Enrique Dans

La propuesta de Bernie Sanders de crear un fondo soberano estadounidense de siete billones de dólares mediante un impuesto único del 50% en acciones sobre las grandes compañías de inteligencia artificial tiene todo para provocar urticaria en Silicon Valley: toca la propiedad, el poder, la innovación y la ficción de que la tecnología aparece por generación espontánea. La iniciativa, explicada en nota oficial de Sanders, plantea que las empresas de inteligencia artificial con más de 200 millones de dólares anuales en ventas transfieran obligatoriamente la mitad de sus acciones a un fondo, con voto y capacidad de repartir dividendos o financiar servicios.

La reacción era previsible: «socialismo», «expropiación», «fin de la innovación». Pero la inteligencia artificial no es otro sector. Es una tecnología de propósito general, una de esas General Purpose Technologies que cambian todo lo que tocan: como el fuego, la rueda, la electricidad o internet. Y ahí aparece la anomalía: las grandes tecnologías de propósito general no suelen estar explotadas en exclusiva por una o dos corporaciones. Nadie «posee» el fuego, ni la rueda, ni internet en su conjunto. Se construyen negocios sobre ellas, sí, pero la tecnología básica termina perteneciendo a todos, convertida en infraestructura compartida. La inteligencia artificial, en cambio, amenaza con convertirse en una tecnología universal gobernada como plataforma privada.

El argumento a favor es potente: si la inteligencia artificial va a transferir riqueza desde trabajadores hacia propietarios de capital, la sociedad necesita participar en esa riqueza. El FMI advierte que la inteligencia artificial puede aumentar la desigualdad si complementa sobre todo a trabajadores de rentas altas y eleva los retornos del capital. En su trabajo sobre la macroeconomía de la inteligencia artificial, Daron Acemoglu es aún más prudente: las ganancias de productividad podrían ser más modestas de lo prometido, mientras se amplía la brecha capital-trabajo.

Ahí es donde un fondo soberano podría tener sentido. Noruega convirtió el petróleo en un fondo soberano que financia bienestar a largo plazo. Alaska creó su Permanent Fund para transformar ingresos petroleros en valor duradero. La pregunta incómoda es si la inteligencia artificial no debería tratarse como un recurso natural contemporáneo: no porque surja de la tierra, sino porque surge del conocimiento colectivo, de la infraestructura pública, de las universidades, de la investigación financiada por contribuyentes, de internet y de contenidos creados por millones, por todos nosotros. Si la materia prima es social, ¿por qué el excedente debería ser privado?

Pero que la idea tenga sentido no convierte esta formulación en buena. Un impuesto del 50% en acciones es una enormidad jurídica y económica si se plantea mal. Puede diluir accionistas, espantar capital, incentivar estructuras opacas, desplazar empresas o provocar años de litigios. Un fondo concentrado en inteligencia artificial tendría otro riesgo: si estamos ante una burbuja, el Estado no pierde caja directamente, pero sí construye expectativas políticas sobre valoraciones que podrían evaporarse.

El otro problema es la gobernanza. ¿Quién decide qué decisiones corporativas «dañan al pueblo»? La participación pública puede democratizar el poder tecnológico, pero también derivar en captura regulatoria, clientelismo o intervención arbitraria. Una cosa es participar en los beneficios de una tecnología sistémica. Otra, usar participaciones accionariales para dirigir empresas complejas con criterios electorales.

La paradoja es que incluso la industria empieza a aceptar parte del diagnóstico. OpenAI ha propuesto en Industrial Policy for the Intelligence Age desplazar carga fiscal desde el trabajo hacia el capital y crear un fondo público de riqueza vinculado a la inteligencia artificial. Brookings, en su análisis sobre política fiscal en la era de la inteligencia artificial, apunta en una dirección similar. Trabajos como «Lead, Own, Share» estudian también los fondos soberanos como herramienta para repartir riqueza tecnológica.

¿Eliminaría esto el incentivo para innovar? No necesariamente. La innovación depende de talento, infraestructuras, competencia, acceso a capital, regulación predecible y expectativas razonables de retorno. Pero sí podría reducir incentivos si se percibe como confiscatorio o impredecible. La frontera entre participación pública legítima y expropiación mal disfrazada está en el diseño: gradualidad, reglas claras, diversificación y límites al poder político. Se puede permitir que las compañías ganen mucho dinero construyendo sobre una tecnología de propósito general; lo que no tiene sentido es permitir que se apropien de la tecnología general misma.

La pregunta no es si Sanders acierta en todo. Probablemente no. La pregunta es si podemos permitirnos que una tecnología construida sobre recursos colectivos, capaz de reconfigurar trabajo y conocimiento, quede gobernada por consejos de administración, fondos de capital riesgo y multimillonarios mesiánicos. Puede que este fondo sea una mala solución a un problema real. Pero el problema existe, y no desaparecerá mientras unas pocas compañías deciden la arquitectura económica, cultural y política de las próximas décadas.