Enrique Dans

La propuesta de OpenAI de entregar un 5% de su capital al gobierno estadounidense, presentada como una manera de que los ciudadanos participen en los beneficios de la inteligencia artificial, es una de esas maniobras que revelan mucho más de lo que pretenden ocultar. No es un gesto generoso, sino una oferta de saldo: una propina para intentar legitimar una apropiación masiva de valor construida sobre libros, artículos, conversaciones, código, imágenes, ciencia, trabajo académico, periodismo, creatividad y datos producidos por millones de personas que jamás fueron consultadas, reconocidas ni compensadas.

El contexto es importante: OpenAI estaría explorando ceder ese 5% en un vehículo inspirado en fondos como el Alaska Permanent Fund, mientras Sam Altman habla con la administración Trump y con Bernie Sanders. Sanders, por su parte, no habla de un 5%, sino de un 50% en acciones para un fondo soberano público, con voto y control democrático sobre decisiones críticas. Y Sanders tiene toda la razón: si la materia prima fue colectiva, el excedente no puede privatizarse casi por completo, al 95%, y resolverse con una migaja cuidadosamente diseñada para desactivar la presión política.

La inteligencia artificial generativa no apareció por generación espontánea en la cabeza de Altman, de Musk, de Zuckerberg o de cualquier otro aspirante a emperador tecnológico. Fue posible gracias a décadas de investigación pública, universidades, infraestructuras financiadas por contribuyentes, comunidades de software libre, internet abierto y una acumulación cultural que pertenece a todos y a nadie. En mis artículos anteriores sobre si la inteligencia artificial debería tener accionistas ciudadanos y sobre de quién es realmente la inteligencia artificial, planteaba precisamente esa anomalía: estamos permitiendo que una infraestructura cognitiva de propósito general sea convertida en una cartera de activos privados.

Lo obsceno del 5% no es solo su pequeñez, sino su función política. Es la clásica estrategia de captura: aceptar el principio de que la sociedad debe participar, pero reducirlo a una cifra irrelevante y administrable por quienes se beneficiaron de la apropiación. Peor aún, hacerlo en conversaciones con un gobierno concreto, no mediante una arquitectura internacional, transparente y democrática. John Foley lo formulaba muy bien en Financial Times al analizar otra propuesta de Altman sobre gobernanza global: bajo la apariencia de seguridad, un orden liderado por Estados Unidos podría consolidar un oligopolio estadounidense y convertir la regulación en barrera de entrada.

La comparación con el petróleo no es perfecta, pero es útil. Noruega y Alaska entendieron que ciertos recursos estratégicos no podían convertirse simplemente en fortunas privadas. La diferencia es que el petróleo estaba bajo el suelo; la inteligencia artificial está construida sobre el conocimiento humano. Y si el FMI advierte que la IA puede aumentar la desigualdad al elevar los retornos del capital, y Acemoglu sostiene que puede ensanchar la brecha entre renta del capital y renta del trabajo, entonces el debate no es ideológico: es estructural.

Por supuesto que un 50% plantea enormes problemas jurídicos, de gobernanza, de valoración y de implementación. Pero esos problemas no invalidan el principio: obligan a diseñarlo bien. Un fondo soberano público no debería ser una caja opaca en manos del gobierno de turno, ni una forma de nacionalizar laboratorios, ni un mecanismo para premiar amigos. Debería ser una institución independiente, auditada, con mandatos claros, representación social, límites al intervencionismo político y capacidad real para impedir daños sistémicos. La pregunta no es si el Estado debe “dirigir” OpenAI. La pregunta es si una docena de directivos y fondos de capital riesgo deben decidir solos el futuro del trabajo, la educación, la ciencia, la cultura y la democracia.

Lo más interesante es que incluso OpenAI y Anthropic ya han reconocido, en sus propios documentos de política económica, que harán falta fondos públicos o soberanos para repartir mejor los beneficios de la inteligencia artificial. El desacuerdo, por tanto, no está en el principio, sino en la cuantía y en el poder. Ellos quieren participación simbólica sin control efectivo. Sanders propone propiedad significativa porque entiende que sin derechos políticos sobre esas acciones, todo será cosmética.

La inteligencia artificial puede ser una tecnología emancipadora, pero solo si dejamos de aceptar que quienes extrajeron lo común sin permiso compren indulgencias con un 5%. Esa cifra no repara nada. No devuelve control. No reconoce la magnitud de lo apropiado. No crea una verdadera ciudadanía económica en la era de la inteligencia. Es, simplemente, el precio que Silicon Valley cree que puede pagar para seguir llamando innovación a lo que, en cualquier otro contexto, llamaríamos extracción.

La discusión no debería empezar en el 5%. Debería empezar mucho más cerca del 50%, y bajar solo si alguien demuestra, con argumentos y no con relaciones públicas, que por alguna razón presuntamente justificada, la sociedad no merece recuperar una parte sustancial de lo que ya era suyo.