Que los menores estén presentes en las redes sociales no es solo un problema educativo, ni siquiera únicamente un problema de salud mental. Es, sobre todo, un problema estructural: hemos permitido que sistemas diseñados para explotar datos personales, manipular la atención y maximizar la polarización se conviertan en espacios cotidianos de socialización para los colectivos más vulnerables. Y lo hemos hecho mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo.
En ese contexto, el anuncio del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años supone, contra lo que algunos se apresuran a afirmar, un paso en la dirección correcta. No es una ocurrencia improvisada ni un gesto paternalista: es una medida de protección razonable para el colectivo más vulnerable frente a un entorno digital que se ha demostrado tóxico, manipulador y profundamente asimétrico.
Como explican algunos medios españoles, el anuncio no llega solo, sino acompañado de un paquete más amplio que incluye responsabilidad penal para directivos de plataformas que no retiren contenidos ilegales y una mayor exigencia de transparencia algorítmica.
Proteger a los menores importa, y mucho, y dado que no hemos logrado hacerlo mediante la educación, como sería mi preferencia, debemos planteárnoslo con otras medidas. Odio las prohibiciones, pero los datos acumulados en los últimos años muestran con claridad el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, desde la amplificación de trastornos de ansiedad y depresión hasta dinámicas de adicción diseñadas deliberadamente para maximizar el tiempo de exposición. Esos daños no han surgido de manera accidental: son el producto intencionado de unas compañías irresponsables y con un comportamiento abiertamente predatorio.
Ahora bien, sería un error gravísimo quedarse ahí. La prohibición a menores arregla algo, pero no arregla el problema de fondo. Las redes sociales dominantes siguen siendo, para adultos y menores por igual, estructuras empresariales cuyo modelo de negocio es incompatible con nuestra legislación, especialmente en lo relativo a privacidad, protección de datos, transparencia y derechos fundamentales. Como ya argumenté hace pocos días, hemos permitido durante demasiado tiempo que estas plataformas operen como si estuvieran por encima de la ley, amparadas en una supuesta neutralidad tecnológica que nunca ha existido.
Los argumentos en contra son conocidos y se repiten casi mecánicamente, cuando no directamente se convierten en ridículos e impresentables: se habla de censura, de infantilización de la sociedad o de un supuesto ataque a la libertad de expresión. Pero ninguno resiste un análisis mínimamente riguroso: no hay censura cuando lo que se limita no es el contenido de las ideas, sino un modelo de negocio basado en la explotación sistemática de datos personales. No hay paternalismo cuando el objetivo es proteger derechos fundamentales ya legislados y socialmente consensuados hace tiempo frente a empresas que han demostrado, una y otra vez, que no son capaces o no están dispuestas a autorregularse. Y no hay ataque a la libertad de expresión cuando lo que se exige es que quien quiera operar en una democracia avanzada lo haga respetando sus leyes. No se pretende «sobreproteger», lo que se busca es que las leyes que los europeos nos hemos dado y hemos aceptado desde hace mucho tiempo se cumplan como debe ser.
El núcleo del problema no es quién entra en las redes, sino cómo funcionan las redes. Plataformas basadas en la extracción masiva de datos personales, en la elaboración de perfiles psicológicos y en la manipulación algorítmica de la atención no pueden cumplir, por definición, con normativas como el GDPR sin vaciarlas de contenido. No es que incumplan la ley de forma puntual: es que su arquitectura misma se basa en vulnerarla. Y mientras eso siga siendo así, permitir su operación equivale a aceptar una excepción permanente al Estado de derecho. La experiencia acumulada en países que han empezado a imponer límites reales a las plataformas, desde las sanciones bajo el GDPR europeo hasta las restricciones impuestas por el Digital Services Act, muestra que el impacto no es la desaparición del debate público, sino todo lo contrario: una reducción de abusos, de desinformación organizada y de incentivos perversos. Debemos seguir avanzando con medidas más drásticas en esa misma línea.
