Enrique Dans

Anthropic acaba de protagonizar uno de esos episodios que, vistos dentro de unos años, probablemente utilizaremos para explicar hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera se ha convertido en una actividad políticamente explosiva. La compañía lanzó Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, dos modelos construidos sobre la misma base, pero con una diferencia fundamental: Fable 5 está pensado para un acceso amplio, con salvaguardas reforzadas en ámbitos como ciberseguridad, biología o química, mientras Mythos 5 se reserva para socios seleccionados, con algunas de esas restricciones levantadas para usos defensivos y de investigación. Apenas unos días después, Anthropic publicó un comunicado anunciando que tenía que retirar ambos modelos para todos sus usuarios, tras recibir una orden del gobierno estadounidense que prohibía su acceso a cualquier ciudadano extranjero, estuviera dentro o fuera de los Estados Unidos, incluidos los propios empleados extranjeros de Anthropic.

La escena resulta casi grotesca: una compañía que ha defendido durante años la necesidad de más controles, más transparencia y más intervención pública en la inteligencia artificial de frontera se encuentra de repente atrapada por la misma lógica que ayudó a legitimar. Dario Amodei acaba de publicar un largo ensayo, «Policy on the AI Exponential«, en el que sostiene que los llamados «modelos de frontera» deberían poder ser bloqueados o retirados si no superan pruebas técnicas rigurosas, y compara su regulación con la de aviones, automóviles o medicamentos. La idea, en abstracto, tiene sentido: nadie razonable pretende que tecnologías capaces de automatizar tareas críticas en ciberseguridad, biología o investigación avanzada se desplieguen sin ningún tipo de supervisión. El problema aparece cuando esa supervisión no se parece a una agencia técnica con criterios claros, sino a una llamada desde Washington, una carta sin detalles suficientes, una invocación genérica de la seguridad nacional y una orden imposible de aplicar salvo desconectándolo todo.

Lo interesante no es únicamente la decisión del gobierno, sino la sucesión de decisiones de Anthropic. Primero diseña una arquitectura de acceso diferenciada, con un modelo público muy protegido y otro más capaz reservado a actores supuestamente confiables. Después reconoce que incluso esas salvaguardas no pueden garantizar una resistencia perfecta frente a jailbreaks. Luego defiende que el supuesto problema detectado por las autoridades es estrecho, no universal, y comparable a capacidades ya disponibles en otros modelos. Y finalmente apaga los modelos para todo el mundo porque no puede garantizar, de forma práctica, que ningún extranjero acceda a ellos. Si esto no es una definición perfecta de lo que significa trabajar en el borde de la tecnología, se le parece mucho: cada decisión parece razonable por separado, pero el conjunto transmite una sensación de improvisación, de vértigo y de dependencia absoluta de un entorno político imposible de predecir.

Estados Unidos lleva tiempo intentando convertir la inteligencia artificial en una extensión de su política industrial y de seguridad nacional. El Framework for Artificial Intelligence Diffusion ya planteaba controles sobre chips avanzados y pesos de modelos cerrados de doble uso, con el objetivo declarado de proteger la seguridad nacional y mantener el liderazgo tecnológico estadounidense. Anthropic, de hecho, defendió en 2025 una posición muy clara sobre la necesidad de preservar la ventaja estadounidense en computación mediante controles de exportación en su documento «Securing America’s compute advantage«. Es decir, Anthropic no es precisamente una compañía libertaria que haya descubierto ahora que el Estado existe. Al contrario: ha sido una de las empresas más insistentes en pedir reglas, evaluaciones, transparencia y restricciones. Pero una cosa es pedir una política pública racional y otra muy distinta es operar bajo una administración que tiende a ver cualquier avance tecnológico como una amenaza, un arma, una ventaja geopolítica o una oportunidad para ejercer poder discrecional.

La contradicción es evidente: la Casa Blanca firmó hace unos días una orden ejecutiva sobre innovación y seguridad en inteligencia artificial avanzada, presentada como un marco de colaboración voluntaria con las compañías para evaluar riesgos antes del despliegue de modelos de frontera. Pero el Departamento de Comercio pasó directamente a imponer controles de exportación sobre Mythos 5 y Fable 5, incluyendo cualquier transferencia a ciudadanos extranjeros dentro de los propios Estados Unidos. Es el paso más significativo hasta la fecha del gobierno estadounidense para restringir el acceso a los modelos de inteligencia artificial más avanzados. El mensaje para la industria es demoledor: puedes colaborar voluntariamente con el gobierno, pero eso no impide que mañana recibas una orden que cambia por completo las reglas del juego.

