Denunciar la inacción política ante la emergencia climática: los Países Bajos muestran el camino

IMAGE: de Rechtspraak

El Tribunal Supremo de los Países Bajos ordenó el pasado viernes al gobierno del país reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% con respecto a los niveles de 1990, en lo que es ya la decisión más dura y taxativa jamás dada a un gobierno en todo el mundo para que tome acción de manera inmediata con respecto a la emergencia climática.

El caso, iniciado por la Urgenda Foundation en el año 2013, denunciaba que el gobierno, al no cumplir con el objetivo mínimo de reducción de emisiones de dióxido de carbono establecido por los científicos para evitar la emergencia climática, estaba poniendo en peligro los derechos humanos de los ciudadanos holandeses establecidos por las leyes nacionales y de la Unión Europea. El gobierno neerlandés, que perdió ya el caso en los tribunales de distrito y en los de apelación, pierde ahora también en el Tribunal Supremo, con todo lo que ello conlleva (y que podría incluir, entre otras cosas, el cierre de centrales térmicas de carbón), y convierte al caso en un modelo a seguir en muchos otros países.

En la actualidad, hay cursadas ya 1442 demandas en países de todo el mundo en variados estados de tramitación, en lo que responde a la vanguardia de un área del derecho medioambiental denominada atmospheric trust litigation o litigios de confianza atmosférica, un concepto basado en la doctrina de la confianza pública y la responsabilidad internacional relacionada con el control del gobierno sobre los recursos naturales en beneficio del beneficio público. Otro caso bastante conocido de este tipo es Juliana vs. The United States, promovido por un grupo de veintiún jóvenes estudiantes encabezados por Kelsey Juliana, que ganó atención en 2016 cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Oregón, Ann Aiken, confirmó la idea de que el acceso a un medio ambiente limpio podía ser considerado un derecho fundamental, permitiendo así que el caso continuara. Desde entonces, la administración Trump ha tratado de desestimar el caso por diversas cuestiones, lo que ha retrasado su instrucción, pero también ha generado mucha más atención mediática y de expertos.

¿Actúan los gobiernos en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos cuando no cumplen las recomendaciones de los expertos para tratar de hacer frente a la emergencia climática? Todo parece indicar que efectivamente es así, y que la idea de reclamar justicia ante los tribunales puede tener mucho sentido. ¿Qué deben hacer los ciudadanos australianos cuando ven que las decisiones de su gobierno en política energética y medioambiental les abocan claramente a un suicidio climático? ¿Y los estadounidenses, cuando ven que la administración Trump abandona los acuerdos de París? ¿No deberíamos plantearnos denunciar a los ayuntamientos de nuestras ciudades cuando resulta evidente que su falta de acción nos obliga a respirar gases que nos envenenan?

La vía judicial puede ser lenta y en ocasiones desesperante, pero se presenta claramente como una de las posibilidades más claras de poder obligar a los políticos a tomar acción ante la emergencia climática. Obviamente, esto no implica que los ciudadanos no podamos y debamos recurrir a otras vías, sea como mostrando liderazgo como directivos o cambiando nuestros hábitos de consumo para favorecer con ellos a aquellas compañías que demuestren su conciencia medioambiental. Atajar la emergencia climática aún es posible, y va a requerir, además de reconocer que esa emergencia existe, acabar con la actual economía subvencionada, sobre todo con los billones de dólares que se destinan a subsidiar los combustibles fósiles, el transporte aéreo o productos, como los automóviles, a los que no se obliga a pagar por las emisiones que generan. Acciones claras que precisan la implicación de unos políticos que, en muchos casos, no toman decisiones en virtud de criterios cortoplacistas, electoralistas o simplemente por estupidez. Los Países Bajos acaban de demostrarnos que incluso cuando sea así, aún tenemos la posibilidad de denunciarlos para intentar cambiar las cosas.