Por eso, el siguiente paso lógico, y aquí es donde el debate se vuelve incómodo, es asumir que no todas las redes sociales tienen derecho a operar. Igual que una empresa alimentaria que no cumple las normas sanitarias es clausurada, o un banco que vulnera sistemáticamente la regulación es intervenido, una red social que no pueda demostrar que no procesa datos personales de forma abusiva, que no perfila usuarios y que no utiliza algoritmos opacos para amplificar contenidos en función de sus intereses (sean puramente económicos o directamente sociales o políticos) no pueda seguir operando. Igual que ocurre con cualquier otro sector económico, cuando una empresa no es capaz de cumplir de forma estructural con la normativa vigente, la consecuencia no es una negociación infinita, sino la retirada de su licencia para operar. En el ámbito digital, eso puede implicar la prohibición o el cierre de aquellas redes sociales cuyo modelo de negocio sea incompatible con la legislación en materia de privacidad y derechos fundamentales. No solo para menores. Para todos.
En este contexto, la idea de exigir responsabilidad penal a los ejecutivos no es ninguna barbaridad, sino una consecuencia natural de aplicar la ley con seriedad, que ya he expuesto anteriormente. Durante años, estas empresas han tratado las multas como un coste asumible del negocio, mientras seguían generando beneficios multimillonarios. Cuando la infracción sistemática deja de tener consecuencias personales para quienes toman las decisiones, el incentivo a cumplir desaparece. Si la única forma de garantizar el respeto a la legislación es que los directivos respondan penalmente por ello, entonces ese es el camino que hay que recorrer.
Algunos pretenden presentar estas medidas como un intento de controlar el discurso público o de limitar la expansión de determinadas corrientes ideológicas. Es una lectura interesada y profundamente errónea: aquí no estamos hablando de ideas, sino de reglas del juego, que hoy están siendo vulneradas por unos y mañana pueden estar siéndolo por otros. La libertad de expresión no incluye el derecho a explotar datos personales, a manipular audiencias mediante algoritmos adictivos, a lanzar y amplificar campañas socialmente corrosivas o a incumplir sistemáticamente la ley.
La prohibición de acceso a menores de 16 años es, por tanto, una buena noticia, pero solo si la entendemos como lo que es: el primer paso. Es, sin duda, un tema en el que mi opinión ha ido evolucionando con el tiempo, a medida que íbamos viendo cómo las redes sociales iban pasando de su propósito original, al verdadero desastre en el que se han convertido, en uno de los experimentos sociales más peligrosos que ha vivido la humanidad. No es en absoluto exagerado describir así las redes sociales: nunca antes se había expuesto de forma masiva a miles de millones de personas a sistemas de recomendación opacos diseñados para maximizar adicción, polarización y respuesta emocional, con efectos ya documentados sobre la salud mental, la radicalización política y la calidad del debate público.
Por eso, la prohibición a menores ha pasado a parecerme razonable, pero no suficiente: el verdadero reto empieza después, cuando tengamos que decidir si estamos dispuestos a aceptar que determinadas plataformas no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada mientras sigan funcionando como lo hacen hoy. Proteger a los más vulnerables es imprescindible, pero proteger al Estado de derecho frente al negocio de la manipulación es la verdadera tarea pendiente.
¡Enhorabuena! un post certero y sensato
Rápido vendrán los palmeros de siempre a contaminar el debate
«Proteger más vulnerables imprescindible, proteger Estado derecho frente negocio manipulación verdadera tarea pendiente.»
Muy bien, excelente, sólo que ahora mismo los que «mandan», (y una inmensa caterva desorejada de lamelomos compulsivos y ansiosos de obediencia) están más dispuestos que nunca a realizar lo que, de siempre, ha sido el sueño húmedo del liberalismo, y ya no digo nada del neoliberalismo: «Hacer que el tamaño del Estado sea tan pequeño, que se pueda ahogar en una bañera»*.
Ni más ni menos.
Ahí lo dejo.
* Grover Norquist, estratega republicano estadounidense en la década de 1990. (Esta frase es la clave con la que explicar una cantidad de cosas en política, y entender otras, absolutamente inmeeeeeeeeensa.)
