Enrique Dans

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Centros de datos, contenidos y electricidad: la inteligencia artificial que subvencionamos todos» (pdf), y trata sobre una de esas cuestiones que el marketing tecnológico intenta mantener cuidadosamente fuera del encuadre: la inteligencia artificial no es inmaterial, no vive en una nube etérea, no aparece por generación espontánea y, sobre todo, no es gratis. Tiene costes muy concretos, muy físicos y muy medibles: contenidos, electricidad, agua, suelo, red, permisos administrativos, infraestructuras y, por supuesto, dinero público o cuasi público en forma de incentivos, facilidades, prioridad regulatoria o trato preferente.

Durante años hemos hablado de “la nube” como si fuese una abstracción, una especie de espacio limpio, invisible y carente de fricción. Pero basta con mirar la evolución del negocio de los centros de datos para entender que la nube tiene geografía, consume energía, requiere subestaciones, compite por capacidad eléctrica, necesita refrigeración y genera conflictos territoriales. La Agencia Internacional de la Energía lo plantea con bastante claridad en su informe sobre energía e inteligencia artificial: la demanda eléctrica de los centros de datos está creciendo con mucha rapidez y podría duplicarse de aquí a 2030. Y en su resumen ejecutivo lo dice de forma aún más directa: no hay inteligencia artificial sin energía.

El problema no es que la inteligencia artificial consuma energía. Toda tecnología relevante la consume. El problema es que estamos aceptando sin demasiadas preguntas una narrativa según la cual cualquier infraestructura vinculada a la inteligencia artificial debe ser recibida con alfombra roja, titulares grandilocuentes y promesas de transformación económica. Países, regiones y municipios compiten por atraer centros de datos como si estuviesen atrayendo fábricas del siglo XX, con miles de empleos directos, tejido industrial local y aprendizaje productivo. Pero un centro de datos no es eso. Un centro de datos, una vez construido, genera comparativamente muy poco empleo permanente, importa buena parte de su tecnología, concentra el valor en la compañía propietaria y deja en el territorio una factura muy tangible en forma de demanda energética, consumo de agua, presión sobre la red y coste de oportunidad.

La cuestión, por tanto, no es si queremos centros de datos o no. Sería absurdo plantearlo así. La cuestión es si estamos haciendo un buen negocio. Y la respuesta, en muchos casos, es que probablemente no. Cuando una administración ofrece suelo, permisos rápidos, acceso prioritario a electricidad, infraestructuras, incentivos fiscales o una narrativa política complaciente para atraer a un hyperscaler porque suena «muy moderno», conviene preguntarse qué recibe realmente a cambio. Brookings lo ha analizado en el contexto estadounidense: los centros de datos suelen prometer muchos más efectos económicos indirectos que empleos permanentes reales, mientras capturan exenciones fiscales muy relevantes. Good Jobs First añade otro elemento incómodo: la opacidad de muchos de esos incentivos es enorme, y en demasiados casos los ciudadanos ni siquiera saben qué compañías reciben ayudas, cuánto cuestan o qué compromisos concretos asumen.

España está entrando de lleno en esa competición. Según Cinco Días, la inversión en centros de datos en nuestro país podría rondar los 66.900 millones de euros hasta 2030 con el avance de la inteligencia artificial. Es una cifra impresionante, de esas que gustan mucho en las presentaciones institucionales. Pero precisamente por eso hay que analizarla con cuidado: ¿qué parte de esa inversión queda realmente en el territorio? ¿Qué empleos genera? ¿Qué capacidad eléctrica reserva? ¿Qué compromisos ambientales exige? ¿Qué ocurre si esa electricidad renovable que podría descarbonizar industria, transporte o hogares termina capturada por infraestructuras destinadas a alimentar modelos propietarios de compañías extranjeras?

Aragón se ha convertido en un buen ejemplo de esa tensión. Por un lado, aparece en el discurso oficial como un territorio privilegiado para la nueva economía de los datos. Por otro, empiezan a aparecer preguntas muy razonables sobre agua, energía y planificación territorial. El País cuenta que Amazon solicitó un 48% más de agua para sus centros de datos en Aragón. Data Center Dynamics ha documentado también proyectos de enorme escala, como el campus de DayOne en Escatrón, con 300 MW de capacidad prevista. Y el propio debate ha llegado ya a los tribunales, con la admisión de una demanda contra proyectos vinculados a AWS en Aragón, también recogida por Data Center Dynamics. No estamos, por tanto, ante una discusión teórica. Estamos ante política industrial, energética y territorial en estado puro.

A esa factura física hay que añadir otra, menos visible pero igualmente importante: la factura cognitiva. Las mismas compañías que ahora piden suelo, electricidad, agua y permisos son las que durante años han absorbido contenidos creados por millones de personas, medios, universidades, programadores, investigadores, artistas y comunidades enteras. Cloudflare ha empezado a poner orden en esa relación con sus nuevas opciones para controlar el tráfico de inteligencia artificial, explicadas en «Your site, your rules«, y con su propuesta de pay per crawl, que plantea algo tan elemental como que los propietarios de contenidos puedan cobrar a los crawlers de inteligencia artificial. Es decir, que la materia prima de la inteligencia artificial deje de ser tratada como si no tuviese dueño, coste ni derechos.

La idea conecta directamente con lo que escribí hace unos días sobre el 5% de Altman: después de apropiarse de cantidades ingentes de conocimiento acumulado durante décadas, algunas compañías pretenden zanjar la discusión con una especie de propina cuidadosamente presentada como generosidad. Primero toman los contenidos, después los encapsulan en modelos propietarios, más tarde reducen el tráfico hacia las fuentes originales y finalmente sugieren algún mecanismo simbólico de compensación. No es innovación limpia: es extracción. Y una extracción particularmente sofisticada, porque convierte bienes comunes cognitivos en activos privados y, al mismo tiempo, exige que los territorios financien o faciliten la infraestructura física necesaria para explotarlos.

Europa, al menos sobre el papel, parece haber entendido que los centros de datos deben estar sometidos a reglas de eficiencia y transparencia. La Comisión Europea tiene una página específica sobre el rendimiento energético de los centros de datos, vinculada a la Directiva de Eficiencia Energética. Pero no basta con medir. Hace falta condicionar. Hace falta que los proyectos paguen su coste real, que no se disfracen de “soberanía digital” simples operaciones inmobiliarias y energéticas, y que los gobiernos no confundan atraer logos de grandes tecnológicas con construir una estrategia industrial.

La inteligencia artificial puede ser una tecnología extraordinariamente útil. Pero precisamente por eso no deberíamos permitir que se despliegue bajo una lógica extractiva, opaca y subvencionada por todos. Si una compañía quiere entrenar modelos con nuestros contenidos, debe pagar por ellos. Si quiere instalar centros de datos en nuestro territorio, debe asumir sus costes completos. Si quiere consumir agua, electricidad y capacidad de red, debe demostrar que el retorno social justifica ese uso. Y si pretende vendernos todo eso como progreso inevitable, conviene recordar que el progreso no consiste en regalar recursos públicos y bienes comunes a quienes ya concentran una parte desproporcionada del poder económico y tecnológico.