This article was also published in English on Forbes, «The Netherlands shows the way in tackling the climate emergency«


19 comentarios

  • #001
    Jose Miguel - 9 enero 2020 - 17:42

    Eso fue en Holanda.
    Esto es España. Te deseo buena suerte.

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    • Enrique Dans - 9 enero 2020 - 18:55

      España es un país democrático, y no tengo ningún problema con la independencia de los tribunales españoles. En los políticos españoles no confío lo más mínimo, pero en los jueces, afortunadamente, sí. Y los conozco razonablemente bien, hasta les he impartido sesiones de formación en varias ocasiones…

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  • #003
    Jose Miguel - 9 enero 2020 - 18:57

    Enrique. ¿Por qué el contador de comentarios que hay a la izquierda de la entrada muestra cero? ¿Es un plugin de WordPress que ha cobrado vida propia y decidido ignorarme?

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    • Enrique Dans - 9 enero 2020 - 19:02

      Los plugins de WordPress siempre han tenido vida propia, y además, depende también del caché, y esas cosas. A mí ahora ya me muestra dos…

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      • Jose Miguel - 9 enero 2020 - 19:08

        Era coña. Por cierto me gusta la forma en que el comentario que abre hilo envuelve ahora el campo de edición del que va detrás dejando claro que estás respondiendo al hilo. Voy a tomar una captura de pantalla por si luego me dices que estoy loco y no sabes de lo que hablo, pero algo has hecho.

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        • Jose Miguel - 9 enero 2020 - 19:10

          Olvídalo. Solo sucede en respuesta a tus comentarios por el tema del color.

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  • #007
    Daniel Rodríguez Herrera - 9 enero 2020 - 20:05

    Traducción: como los políticos elegidos por votos no hacen lo que yo quiero, aplaudo que jueces que nadie ha elegido declaren un derecho humano sacado de la punta del nabo para que impongan sus preferencias personales sobre el resto de ciudadanos, convertidos así en súbditos. Totalitarismo en nombre del alarmismo climático, en suma.

    Al margen, esa reducción en ese lapso de tiempo es imposible a no ser que se prohiba la mayor parte del transporte y la energía, que supongo que es lo que pretenden. Pero claro, se ve que ninguna de esas cosas es un derecho humano.

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    • Jose Miguel - 9 enero 2020 - 21:18

      Gensanta!!! Forges.

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    • JM - 9 enero 2020 - 21:54

      Debería existir la independencia judicial, es decir que si los políticos no cumplen las leyes o no velan por los ciudadanos que la justicia lo hiciera.

      Lamentablemente yo no tengo tanta confianza en las altas instituciones judiciales como Enrique.

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    • David - 9 enero 2020 - 22:21

      Acabemos con la separación de poderes

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    • Enrique Dans - 10 enero 2020 - 13:01

      Con suerte, no habrá muchos más que piensen como tú. Yo al menos seguiré luchando por ello. Para mí no eres más que alguien empeñado en ser un idiota, algo injustificable dada tu formación, que además de pretender estúpidamente suicidarse, quiere además matarme a mí y a mi familia, así que te trataré como tal.

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  • #012
    xaquín - 9 enero 2020 - 22:54

    No me gusta nada que uno de los tres poderes de un estado democrático, se tome como propio, con pelotas u ovarios, lo que es decisión final de la ciudadanía (o debería ser!). Claro que tampoco me gusta la ciudadanía que vota con la papeleta manchada por la salsa de Sálvame, por ejemplo. Y mucho menos me gustan los políticos salidos de esa marabilla gastronómica. Pero puede que no sea el primero en decir que «democracia sin saber no es democracia.»

    Lo que si tengo muy claro es lo de los derechos humanos. Y si yo tengo derecho a que no me ensucien de mierda mi casa (cueva o castillo), tanto derecho tengo a que no me destruyan el ecosistema donde me tocó vivir. Pero supongo que, para algunos, esos derechos no son humanos, deben ser derechos de los ratones del famoso Hamelin.

