A cuenta del ODF, en Libertad Digital

Tenía pendiente escribir algo a cuenta de la certificación ISO 26300 recientemente concedida al formato ODF (Open Document Format), y del contrasentido que supone que se sigan utilizando formatos propietarios sobre los cuales no existen garantías de interoperabilidad y ni siquiera de conservación en cuestiones como la gestión pública o la relación con los ciudadanos. El resultado ha sido esta columna, «Discriminando al ciudadano«, en el que vengo a hacer una ya típica comparación entre la exigencia de formatos propietarios y lo que supondría que para entrar en un ministerio determinado, te exigiesen ir vestido con una marca determinada.

Como bien determinó en su momento el Estado de Massachussets (ver evolución posterior) que una administración dependa del lock-in generado por una empresa privada de cara a determinar los estándares de la relación con los ciudadanos o, por ejemplo, la accesibilidad futura de los documentos, resulta claramente inaceptable. En la responsabilidad de una administración está el adoptar las herramientas necesarias para no depender de posibles cambios arbitrarios en los formatos propietarios, abandonos de formatos anteriores o cambios en las condiciones de precio, versión o licencia. El artículo, para el cual me inspiré entre otras cosas en charlas con Alberto Barrionuevo (FFII, Foundation for a Free Information Infrastructure) y en este comentario de Iñaki a una entrada anterior, pretende simplemente ir creando algo de conciencia al respecto, en modo completamente introductorio.

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