«El sueño húmedo del liberalismo, y ya no digo nada del neoliberalismo: «Hacer que el tamaño del Estado sea tan pequeño, que se pueda ahogar en una bañera»*.»
Es correcto.
El liberalismo es el extremo contrario al fascismo («Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado»).
Sí, es en extremo tan contrario, que por eso mismo se llevan a las mil maravillas. Como se puede comprobar día a día. «Nada en el Estado, todo en contra del Estado, todo fuera del Estado, porque el Estado soy yo, y vete poniéndote mirando a Cuenca, que verás qué risas…).
Yo abogaría más por la educación en casa primero. Esto sucede porque muchos padres y madres, por la razón que sea, han abandonado a los menores a su suerte con el cacharrito.
En mi época mis padres no se les ocurría comprarme el GTA III para que no me volviera violento ni ver determinadas series. ¿Sobreprotección? Tal vez, pero se tomaron en serio el educarme con unos valores que tenían. Si un cajero me daba demasiado cambio me obligaban a devolverlo.
Ahora tenemos que poner «parches» porque los padres le sueltan a un niño de 9 años el android de sobra y que se apañe solo.
Lo de poner como resposables a los directivos me parece excederse puesto que son ciudadanos de otros países. Pero se podría plantear cerrar la sucursal «española» de Meta y prohibir a cualquiera en España publicitarse allá o pagar campañas. Eso sí que afectaría a su dinero de entrada y a la difusión de desinformación.
Peeeeeero lo que es desinformación y lo que no es un tema demasiado complejo como para sacar una ley y listos. Es multifacético y polimórfico.
EDIT: He borrado toda la parrafada política por amor al debate en curso.
No, cuando se habla de responsabilidades penales para los directivos, se habla de aquellos que estén en tu fuero. No digo que Zuckerberg no acabe, posiblemente, no pudiendo venir a Ibiza con su barquito porque tenga pendiente una orden de busca y captura, pero sí de que las directivas de Meta en España tengan que hilar verdaderamente fino si no quieren acabar en un hotelito de máxima discreción con rejas.
En cuanto a la educación, que siempre fue mi bandera más clara en este tema y en otros muchos, me temo que ya es tarde. Las redes sociales que hay que prohibir se han convertido en un modelo refinadísimo y profundamente predatorio, en el que no vale la pena educar a nadie. Es mejor acabar con ellas y dejar que la dinámica emprendedora deje espacio a que aparezcan otras redes – que aparecerán, porque el hombre es un ser social – con modelos diferentes y que sí respeten la legislación europea sobre privacidad.
Pues esto que dices, es síntoma de un problema que ha adquirido ya grandes dimensiones y es muy interesante de abordar. Asuntos cotidianos como estos dan para mucha reflexión.
No me he documentado previamente de fuentes filosóficas/psicológicas, pero a simple vista, desde una perspectiva socio-económica, asoma como protagonista el creciente individualismo y otras consecuencias estructurales de esta fase de capitalismo destructivo.
Sin ánimo de culpabilizar a los padres -que pueden a su vez, ser víctimas de otras dinámicas-, la educacion es la mayor de las responsabilidades. Y si no se cimenta en el hogar, a la vista quedan las consecuencias.
Sí, eso, en casa, que menudo ejemplo. Los mismos que les enchufan el movil en la cuna, son ahora los que… Ya te digo.
Tu exposición pone el foco donde realmente duele: el problema no son los usuarios ni el contenido, sino plataformas cuyo modelo de negocio choca de frente con la ley y con la agencia de las personas. Empezar por proteger a los menores es razonable, pero claramente no alcanza.
Ahora bien, cuando bajamos esta discusión a América Latina, aparece un matiz clave: la implementación real es compleja. No porque la idea sea incorrecta, sino porque muchos países no cuentan hoy con la capacidad estatal, técnica y regulatoria necesaria para sostener medidas de este calibre en el tiempo.
Exigir transparencia algorítmica, auditar plataformas globales, retirar licencias o incluso avanzar hacia responsabilidades personales requiere reguladores fuertes, equipos técnicos especializados, sistemas judiciales ágiles y coordinación internacional. Y esa infraestructura institucional, en buena parte de la región, todavía es frágil o está subdimensionada.