    Y supongo que por eso la plebe de Roma no tenía derechos reales. Aunque en teoría si eran ciudadanos de Roma, a diferencia de los «no romanos».

    En fin, que ni Sócrates ni los romanos, fueron capaces de enseñarnos algo que no fuera el arte de la guerra y su consecuente rapiña. Y si no que le pregunten a Julio César, quien resulta mucho más imitado que cualquier Cicerón. Eso sí, en remake del Hollywood más rastrero.

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  • #013
    Gorki - 9 enero 2020 - 23:08

    Independencia judicial, desde luego. Tanto como para poder indicar al ejecutivo, lo que deben hacer, tampoco.

    Habria que leer la sentencia. Si es que el ejecutivo no cumple una ley dictada por le legislativo, no tengo nada que opinar, es su papel.

    Si han dictaminado una sentencia, sin apoyarse en una ley anterior, apelando a unos supuestos Derechos Humanos, en mi opinión se han pasado.

    Como digo, sin saber lo que dice la sentencia y en los principios jurídicos que se apoya es dificil opinar.

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  • #014
    Ignacio - 10 enero 2020 - 07:27

    Buenos días,

    Dato:

    “ Carbon dioxide composes 0.039% of Earth’s atmosphere.
    The human contribution is 0.83% of that 0.039%.
    The Paris Accord seeks to reduce that 0.83% of 0.039% by 20%.
    20% of 0.83% of 0.039% is 0.000065%.
    That is less than of one part per 1,540,000 of the whole atmosphere.”

    Fuente: Robert M. Cutler
    http://www.robertcutler.org/

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  • #015
    Javier - 10 enero 2020 - 09:44

    No sé como será en los Paises Bajos. En España:

    El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

    ¿Quien quita o pone al Fiscal Gral del Estado? El Gobierno

    Han oído alguna vez que la Fiscalía haya dictado de oficio alguna sentencia por incumplimiento de alguna legalidad por parte del Gobierno? … yo nó.

    ¿Es esto una separación de poderes real?

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    • Gorki - 10 enero 2020 - 10:21

      Eo no es nada. Fiscales y Abogados del Estado son los abogados del Gobierno y es logico que sea el Gobierno quien los elige, como cualquiera tiene derecho a elegir su abogado

      Otra cosa es que el Gobierno (y la oposicióon), se repartan los puestos del Consejo General delPoder Judicial.

      Eso si que es una intromisión de la política, (gobierno y oposicion ), en la independencia de la Justicia. Tal como asegura el Informe GRECO sobre España

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      • Javier - 10 enero 2020 - 14:21

        y entonces lo de «derechos de los ciudadanos» e «interes público» donde queda?… porque en el artículo de la constitución referente al Ministerio Fiscal dice «derechos de los ciudadanos» no «derechos del gobierno de turno» e «interés público» no «interés del gobierno de turno».

        Que ocurre cuando el gobierno se pasa por el forro las normativas mediambientales ? No debería de entrar la Fiscalía de oficio?

        Responder
    • Lucas - 13 enero 2020 - 00:14

      Ojo, los fiscales no dictan Sentencia.
      Dicho esto, es cierto que debe ser difícil que los fiscales INICIEN acciones contra el Gobierno.
      Pero no es la única opción, En muchos países (más de 1000 afirma Enrique) se ha iniciado acción popular contra el Estado.
      Lo ridículo es alguien poner en duda a los jueces. Ellos tienen que atenerse a los acuerdos internacionales y las consecuencias de su incumplimiento, según la Ley del país….mientras no haya justicia supranacional competente.

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  • #019
    Borja Colón - 14 enero 2020 - 08:17

    Desde luego algo se mueve aunque con demasiada lentitud por parte de los poderes públicos. Hoy mismo en el BOE se publica el Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, de la Genelatitat de Cataluña, que podéis consultar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-445.pdf

    Un saludo.

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