La situación roza lo kafkiano cuando se recuerda que Mythos no era simplemente un producto comercial cualquiera. La NSA estaba preparando el uso de Mythos en operaciones de ciberseguridad, con ingenieros de Anthropic colaborando con la agencia, mientras al mismo tiempo la compañía mantenía una disputa con el Pentágono por su clasificación como riesgo para la cadena de suministro. La misma tecnología puede ser demasiado peligrosa para unos, indispensable para otros, vetada para extranjeros, útil para agencias de inteligencia y sospechosa para el propio Departamento de Defensa. No estamos ante una política tecnológica coherente, sino ante una acumulación de impulsos institucionales contradictorios, cada uno con su propia definición de amenaza.

Para una compañía como Anthropic, la lección es especialmente dura. Su estrategia ha consistido en presentarse como la empresa prudente, la que habla de alineamiento, de riesgos existenciales, de escalado responsable y de cooperación con gobiernos. Esa estrategia le ha dado legitimidad, pero también la ha colocado en el centro del tablero político. Cuando se afirma una y otra vez que los modelos de frontera pueden ser peligrosos, no debería sorprender que un gobierno obsesionado con la seguridad nacional decida actuar como si lo fueran. El problema es que la política, especialmente en la administración Trump, no funciona con la precisión de un benchmark ni con la paciencia de un comité científico. Funciona con incentivos, titulares sensacionalistas, sospechas, rivalidades burocráticas, gestos de poder y una idea muy simple: si algo puede ser descrito como amenaza, puede ser intervenido.

El daño va mucho más allá de Anthropic. Para cualquier empresa, universidad o investigador extranjero, el mensaje es que acceder a la mejor tecnología estadounidense puede convertirse de la noche a la mañana en un problema. Para cualquier empleado extranjero en una compañía estadounidense de inteligencia artificial, la pregunta deja de ser si tiene las credenciales técnicas adecuadas y pasa a ser qué pasaporte tiene (varios miembros clave del personal de Anthropic, entre ellos el cofundador Chris Olah, el investigador de inteligencia artificial Andrej Karpathy y la filósofa Amanda Askell, nacieron fuera de Estados Unidos). Para cualquier cliente empresarial, la fiabilidad de un proveedor de inteligencia artificial de frontera deja de depender solo de su infraestructura, su precio o su calidad técnica, y empieza a depender de la volatilidad política de Washington. Y para cualquier país aliado, la conclusión es incómoda: depender de modelos estadounidenses significa depender también de una administración que puede reinterpretar el acceso tecnológico como un privilegio revocable.

La inteligencia artificial de frontera no se está desarrollando en un laboratorio aislado, sino en un entorno cada vez más parecido al de la industria nuclear, la criptografía de los noventa o los semiconductores avanzados: tecnologías de propósito general que los gobiernos intentan encajar en categorías de control pensadas para armas, exportaciones estratégicas o infraestructura crítica. Pero los modelos no son uranio enriquecido: no se almacenan igual, no se distribuyen igual, no se usan igual y, sobre todo, no se controlan igual. Pretender separar a usuarios por nacionalidad en servicios globales, equipos internacionales y cadenas de valor distribuidas es una receta para el absurdo. Si el único modo de cumplir una orden es apagar el producto para todos, quizá el problema no está solo en el producto, sino en la orden.

Lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva geopolítica de la inteligencia artificial, pero una geopolítica todavía inmadura, llena de contradicciones y de decisiones tomadas con más miedo que criterio. Anthropic quería situarse como la compañía responsable en una industria acusada de irresponsabilidad, pero ahora descubre que, en un país que convierte la responsabilidad en munición política, ser el alumno aplicado no necesariamente te protege: a veces te convierte en el blanco más visible. Y esa es la paradoja más inquietante de todo este episodio: cuanto más poderosa se vuelve la tecnología, más necesaria es la regulación, pero cuanto más errática es la regulación, más difícil resulta construir la tecnología de forma responsable.

La pregunta de fondo no es si Mythos o Fable son peligrosos. Probablemente lo son, al menos en ciertos contextos. La pregunta es si una democracia puede gobernar tecnologías de este nivel con procesos opacos, criterios no divulgados y órdenes que parecen diseñadas más para demostrar autoridad que para gestionar riesgos. Si la respuesta es no, el problema no será que las empresas de inteligencia artificial innoven demasiado rápido, sino que las instituciones que intentan controlarlas lo hagan simplemente mal. Y en ese caso, el verdadero riesgo no estará solo en los modelos, sino en un ecosistema político incapaz de distinguir entre prudencia y pánico, entre supervisión y arbitrariedad, entre liderazgo tecnológico y reflejo autoritario.

This article is also available in English on my Medium page, «Anthropic’s Fable and Mythos: when AI safety meets state power»