Enrique Dans

Hay iniciativas que, por su aparente ingenuidad, merecen ser leídas como lo que realmente son: mensajes. Que la administración Trump impulse freedom.gov, un portal concebido para que europeos (y, por extensión, cualquiera) puedan «eludir las prohibiciones de contenido», no es un gesto filantrópico ni una cruzada súbita por la libertad de expresión. Es, sobre todo, una declaración política: si el mundo pretede regular «nuestras verdades», nosotros construimos atajos.

Al hacerlo, convierten esa discusión, que en Europa se formula como protección de derechos, seguridad, responsabilidad, protección de la democracia y del Estado de derecho, en una guerra cultural en la que Estados Unidos pretende ser árbitro, víctima y supuesto salvador a la vez.

The Guardian describe con detalle el cambio de naturaleza respecto a los programas históricos de «internet freedom» que Estados Unidos había financiado durante años, y que consistían en herramientas abiertas, auditables, pensadas para resistir la censura en regímenes autoritarios. Aquí el giro es total: de apoyar tecnologías descentralizadas y con preservación de privacidad, a canalizar tráfico hacia un sistema centralizado, opaco, bajo el paraguas de una agencia federal y en un dominio .gov. No es un matiz técnico: es precisamente el punto. Si el control se desplaza del usuario al Estado que ofrece «la solución», la palabra «libertad» empieza a parecerse más a una marca que a un derecho.

Y luego está el contexto: lo que freedom.gov pretende «evitar» no es el apagón de Internet en Irán ni el Gran Cortafuegos chino, sino marcos regulatorios europeos como la Digital Services Act y la Online Safety Act británica, orientados a reducir riesgos sistémicos, combatir actividades ilegales y forzar transparencia y diligencia debida en plataformas. La propia Comisión Europea lo enmarca explícitamente como un régimen para limitar actividades ilegales y dañinas y frenar la desinformación, no como una supuesta maquinaria de censura ideológica.

Cuando Estados Unidos reetiqueta esa conversación como «censura europea», lo que hace en realidad es proteger un activo estratégico: su capacidad para moldear el espacio de información global. Porque, se diga muy alto o se susurre, las grandes plataformas estadounidenses no son únicamente empresas: son infraestructura cognitiva. Determinan qué se ve, qué se amplifica, qué se monetiza, qué se invisibiliza. Y en un mundo donde la influencia geopolítica se ejerce cada vez menos con portaaviones y cada vez más con algoritmos, datos, publicidad y narrativas, perder control sobre esa infraestructura equivale a perder poder. Si algo aterra a Estados Unidos es la posibilidad de perder la palanca que sus redes sociales representan sobre la opinión mundial.

Por eso esta historia no puede separarse del choque frontal entre la UE y plataformas como X. La Comisión Europea multó a X con 120 millones de euros por incumplimientos de transparencia bajo la DSA, incluyendo el diseño engañoso del «blue check», la total opacidad publicitaria y las trabas al acceso de investigadores, y lo hizo precisamente evitando, por ahora, los terrenos más incendiarios de desinformación y moderación de contenidos, en parte para no alimentar el relato simplista de una «Bruselas que censura». Pero el simple hecho de que Europa pueda imponer obligaciones verificables ya es, para ciertos actores en Washington, una amenaza existencial: si Europa regula con éxito, otros pueden copiar el modelo.

De ahí que la lectura más plausible de un movimiento como freedom.gov sea defensiva: un intento de blindar la exportación de influencia estadounidense ante un escenario que hasta hace poco era impensable y hoy empieza a normalizarse: que países y bloques decidan que algunas plataformas o prácticas no son aceptables. España, por ejemplo, ha endurecido el discurso y las acciones legales contra grandes redes por su papel en contenidos gravemente dañinos, y el debate europeo sobre responsabilidad de plataformas se está volviendo menos retórico y más penal. En ese marco, un «puente» patrocinado por el gobierno estadounidense no es neutral: es una forma de decir «si intentáis cerrarnos el grifo, os pondremos una derivación».

La administración Trump no necesita creer sinceramente en la libertad de expresión para instrumentalizarla. Le basta con que el marco funcione como arma arrojadiza contra reguladores y como paraguas moral para proteger a sus campeones domésticos. Es el mismo patrón que se observa en el debate transatlántico: un sector político estadounidense insiste en que la DSA «obliga a la censura global», mientras voces académicas y de derechos digitales responden que se está caricaturizando la norma para convertir una discusión técnica sobre riesgos y obligaciones en una batalla identitaria. El objetivo no es aclarar, sino polarizar. Y la polarización es un multiplicador de poder cuando tu ventaja competitiva es controlar la distribución de atención.

Lo interesante, y aquí es donde el gesto se vuelve casi desesperado, es que esta estrategia revela una ansiedad nueva: la sospecha de que Estados Unidos ya no puede dar por sentada su condición de «centro natural» del mundo digital. Cada vez que Europa habla de soberanía tecnológica, no está recitando un eslogan, está describiendo una vulnerabilidad. Johnny Ryan lo formula con crudeza: confiar la fontanería digital a proveedores estadounidenses equivale a entregar un «kill switch» político. Y TechCrunch ha documentado cómo sanciones y escaladas diplomáticas están acelerando, aunque sea lentamente, el apetito europeo por reducir dependencia de infraestructuras, nubes y servicios estadounidenses.

Así que efectivamente, freedom.gov parece menos una defensa de derechos que un mecanismo para preservar el alcance global de las herramientas con las que Estados Unidos influye, legal y culturalmente, en la conversación pública del resto del planeta. Puro soft power. Y, sobre todo, un intento de impedir que el mundo descubra algo muy incómodo para Washington: que la hegemonía informacional también se puede regular, fragmentar o sustituir. Cuando un poder se sabe indiscutible, no construye pasarelas para saltarse leyes ajenas: negocia, impone o ignora. Cuando empieza a sentir que el suelo se mueve bajo sus pies, es cuando intenta a toda costa mantener el control del relato… incluso si para ello tiene que disfrazar de «libertad de expresión» lo que en realidad es continuidad del dominio.

Europa, por su parte, no debería caer en la trampa semántica. La cuestión no es si «amamos» la libertad de expresión más o menos que Estados Unidos: la cuestión es quién fija las reglas del espacio público digital, quién asume costes por los daños que produce, quién permite auditoría y transparencia, y quién se reserva el derecho de saltarse el marco cuando le conviene. Si freedom.gov acaba siendo un símbolo de algo, probablemente no será de la libertad, sino de la transición: del mundo unipolar al mundo en el que el antiguo centro del mundo, la antigua potencia hegemónica ya venida a menos intenta, a golpe de atajo, seguir pareciendo indiscutible.