El riesgo, entonces, es doble: aprobar normas ambiciosas que luego no se pueden hacer cumplir, o quedarse en gestos simbólicos que no alteran el modelo de fondo. En ambos casos, el resultado es el mismo: las plataformas siguen operando como siempre, pero ahora con una capa adicional de discurso regulatorio.
Eso no invalida el planteo del artículo. Al contrario: lo refuerza. Si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo. Pero en nuestro contexto, eso implica asumir que regular bien no es solo escribir leyes, sino invertir en capacidad estatal, conocimiento técnico y gobernanza real del entorno digital.
Proteger a los más vulnerables es urgente.
Pero construir Estados capaces de gobernar estos entornos sin improvisación es el desafío de fondo, y probablemente el más difícil.
Esperaba con ganas el artículo tras comentar ayer Enrique que salía hoy. Estoy totalmente de acuerdo, las redes sociales se han convertido en un problema mayor y hay que ponerle solución. Los menores siempre han tenido una especial protección jurídica en otros campos, este no debe ser una excepción.
Habría que ver cómo afecta a un directivo de EEUU la responsabilidad penal en España, pues ya se ha visto que los convenios de reciprocidad se los saltan cuando quieren al otro lado del Atlántico. El siguiente paso debería ser directamente prohibir aquellas que no cumplan con la ley, al igual que se hace con otros sectores. La manipulación algorítmica a mi juicio es, junto con la comercialización de los datos personales, los dos grandes problemas, pero no los únicos.
Mientras tanto… PingTok: adolescentes consumen drogas en TikTok.
De acuerdo con lo expuesto, pero con una salvedad.
Y tiene que ver con la forma en la que se vaya a instrumentalizar esa prohibición.
Con el precedente de Chat Control 2.0, que aún sigue vivo, (alimentado desde Bruselas, ignorando la falta de concenso entre países miembros) no olvidemos cual es el tipo de justificación oficial frente a lo que la opinión pública informada interpreta. Y respecto a este asunto, de cual es la posicion de nuestro gobierno. No me atrevería a decir que es incoherente -con un serio discernimiento se podría abordar como dos problemas diferentes-, pero me resulta bastante sospechosa.
Por el contexto, por las correlaciones que aparecen y por los tiempos de estas.
Y concreto esta sospecha, en el sentido de que la pelota no esta en el tejado de los menores: sino en el resto de usuarios de redes sociales. Técnicamente, hasta donde llega mi conocimiento, sería posible efectuar un registro con cierto grado de pseudo-anonimato, pero asunto diferente es si no hay otro interés detrás de ello.
Personalmente, estoy a favor. ¿Por qué? Me la traen al pairo la mayoría de redes sociales. Uso alguna red descentralizada y abierta de forma limitada y con reservas. Si la regulación no genera confíanza en los ciudadanos, veremos si caen por su propio peso. Es necesaria una reforma profunda. Y en el sentido que valora @EDans vemos como se abandona tristemente, una vez más, a la educación como recurso más importante.
Evidentemente, esta anunciada medida, no resuelve los problemas que implican el modelo actual de las RRSS. Si la intención es honesta, es un primer paso en la dirección correcta. Otra cosa, es si el «pan y circo» seguirá llenando «esos anfiteatros virtuales».
Proteger a los menores creo que es la escusa perfecta para evitar darnos cuenta de lo que verdaderamente se pretende y cuál será su forma de implementación. Me da la impresión de que lo que esconde esta medida no es otra cosa que poder conocer nuestra identificación real en las redes. Otro clavo más para el control de la libre opinión.
Para verificar la edad, y prohibir el acceso a menores y permitirlo a adultos, van a utilizar la app oficial Cartera Digital? Esa que se anunció hace 3 años, que sigue en Beta, y que nadie usa? La usarán los adultos para exponerse en determinados servicios? Podría crearse un mercado negro para validarse con perfiles creados en otros países más laxos por unas monedas?