Enrique Dans

Cuando una familia aragonesa recibe una carta dándole cuatro días para vender su terreno a Amazon, no estamos ante una anécdota: estamos viendo el síntoma más visible de un cambio mucho más profundo: España está entrando en la economía de la inteligencia artificial por la puerta trasera. No como desarrollador, ni como propietario de tecnología, sino como proveedor de condiciones. Suelo, energía, agua y rapidez administrativa.

El caso de Aragón, muy bien contado por Bloomberg, no es una excepción: es el patrón. Y ese patrón se repite con una claridad casi inquietante cuando uno mira lo que está ocurriendo en otros puntos del país. En Talavera de la Reina, Meta está desarrollando uno de los mayores centros de datos de Europa sobre unas 190 hectáreas, con una inversión cercana a los mil millones de euros y apenas unos cientos de empleos directos cuando esté operativo, según recogen Data Center Dynamics y otros análisis del sector. Si uno quiere poner esa escala en contexto físico, hablamos de un campus de unos 300.000 metros cuadrados dedicado exclusivamente a computación. Durante la construcción habrá actividad, claro, pero el resultado final vuelve a ser el mismo: una enorme infraestructura industrial, intensiva en capital y energía, con un impacto laboral permanente sorprendentemente limitado.

El paralelismo con Aragón no es casual. Allí se utiliza el PIGA, en Castilla-La Mancha, el Proyecto de Singular Interés. Distintos nombres para una misma lógica: acelerar trámites, recalificar suelo, facilitar la implantación y, si hace falta, imponerla. En el caso de Talavera, el propio desarrollo contempla instrumentos similares para garantizar la disponibilidad del terreno. No estamos ante excepciones regulatorias puntuales: estamos ante un modelo para atraer esas inversiones, sí o sí. Suena conocido.

Ese modelo empieza a dibujar un mapa bastante claro. Aragón aporta electricidad renovable abundante. Castilla-La Mancha, suelo barato y proximidad a Madrid. Infraestructuras eléctricas que se dimensionan específicamente para alimentar estos centros. Redes de fibra que los conectan con los grandes hubs europeos. Y administraciones que compiten entre sí por atraer proyectos que tienen todos el mismo denominador común: hiperescaladores estadounidenses construyendo infraestructura que ellos poseen, controlan y explotan.

A partir de ahí, el relato institucional es predecible: inversión récord, modernización, economía del dato… pero basta con rascar un poquito para ver lo que ese relato deja fuera:

• Primero, el empleo. Las cifras siempre incluyen construcción, indirectos e inducidos. Pero cuando uno mira los datos más concretos, el contraste es difícil de ignorar: inversiones de cientos o miles de millones para terminar con… unos pocos cientos de empleos permanentes.
• Segundo, el control. No estamos construyendo infraestructura europea de inteligencia artificial, sino alojando la de empresas estadounidenses.
• Tercero, los costes invisibles: consumo energético masivo, presión sobre el agua, transformación del territorio y, cada vez más, opacidad regulatoria sobre su impacto ambiental, como ha documentado recientemente The Guardian.
• Y cuarto, quizá lo más importante: la asimetría: España pone el terreno, la electricidad renovable, las infraestructuras públicas y la flexibilidad normativa. Amazon, Microsoft o Meta ponen el capital… y se quedan con la infraestructura, los datos, el software, la relación con el cliente y, en última instancia, el poder.

Eso no es una asociación equilibrada. Es otra cosa. España no está «atrayendo a la industria de la inteligencia artificial»: está atrayendo infraestructura de inteligencia artificial propiedad de terceros.
Se llama dependencia tecnológica. Y normalmente se reconoce cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto.

Esa «otra cosa» tiene nombre en los despachos de Bruselas: se llama dependencia estratégica. Y Europa lleva años hablando de evitarla mientras, sobre el terreno, la construye metódicamente. Europa lleva años hablando de soberanía digital, pero lo que estamos viendo sobre el terreno se parece más a su externalización ordenada. La propia Comisión Europea quiere acelerar el despliegue de centros de datos y multiplicar la capacidad existente en los próximos años, según su AI Continent Action Plan. El problema es que alojar infraestructura no equivale a controlarla. Y hoy por hoy, el control no está aquí.

Mientras tanto, normalizamos decisiones que hace apenas unos años habrían generado un debate público mucho más intenso: recalificaciones exprés, incentivos fiscales, infraestructuras diseñadas a medida de actores privados globales. Y lo hacemos en nombre de una modernización que, en demasiados casos, consiste en convertirnos en plataforma para otros.

El problema no es atraer inversión tecnológica. Sería absurdo renunciar a ella. El problema es hacerlo sin estrategia. Porque una estrategia implicaría algo bastante simple: participación real de las comunidades locales en los beneficios, transparencia total sobre el impacto ambiental y, sobre todo, mecanismos para que esa infraestructura contribuya a construir capacidad propia, no solo a alojar la de otros. Cuando un hospital público de Zaragoza consulte datos de pacientes, esa consulta pasará probablemente por servidores de Amazon en Aragón, bajo legislación estadounidense y con condiciones de acceso que España no controla. ¿Tiene sentido?

Hoy, en cambio, la sensación es otra. España ha encontrado su ventaja competitiva en la era de la inteligencia artificial, representada por energía limpia y abundante, pero en lugar de usarla para construir algo propio, la está empaquetando y ofreciendo al mejor postor. Aragón no es una excepción. Talavera tampoco. Son los primeros lugares donde ese modelo se hace visible. Y cuando un modelo se vuelve visible, normalmente ya está demasiado consolidado para cambiarlo sin coste. España tiene la energía. Tiene el suelo. Tiene el clima. Le falta la parte más difícil: la voluntad de usarlo para construir algo propio.

Y la pregunta, cada vez más difícil de evitar, es si dentro de diez o quince años veremos estas decisiones como una apuesta estratégica… o como una oportunidad histórica que decidimos alquilar a otros en lugar de desarrollarla nosotros mismos.