Hay ideas que suenan aparentemente bien en un titular y que, cuando intentas bajarlas a una implementación real, se desmoronan completamente. La nueva oleada de «leyes de verificación de edad» están en esa categoría: una mezcla de pánico moral, presión política y fe ciega en que la tecnología puede imponer barreras limpias y perfectas entre «menores» y «adultos». El resultado, una vez más, es una exigencia técnica ambigua que no resuelve el problema que dice querer resolver… y que, de paso, castiga justo a quienes menos capacidad tienen de asumir el coste: comunidades abiertas, proyectos mantenidos por voluntarios y distribuciones Linux que, por diseño, no operan como una plataforma centralizada.
El caso más ilustrativo ahora mismo es California con su AB 1043, que entra en ...
