Enrique Dans

Hoy he visto por primera vez el aviso que, al entrar en aplicaciones de Meta como Instagram o Facebook, ofrece a los usuarios la posibilidad de suscribirse por 12.99€ y no recibir anuncios, o bien continuar usando el producto gratuitamente con anuncios personalizados.

Según el propio aviso de la compañía, la necesidad de elegir una u otra modalidad es debida a un cambio legislativo en esta región. Pero en mi opinión, lo que Meta ha hecho es, simplemente, retorcer la ley para poder seguir haciendo lo mismo que hacía, y simplemente ofrecer una opción sabiendo que va a ser completamente minoritaria como forma de demostrar que, en realidad, los usuarios sí quieren acceso gratuito y no les importa ver sus anuncios.

Empecemos por el principio: lo que la legislación europea, en concreto la noruega, ha afirmado, bajo amenaza de multa, no es que la compañía tenga que ofrecer una opción sin anuncios, sino que el tipo de publicidad que hace es dañina e ilegal, y que los datos que recopila son datos privados que deben ser protegidos.

Es precisamente lo que llevo muchos años afirmando: que un usuario NO PUEDE DAR SU CONSENTIMIENTO a que una compañía recopile determinados datos, porque se consideran parte de la esfera privada y simplemente, no se pueden compartir, no es legal hacerlo. Por tanto, cuando algunas compañías tecnológicas comenzaron a recopilar esos datos, infringieron un consenso social claro: que la publicidad debía basarse únicamente en datos genéricos como los que utiliza un periódico en papel, una cadena de televisión o una valla publicitaria, información que caracteriza simplemente a quien compra un periódico, a quien lee determinadas secciones del mismo, a quien pone la televisión a una hora determinada o para consumir un contenido determinado, o a quien pasa por delante de una valla. Esa información permite segmentar a los usuarios en función de algunas de sus preferencias, pero no permite identificarlos, y ni mucho menos almacenar esa información, someterla a un tratamiento por consolidación con otros servicios, y terminar teniendo una imagen completísima de ese usuario y, esencialmente, sabiendo más cosas de él que las que conoce él mismo.

A eso, desde mi punto de vista, no se puede dar ningún tipo de consentimiento. Del mismo modo que yo no puedo dar mi consentimiento para acciones que me hagan daño, que lesionen mi dignidad como persona o que conculquen mis derechos fundamentales, que un usuario dé su consentimiento a recibir publicidad ultrasegmentada debería ser completamente ilegal. Que le den una opción de evitarla a cambio de 12.99€ mensuales no es la cuestión: la cuestión es que es ilegal, y que además, lo es porque debe serlo, porque hace que el usuario renuncie a su derecho fundamental a la privacidad y comparta datos personales sujetos a especial protección. Ni 12.99€ ni nada: esos datos no tienen precio, no se pueden vender, porque es ilegal hacerlo. No se le puede poner un precio. Y si eres menor de 18 años, menos aún.

Eso, y no otra cosa, es lo que está en la esencia de las leyes europeas: que los derechos fundamentales son IRRENUNCIABLES, y que, por tanto, Meta – o quien sea – no puede basar su modelo de negocio en ese tipo de publicidad. Si quiere hacer publicidad genérica, basada en los contenidos a los que acompaña, en la hora a la que me conecto o cuestiones similares que no proporcionan información personal ni permiten recopilarla, perfecto: tendrá un negocio que competirá en las mismas condiciones que la televisión, los periódicos o la radio… como de hecho, debe ser, y que responde al consenso social que teníamos antes de que esos delincuentes llegasen al escenario y se arrogasen por sus santas narices unos derechos que no tenían ni debían tener.

Por tanto, la solución de ofrecer una suscripción como forma de evitar la publicidad hipersegmentada no funciona, simplemente porque la propia publicidad hipersegmentada como tal debe ser considerada ilegal en países europeos. O anuncios genéricos no segmentados en función de variables del usuario (sí de su contorno, y siempre no identificables ni recopilables), o nada. Lo que es ilegal no es el no ofrecer una suscripción como vía de escape, sino el llamado surveillance capitalism o capitalismo de la vigilancia. Y el modelo de Meta y el de otras compañías sigue basándose exactamente en eso.

Si por no pagar 12.99€ voy a seguir estando sujeto a publicidad hipersegmentada, no hemos avanzado nada: se sigue permitiendo a Meta que ofrezca un producto ilegal y se sigue permitiendo, y eso es peor aún, que los ciudadanos europeos renuncien a lo que debe ser un derecho irrenunciable. Si Meta cree, como afirma, que internet debe ser gratuita y que esa gratuidad debe financiarse con publicidad, que lo haga mediante modelos publicitarios legales, que no espíen al usuario y que no recopilen su intimidad. Con esto de la suscripción, por tanto, no hemos arreglado nada.

This article is also available in English on my Medium page, «Once again, Meta flouts the law and thinks it can get away with it«