Enrique Dans

California acaba de hacer algo que, por obvio, resulta casi revolucionario: dejar de tratar la inteligencia artificial como una simple cuestión de innovación tecnológica y empezar a tratarla como lo que realmente es, una cuestión de política económica, de distribución de riqueza y de poder. La nueva orden ejecutiva de Gavin Newsom no parte del entusiasmo infantil de «preparemos a todos para los empleos del futuro», sino de una premisa mucho más incómoda: habrá disrupción, habrá sectores muy afectados, habrá muchos trabajadores desplazados, y si el estado no mide, anticipa y regula ese proceso, la factura volverá a caer sobre los mismos de siempre.

Lo interesante no es que California hable de formación, reciclaje profesional o alfabetización en inteligencia artificial. Eso ya lo había hecho antes, incluso asociándose con Google, Microsoft, IBM y Adobe para llevar certificaciones, prácticas y programas de inteligencia artificial generativa a institutos y universidades públicas. Lo verdaderamente importante es el cambio de tono: la IA deja de ser presentada únicamente como una herramienta para aumentar la productividad y pasa a aparecer como un fenómeno que puede requerir seguros de desempleo, estándares de indemnización, participación en capital, modelos de propiedad de los trabajadores, cambios en la ley WARN, paneles públicos de seguimiento sectorial e incluso mecanismos para que una parte del valor generado por las compañías de inteligencia artificial se destine a usos de interés público.

Ese giro es fundamental. Durante los primeros años de la inteligencia artificial generativa, la interpretación dominante fue una mezcla de evangelismo tecnológico, determinismo histórico y consultoría barata: «la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, te lo quitará alguien que sepa usar inteligencia artificial mejor que tú». Era una frase perfecta para conferencias, cursos y titulares, pero pésima como diagnóstico social. California parece empezar a entender que el problema no es si cada trabajador aprende a escribir prompts, sino qué ocurre cuando las empresas descubren que pueden reorganizar procesos completos, reducir capas enteras de trabajo cualificado y concentrar aún más los beneficios de la automatización en accionistas, directivos y propietarios de infraestructura computacional.

La orden ejecutiva tiene un importante valor simbólico porque llega desde el territorio que más se ha beneficiado de esa concentración. California presume, con razón, de ser el mayor ecosistema de innovación del mundo y de alojar 33 de las 50 principales compañías privadas de inteligencia artificial. Pero precisamente por eso su movimiento resulta especialmente revelador: cuando el lugar que produce la disrupción empieza a prepararse para protegerse de ella, el resto del mundo debería dejar de mirar la inteligencia artificial como una promesa abstracta y empezar a verla como una política industrial de primer orden.

No hablamos de una reacción aislada. El AI Index 2026 de Stanford muestra un fenómeno con dos frentes claros: inversión privada disparada, adopción organizativa creciente y capacidades técnicas en rápida expansión, pero también efectos laborales desiguales, especialmente en los trabajadores más jóvenes de ocupaciones expuestas. Según Stanford, el empleo de desarrolladores de software de 22 a 25 años ha caído cerca de un 20% desde 2024, y una parte significativa de las empresas espera reducir plantilla en el próximo año. La misma Stanford destaca además que los estadounidenses son particularmente escépticos: solamente un 33% cree que la inteligencia artificial mejorará su trabajo, y la confianza en la capacidad del gobierno para regularla es muy baja.

Ese es el contexto real: no una revolución tranquila, sino una tensión creciente entre quienes diseñan la tecnología, quienes la financian y quienes la sufren. Los expertos tienden a ver posibilidades; el público ve riesgo, opacidad y pérdida de control. Una tecnología que avanza más deprisa que la capacidad social para comprenderla, gobernarla o confiar en ella. Y esa frase debería estar enmarcada en todos los despachos públicos: una tecnología que avanza más rápido que la gobernanza no es progreso, es simplemente poder sin contrapesos.

