Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Cuando el Estado subcontrata la inteligencia» (pdf), y trata sobre un fenómeno que avanza mucho más deprisa de lo que solemos admitir: la externalización silenciosa de decisiones públicas a sistemas tecnológicos desarrollados y operados por proveedores privados. No hablamos solo de la digitalización administrativa, sino de algo más profundo: de lo qué ocurre cuando becas, subsidios, inspecciones, evaluaciones de riesgo o asignaciones de recursos dependen de modelos algorítmicos cuya lógica real no es plenamente auditable ni comprensible por quienes, en teoría, deben rendir cuentas ante la ciudadanía.
En mi artículo analizo cómo este desplazamiento de capacidad decisoria tensiona principios básicos del ...
