están dispuestas a plantear.

El juicio ante la jueza Carolyn B. Kuhl podría terminar en indemnizaciones y ajustes cosméticos. Podría incluso establecer precedentes relevantes. Pero el verdadero veredicto no será jurídico, sino político y social: decidir si aceptamos como inevitable un ecosistema digital que convierte la psicología humana en materia prima para la extracción de valor. Lo que la jueza está dirimiendo va mucho, muchísimo más allá que unas responsabilidades civiles ante unos apenados padres. No afecta solo a esos adolescentes ni a esas familias: nos afecta a todos.

No estamos discutiendo únicamente la seguridad de los adolescentes. Estamos discutiendo si queremos sociedades organizadas en torno a algoritmos cuyo objetivo es maximizar clics, o en torno a instituciones que prioricen la deliberación informada y el bienestar colectivo. Y esa decisión, a diferencia de un filtro de belleza, no admite retoques.