Por supuesto, la orden de Newsom no satisface a todos. La Federación Laboral de California la ha recibido con una mezcla de reconocimiento y crítica: está bien que el gobernador admita el daño potencial de la inteligencia artificial sobre los trabajadores, pero estudiar no basta, y la pérdida masiva de empleo no debe tratarse como una fatalidad inevitable, sino como una decisión política. Esa objeción es muy relevante, porque señala la diferencia entre gobernar la transición y limitarse a documentarla. Un dashboard sobre el impacto de la inteligencia artificial puede ser útil; pero si solo sirve para certificar el deterioro una vez producido, será otra forma elegante de llegar tarde.

La parte más sugerente de la orden es, precisamente, la que rompe con el lenguaje habitual de la «empleabilidad». Hablar de «universal basic capital«, de propiedad de los trabajadores o de participación en el valor generado por la productividad equivale a reconocer que la inteligencia artificial no es solo una cuestión de salarios, sino de propiedad. Si la productividad ya no procede únicamente del trabajo humano, sino de modelos entrenados con datos colectivos, infraestructura masiva y una concentración extraordinaria de capital, entonces la pregunta deja de ser «¿qué curso debe hacer el trabajador desplazado?» y pasa a ser «¿quién va a capturar (o está capturando ya) la renta de la automatización?». Esa es la pregunta incómoda. Y es exactamente la que la mayoría de gobiernos siguen evitando.

California será representativa para el resto del mundo en un sentido muy preciso: no porque sus soluciones sean exportables sin más, sino porque allí aparecerán antes las contradicciones. Silicon Valley ha sido durante décadas el laboratorio donde primero se veían las promesas de la tecnología; ahora puede convertirse en el laboratorio donde primero se vean sus costes sociales. Los países que hoy miran la inteligencia artificial como una carrera por atraer centros de datos, startups y talento deberían fijarse más en esta orden que en cualquier keynote de una gran tecnológica. La verdadera madurez no consiste en aplaudir cada nuevo modelo, sino en preguntarse qué instituciones serán necesarias cuando esos modelos empiecen a reorganizar mercados laborales enteros.

También hay una diferencia importante con las primeras interpretaciones de la inteligencia artificial generativa. Al principio se habló mucho de creatividad aumentada, productividad individual, asistentes personales y democratización del conocimiento. Todo eso existe, y sería absurdo negarlo. Pero la fase actual es distinta: las empresas ya no están experimentando con chatbots, sino rediseñando estructuras de costes. La inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta en manos del trabajador a ser un argumento en manos del consejo de administración. Ese desplazamiento semántico es crucial: cuando una tecnología entra en Excel, ya no se discute en términos de fascinación, sino de márgenes, plantilla y retorno sobre el capital.

Por eso California importa. No porque Newsom haya encontrado alguna fórmula mágica, sino porque ha puesto sobre la mesa un marco más adulto: innovación sí, pero con señales tempranas. Adopción sí, pero con negociación colectiva. Productividad sí, pero con reparto. Formación sí, pero no como coartada para abandonar a quienes sean desplazados. Colaboración con las grandes tecnológicas sí, pero sin confundir el interés público con el folleto comercial de quienes venden la tecnología.

La pregunta para Europa, para España y para cualquier economía que aspire a algo más que consumir herramientas diseñadas en otro sitio es evidente: ¿vamos a esperar a que la disrupción llegue convertida en estadísticas de desempleo, o vamos a diseñar antes los mecanismos de reparto, protección y gobernanza? Porque la inteligencia artificial no es inevitable en sus consecuencias. Lo inevitable, si no hacemos nada, es que siga el patrón habitual: socialización de costes, privatización de beneficios y una narrativa optimista cuidadosamente empaquetada para que parezca modernidad lo que en realidad es una transferencia masiva de poder.

California acaba de admitir que la inteligencia artificial no se gobierna con entusiasmo. Se gobierna con datos, con derechos, con negociación, con fiscalidad, con propiedad y con una pregunta que muchos preferirían no escuchar: si las máquinas van a producir más riqueza que nunca, ¿por qué deberíamos aceptar que esa riqueza pertenezca a menos gente que nunca?