El pasado 15 de agosto, saltó una noticia preocupante: el Departamento de Justicia estadounidense había enviado una orden de registro a una compañía de alojamiento web, DreamHost, demandando todos los datos disponibles, incluidas direcciones IP, de los 1.3 millones de visitantes a la página DisruptJ20, que funcionó como aglutinadora de las marchas de protesta el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump en Washington.
Las alertas se encendieron inmediatamente, al tiempo que DreamHost anunciaba que apelaría la orden: ¿tiene algún sentido que el gobierno de un país democrático con libertad de expresión pretenda solicitar datos sobre los visitantes a una página de protesta contra su presidente?
Tras la respuesta de los tribunales, el ...
