Enrique Dans

Hay momentos en los que una compañía se delata mejor con sus reflejos que con sus comunicados. Meta lleva años sosteniendo, con esa mezcla tan característica de cinismo corporativo y arrogancia monopolística, que sus plataformas son poco menos que espacios neutros en los que, de vez en cuando, vaya por dios, suceden cosas lamentables. Pero cuando un jurado empieza a decir en voz alta lo que la compañía lleva demasiado tiempo negando, y cuando los despachos de abogados comienzan a buscar demandantes entre quienes fueron atrapados por ese diseño adictivo, la reacción de Meta no es revisar su modelo, asumir responsabilidades o reparar el daño. La reacción es otra: retirar de sus redes los anuncios de quienes buscan víctimas para litigar contra ella. No intenta discutir el fondo. Intenta cortar el flujo. Intenta que quienes han sufrido no se encuentren entre sí. Intenta, en esencia, administrar el silencio.

El gesto es revelador porque desmonta de un plumazo toda la retórica de la plataforma abierta, del mercado libre de ideas y de la supuesta neutralidad tecnológica. Meta no tiene ningún problema en monetizar durante años la manipulación de la atención, la hipersegmentación publicitaria o la exposición sistemática de usuarios a dinámicas profundamente dañinas. Lo que de pronto parece intolerable no es el perjuicio, sino la posibilidad de que ese perjuicio genere organización, prueba, jurisprudencia y costes. Dicho de otra manera: la empresa que convirtió la vulnerabilidad de millones de adolescentes en inventario publicitario considera ahora inaceptable que unos abogados utilicen ese mismo ecosistema para localizar a quienes podrían pedir cuentas. No es una contradicción. Es exactamente el funcionamiento normal de un modelo depredador cuando empieza a sentirse jurídicamente amenazado. Esa lógica estaba ya en el centro de mis artículos recientes «Redes sociales: un negocio obsceno que empieza a pasar factura» y «Un depredador no se arregla: hay que desmontarlo«: no hablamos de plataformas que se hayan torcido, sino de productos concebidos desde sus inicio para explotar compulsiones y extraer rendimiento económico de ellas.

Lo verdaderamente incómodo para Meta es que ya no estamos ante una crítica moral o cultural, sino ante una mutación legal. El caso de Los Ángeles, en el que Meta y YouTube fueron declaradas responsables por negligencia en un juicio sobre diseño adictivo y daño a una joven usuaria, introduce algo decisivo: la idea de que el problema no es simplemente el contenido que circula, sino la arquitectura misma del producto, sus mecanismos de retención, su ingeniería de dependencia y su capacidad para crear y agravar trastornos psicológicos. Según la cobertura de The Guardian, el jurado entendió precisamente eso: que la empresa sabía perfectamente lo que hacía y que ese diseño fue un factor sustancial en el daño causado. Y apenas un día antes, el Departamento de Justicia de Nuevo México había celebrado otra victoria histórica, con un jurado que declaró a Meta responsable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y de poner en peligro a menores, imponiéndole 375 millones de dólares en sanciones civiles. No es extraño que empiecen a temblar. Lo extraño sería que no lo hicieran.

Porque además ese conocimiento estaba ahí. No hablamos de un daño descubierto retrospectivamente ni de una externalidad imprevista: hablamos de una compañía que llevaba años teniendo indicios palmarios, estudios internos, testimonios evidentes y señales suficientes como para saber que sus productos estaban afectando gravemente a adolescentes, especialmente en cuestiones de autoestima, ansiedad, compulsión y percepción corporal. La documentación difundida en el Congreso estadounidense a partir de los Facebook Files dejó negro sobre blanco frases imposibles de trivializar: adolescentes que describían Instagram como un espacio que las hacía sentirse «demasiado gordas», «no lo bastante guapas», o que eran incapaces de dejar de usar una aplicación que sabían que les hacía daño. Ese material no demuestra un fallo aislado de moderación: demuestra una obvia consciencia del perjuicio. Y cuando existe consciencia del perjuicio y se persevera en el diseño porque resulta rentable, lo que hay no es innovación mal calibrada: lo que hay es dolo moral, aunque el derecho tarde en encontrarle el nombre exacto.

Por eso resultan tan importantes los documentos oficiales que han ido acumulándose en paralelo. La demanda multilateral de 33 estados acusó a Meta de explotar las vulnerabilidades de los jóvenes mediante algoritmos diseñados para prolongar el uso, alertas constantes, comparación social mediante likes, filtros que empeoran la dismorfia corporal y formatos como el scroll infinito pensados precisamente para sabotear cualquier intento de autorregulación. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos fueron igualmente claro al afirmar que no puede concluirse que las redes sociales sean suficientemente seguras para niños y adolescentes, y recordó que quienes pasan más de tres horas al día en ellas afrontan un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental. Y la propia FTC ha subrayado hasta qué punto estas plataformas descansan sobre vigilancia masiva, protección insuficiente para menores y una lógica de acumulación de datos que favorece tanto el abuso como la dominancia de mercado. No es un debate ideológico. Es una convergencia cada vez más robusta entre salud pública, protección del menor, competencia y responsabilidad civil.

Y ahí aparece, desnudo, el verdadero miedo de Meta: que el precedente legal se convierta en industria litigiosa. Que las víctimas dejen de ser casos dispersos y se transformen en masa crítica. Que la narrativa pase de «algunos padres preocupados» a «miles de personas perjudicadas por un producto diseñado para engancharlas cuando eran menores». Que el paralelismo con el tabaco deje de parecer una metáfora periodística y empiece a funcionar como hoja de ruta judicial. Que la enorme cantidad de dinero acumulada durante años haciendo barbaridades empiece a escaparse por millones de agujeros en demandas individuales, o por una class action descomunal.

Si eso ocurre, el daño para Meta no será reputacional, sino estructural. Porque su negocio depende de maximizar atención, inferir vulnerabilidades y vender acceso a estados mentales capturados mediante un espionaje, una vigilancia masiva que jamás debió ser legal. De ahí que la retirada de esos anuncios tenga un valor casi confesional: no es la respuesta de quien se sabe inocente, sino la de quien comprende perfectamente el riesgo de que el goteo de casos se convierta en avalancha. Y cuando una empresa intenta impedir que las víctimas se localicen usando el mismo sistema con el que antes las perfiló, lo que está haciendo no es defender una política comercial. Está protegiendo la continuidad de su impunidad.

Conviene no equivocarse con el desenlace. No estamos viendo a Meta «corregir excesos»: estamos viendo a Meta atrincherarse. Primero negó el problema. Después lo minimizó. Más tarde fingió abordarlo con cosmética regulatoria. Y ahora, cuando las sentencias y las demandas amenazan con poner precio real a años de manipulación adictiva, intenta obstaculizar el acceso de las víctimas a la justicia. Es un patrón demasiado conocido: privatizar los beneficios, socializar el daño y, cuando llega la rendición de cuentas, tratar de bloquear el mecanismo que podría hacerla posible. La cuestión ya no es si Meta actuó irresponsablemente, eso hace tiempo que dejó de ser discutible. La cuestión es si vamos a permitir que, además de haber construido un modelo obsceno sobre la explotación de menores, utilice su poder de plataforma para dificultar que esos menores, convertidos ya en víctimas, puedan reclamar. Porque una cosa es haber creado el daño. Otra, todavía más indecente, es intentar borrar el camino que conduce hasta él.