Enrique Dans

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Los no alineados digitales: negociar con todos y no depender de nadie» (pdf), y trata sobre una idea que a muchos les incomoda porque exige pensar en términos estratégicos y no en términos de consigna: en un mundo en el que Estados Unidos ha dejado de ser un socio previsible o fiable, y China se ha convertido en un proveedor tan imprescindible como problemático, la única posición sensata para un país como España (y, por extensión, para Europa) es abandonar la tentación de «elegir bando» y empezar a construir margen de maniobra. No hablo de equidistancia moral, ni de postureo diplomático, ni de ingenuidades tipo «podemos llevarnos bien con todos»: hablo de diseñar dependencias deliberadas, diversificadas y reversibles, y de reducir al mínimo las dependencias críticas que, cuando se tensan las relaciones, se convierten en un interruptor que alguien puede apagar desde fuera.

Lo que hace especialmente interesante este debate es que, por primera vez en décadas, Europa parece haber entendido que la soberanía tecnológica no es un eslogan, sino una condición necesaria para que la política siga existiendo como algo más que gestión de daños. El Joint Research Centre de la Comisión Europea lo formula con bastante claridad en un policy brief reciente sobre soberanía digital, que insiste en la idea de una Europa «abierta, pero no impotente» y describe con crudeza la paradoja europea: regulamos mucho, pero dependemos demasiado en infraestructuras, nube, semiconductores y capacidades de inteligencia artificial. Ese documento me ha gustado y me parece útil precisamente porque no cae en el aislacionismo… pero tampoco en el «todo irá bien». Hay que poner las cosas en su sitio: no solo es que los Estados Unidos y no sean un socio fiable: es que muchas de sus compañías ya tampoco lo son, si es que lo fueron alguna vez. Y si no, mira el caso de Palantir.

A partir de ahí, conviene poner sobre la mesa algo que solemos olvidar: la soberanía tecnológica no consiste en «tener empresas europeas» por romanticismo, sino en garantizar que las decisiones críticas, las que afectan a datos sensibles, infraestructuras esenciales, servicios públicos y capacidades industriales, etc. no dependen de marcos jurídicos y de incentivos empresariales que no controlamos. En ese sentido, el AI Act no es solo una norma de «ética»: es un intento de gobernanza del poder tecnológico. Y el Chips Act europeo no es solo «subvencionar fábricas»: es un reconocimiento de que sin capacidad productiva y sin cadena de suministro, el discurso de la autonomía es puro humo calentito.

Pero la geopolítica no espera a que Europa madure. China planifica, industrializa y escala, y lo hace desde hace tiempo. Un buen recordatorio, por si alguien todavía cree que esto va de «copiar barato», es el texto traducido y anotado de Made in China 2025 publicado por CSET, que ayuda a entender por qué Beijing se mueve como se mueve y por qué Occidente se equivoca cuando reduce todo a propaganda. Y si queremos aterrizarlo en algo que se toca y se compra, basta mirar el mercado de baterías, donde la caída de precios y la capacidad de producción han entrado en una fase nueva dominada por la escala asiática, tal y como analiza la IEA.

En paralelo, Estados Unidos ha dejado de ser el «adulto responsable» del que tantos europeos dependían psicológicamente para tranquilizarse. No hace falta dramatizar: basta leer con frialdad cómo se articula el acceso a datos en el contexto del CLOUD Act y el alcance extraterritorial que puede implicar. Ese tipo de cuestiones, que durante años se despachaban como un tecnicismo legal, hoy son material de soberanía, porque determinan quién puede exigir qué, a quién y en qué condiciones, aunque el servidor esté «en Europa» y el contrato diga misa en latín.

¿Y España? Aquí el asunto deja de ser un debate académico y se convierte en agenda política concreta. España tiene instrumentos, pero le falta determinación estratégica y, sobre todo, una obsesión mínima por la ejecución. El PERTE Chip, por ejemplo, solo será soberanía si se traduce en capacidades duraderas (talento, cadena de valor, empresas competitivas y proyectos con continuidad), y no en una suma de anuncios, consultoras, corrupción y notas de prensa.

Y en inteligencia artificial, si queremos hablar de soberanía sin caer en el chauvinismo, lo interesante es fijarse en qué capacidades públicas se intentan construir (computación, centros de datos, modelos, supervisión) y con qué gobernanza. El dossier en inglés de la Estrategia de inteligencia artificial 2024 del Gobierno español es revelador porque sitúa prioridades y, entre otras cosas, menciona explícitamente la apuesta por modelos fundacionales en español y lenguas cooficiales (ALIA), además del papel de AESIA.

El argumento de la columna es sencillo, pero exige abandonar la comodidad: España no puede «escoger» entre Washington y Beijing como si esto fuera fútbol, porque ambas relaciones tienen valor y ambas tienen riesgo. Lo inteligente es construir una neutralidad activa basada en tres principios muy poco románticos: diversificar proveedores, evitar bloqueos tecnológicos (lock-in) y reservar capacidad propia allí donde duele perderla (datos críticos, infraestructuras esenciales, seguridad, inteligencia artificial aplicada al sector público, y piezas clave de la transición energética). Eso no es anti-americano ni anti-chino: es pro-país. Y, en un momento en que la política española se entretiene demasiado con el corto plazo, quizá va siendo hora de que alguien haga explícito que la soberanía, o se diseña, o se mendiga.