Enrique Dans

Los llamados mercados de predicción, sobre los que ya escribí recientemente, han conseguido envolverse en una retórica particularmente eficaz: según ellos, no son casas de apuestas, sino supuestos «mecanismos sofisticados para agregar información dispersa y convertirla en probabilidades». Frente a las encuestas, los expertos o los modelos, el dinero obliga a los participantes a tomarse en serio sus previsiones, y el resultado, según sus defensores, es una especie de «inteligencia colectiva» capaz de anticipar elecciones, guerras, decisiones empresariales o resultados deportivos mejor que cualquier otro instrumento.

El problema es que, cuando se retira esa pretendida capa de respetabilidad académica, lo que aparece debajo se parece extraordinariamente a una casa de apuestas. El usuario arriesga dinero sobre un acontecimiento incierto y gana o pierde en función de su desenlace. Que la apuesta adopte la forma de un «contrato de evento», que se exprese en centavos o que su precio pueda interpretarse como una probabilidad no altera su naturaleza.

Es precisamente lo que sostiene Nueva York en su demanda contra Kalshi: la plataforma permite apostar sobre deportes y otros acontecimientos sin licencia estatal, eludiendo controles de edad, restricciones publicitarias, mecanismos contra la adicción y obligaciones fiscales aplicables al juego regulado. La fiscal general, Letitia James, lo resumió sin demasiados rodeos: independientemente de cómo se denominen, estas plataformas son apuestas. Y tiene toda la razón.

La defensa de Kalshi se apoya en una pirueta jurídica: al estar supervisada federalmente por la Commodity Futures Trading Commission, sus contratos serían supuestamente instrumentos financieros, y no apuestas sometidas a las leyes estatales. Pero llamar «mercado» a una ruleta no la convierte en la bolsa. En la propia interfaz reproducida en el escrito judicial aparecen partidos, ganadores de torneos, goleadores y resultados exactos, acompañados de cuotas y volúmenes. La diferencia con una aplicación de apuestas deportivas no está en la experiencia del usuario, sino en el vocabulario escogido por los abogados.

El asunto sería ya de por sí suficientemente grave por sus efectos sobre la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 1.2% de la población adulta mundial padece trastorno por juego, mientras la comisión de The Lancet sobre el juego advierte de que la digitalización ha convertido las apuestas en un producto disponible permanentemente y distribuido a escala global. Introducir apuestas sobre prácticamente cualquier dimensión de la realidad no mejora el conocimiento colectivo: amplía hasta el infinito la superficie sobre la que una persona puede desarrollar una conducta adictiva.

Pero los mercados de predicción incorporan además un problema aún más perverso: su supuesta precisión puede proceder precisamente de aquello que una sociedad bien organizada debería desincentivar, el aprovechamiento privado de información privilegiada. Un mercado acierta no necesariamente porque la multitud sea sabia, sino porque alguien sabe algo que los demás ignoran y decide monetizarlo. Cuanto más cerca esté esa persona del acontecimiento, por ser un empleado, un asesor, un militar, un funcionario o un proveedor, mejor será aparentemente el «oráculo». Es, por tanto, la propia naturaleza de estas plataformas la que atrae la participación de aquellos con acceso a información privilegiada. Para Polymarket, Kalshi y compañía, que acceda gente con información privilegiada es bueno, porque mejora la calidad de las predicciones. Por tanto, la información privilegiada, como decimos en tecnología, no es un bug, es una feature.

No estamos ante una hipótesis teórica: el Departamento de Justicia estadounidense acusó a un empleado de Google de utilizar información confidencial para obtener más de 1.2 millones de dólares apostando en Polymarket sobre las búsquedas del año. En otro caso, un soldado fue acusado de emplear información clasificada sobre una operación militar para apostar acerca de la captura de Nicolás Maduro. No son participantes particularmente perspicaces. Son personas que, simplemente, sabían el resultado antes que los demás. Obviamente, eso mejora las predicciones sobre lo que va a ocurrir. Pero es claramente un delito, un fraude y una forma de aprovecharse de los demás.

Una investigación académica reciente sobre Polymarket lo prueba claramente, porque muestra una enorme concentración de los beneficios: el 1% de los usuarios ganadores captura más de tres cuartas partes de las ganancias. Otro trabajo se pregunta expresamente si la precisión de estas plataformas procede de la sabiduría colectiva o de una minoría informada. La imagen empieza a parecerse menos a una plaza pública que agrega conocimiento y más a una mesa de póker en la que algunos participantes pueden ver las cartas de los demás.

Aquí aparece un conflicto de agencia monumental. Quien posee información interna tiene el deber de protegerla o utilizarla en interés de la organización a la que sirve, no de convertirla en una apuesta personal para su propio beneficio. Y quien puede influir sobre el resultado, como un político que prepara una dimisión, un ejecutivo que decide un lanzamiento, un empleado que conoce una cifra o un militar implicado en una operación, deja de ser un mero observador. El mercado crea un incentivo económico para filtrar, manipular, retrasar, acelerar o incluso provocar acontecimientos. No se limita a predecir la realidad: recompensa a quienes pueden contaminarla.

The Economist sostiene que estos mercados necesitan mejores reglas, no su desaparición. Es una posición coherente con la fascinación liberal por los precios como condensadores de información, pero confunde capacidad predictiva con legitimidad social. También podríamos obtener indicadores muy precisos pagando a funcionarios por secretos, a médicos por historiales o a jueces por borradores de sentencias. La información resultante sería valiosa, pero el mecanismo utilizado para obtenerla sería moralmente inaceptable y socialmente destructivo.

Regular tampoco resuelve el problema esencial. ¿Cómo se determina quién tenía información privilegiada en una apuesta sobre una guerra, una enfermedad, una decisión regulatoria o la vida privada de una celebridad? ¿Qué perímetro de personas queda excluido? ¿Cómo se demuestra que una operación se basó en conocimiento reservado y no en una intuición afortunada? La amplitud temática de estas plataformas hace prácticamente imposible trasladarles las normas de abuso de mercado creadas para valores emitidos por empresas identificables. Que Kalshi haya comenzado a exigir verificaciones laborales en determinados mercados es, más que una solución, el reconocimiento explícito de que el problema forma parte de su propia arquitectura. Estamos, simplemente, incentivando a sinvergüenzas.

Los mercados de predicción no son oráculos. Son casinos que convierten la información asimétrica en materia prima, la actualidad en una sucesión interminable de apuestas y los conflictos de interés en una ventaja competitiva. Su aparente precisión no los redime: en muchos casos es lo contrario, los incrimina. No necesitamos mejores mecanismos para apostar sobre todo lo que ocurre, sino instituciones que reduzcan las asimetrías y protejan la información sensible. Prohibirlos no sería una reacción contra la innovación: sería simplemente negarse a llamar inteligencia colectiva a la explotación organizada de la asimetría y la ventaja informativa.