El gran apagón ibérico de abril de 2025 nos dejó muchas imágenes: trenes parados, semáforos muertos, comercios incapaces de cobrar, ascensores detenidos, gente haciendo colas en cajeros o supermercados, y ciudades que de repente parecían haber retrocedido varias décadas.
Pero, para muchos, lo más desconcertante no fue quedarse sin luz. Fue mirar el móvil, ese objeto que hemos convertido en brújula, radio, cartera, agenda, llave y cordón umbilical con el mundo, y descubrir que tampoco servía para nada. Sin señal, sin datos, sin llamadas, sin posibilidad de saber qué estaba pasando. El apagón no fue solo eléctrico: fue informativo, psicológico y social.
Por eso tiene todo el sentido que el gobierno quiera obligar a los operadores a mantener la cobertura móvil durante al menos cuatro horas en caso de caída de la red eléctrica. La medida, anunciada por el Ministerio para la Transformación Digital, prevé baterías y mecanismos de redundancia para garantizar cobertura al 50% de la población en el primer año, al 65% en el segundo y al 75% en el tercero, además de exigir doce horas de autonomía a centros de gestión intermedios y veinticuatro a los centros de control críticos. No estamos hablando de un capricho regulatorio ni de una ocurrencia intervencionista, sino de algo tan elemental como asumir que las redes de telecomunicaciones son ya infraestructura crítica, exactamente igual que la electricidad, el agua o el transporte.
Durante años hemos vendido la digitalización como una especie de magia ubicua: todo conectado, todo disponible, todo en la nube, todo inmediato. Pero esa narrativa ocultaba una dependencia obvia: la nube no flota, los datos no viajan por el aire por arte de magia y las antenas no funcionan con buenas intenciones. Funcionan con energía, con baterías, con generadores, con mantenimiento, con redundancia y con una planificación que normalmente solo se aprecia cuando falla.
El informe final de ENTSO-E sobre el apagón identificó una combinación de factores técnicos, oscilaciones, problemas de control de tensión y desconexiones en cascada, y recordó que se trató del incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en más de dos décadas. Y conviene decirlo sin ambigüedades: el apagón no lo provocaron las energías renovables, sino una cadena de fallos de gestión, control de tensión y resiliencia de la red que algunos han intentado convertir interesadamente en una estúpida y primaria guerra cultural contra la transición energética. Pero la lección no termina en la red eléctrica: termina en todas las infraestructuras que dependen de ella.
La cobertura móvil en una emergencia no es un servicio premium. Es la posibilidad de llamar al 112, de recibir alertas públicas, de localizar a familiares, de coordinar servicios, de evitar rumores, de reducir el pánico. Cuando la información desaparece, la incertidumbre ocupa su lugar, y la incertidumbre es un amplificador formidable de cualquier crisis. En el apagón de 2025, muchos ciudadanos no sabían si estaban ante un fallo técnico, un ciberataque, un accidente o algo peor. Esa ausencia de contexto convierte cada conversación de bar, cada mensaje recibido antes de perder la señal y cada teoría improvisada en una fuente potencial de desinformación.
Los operadores, obviamente, dirán que esto cuesta dinero. Claro que cuesta dinero. También cuesta dinero enterrar cables, desplegar fibra, mantener centros de datos, securizar redes o cumplir obligaciones de servicio universal. La pregunta no es si cuesta, sino cuánto cuesta no hacerlo. Un país que exige a sus ciudadanos gestionar buena parte de su vida mediante canales digitales no puede permitir que, en cuanto falla la electricidad, esos canales se evaporen. La resiliencia no puede ser una promesa publicitaria de los anuncios de 5G: tiene que ser una obligación verificable, auditada y sancionable.
España no está sola en esta discusión. Ofcom, el regulador británico, lleva tiempo analizando la resiliencia energética de las redes móviles y ha señalado explícitamente la creciente interdependencia entre telecomunicaciones y energía, así como la necesidad de sistemas de respaldo en la red de acceso radio. El gobierno británico, además, recomienda a los ciudadanos prever disrupciones de teléfono y banda ancha, tener radios a pilas y comprobar si sus servicios de voz digital funcionarán durante cortes de suministro. La diferencia es que esa preparación individual no puede sustituir a la responsabilidad estructural de quienes operan la infraestructura.
Cuatro horas no solucionan todos los problemas. En un apagón prolongado, cuatro horas pueden quedarse cortas. En zonas rurales, con menos densidad de antenas y menos solapamiento entre operadores, la resiliencia será más difícil y probablemente más cara. Pero precisamente por eso la medida debe verse como un mínimo, no como una meta. Un punto de partida para rediseñar una red pensada no solo para maximizar tráfico, vender gigas o presumir de velocidad, sino para seguir funcionando cuando más falta hace.
La digitalización madura empieza cuando dejamos de confundir disponibilidad con resiliencia. Que algo funcione todos los días no significa que esté preparado para funcionar el peor día. El apagón nos enseñó que una sociedad hiperconectada puede quedarse sorprendentemente muda en cuestión de minutos. Obligar a que las antenas tengan respaldo no es castigar a los operadores: es recordarles que su negocio se ha convertido en un servicio esencial. Y que en una emergencia, una raya de cobertura puede valer mucho más que cualquier campaña de marketing.
En efecto, mi móvil no valía para nada. El nuevo. El viejo (un Mi A1) si que valía… porque todavía tenía radio FM. El más nuevo no se por qué no la tiene porque tiene jack de 3.5 para auriculares.