Enrique Dans

La historia de las bicicletas eléctricas, o e-bikes, es, en muchos sentidos, la historia de cómo una tecnología va madurando y se vuelve ubicua antes de que nuestras normas sociales y legales sepan cómo gestionarla. No se trata únicamente de un invento pasajero: los avances en baterías, motores eléctricos compactos y sistemas de control han convertido lo que antes era prácticamente una curiosidad tecnológica en un fenómeno global de transporte urbano y profesional. Y, como siempre ocurre, ese crecimiento exponencial está chocando con la realidad de nuestras calles y con la legislación.

Desde hace años, la industria de la bicicleta eléctrica ha experimentado un auge imparable. Hoy el mercado global se valora en decenas de miles de millones de dólares y sigue expandiéndose a dobles dígitos en muchos países, impulsado por la demanda de soluciones de movilidad sostenibles y eficientes para la última milla en las ciudades, así como por el deseo de evitar el tráfico y los costes asociados al automóvil tradicional. Las mejoras en las baterías de ion-litio, con mayor densidad energética, ciclos de carga más rápidos y menor peso, han sido un factor clave en esta transformación, haciendo que las bicicletas eléctricas sean más capaces y atractivas para viajes más largos y usos más exigentes.

Ese potencial técnico ha coincidido con políticas públicas que, al menos en Europa, han promovido su adopción como alternativa de movilidad urbana. Ciudades como Denver o gobiernos como el francés han ofrecido incentivos significativos para quienes cambian un coche por una bicicleta eléctrica en aras de reducir emisiones, y las ciudades han invertido en infraestructura para facilitar su uso. Esta adopción también ha abierto espacios profesionales, especialmente para servicios de reparto en zonas urbanas densas. Amazon y otras plataformas han promovido bicicletas eléctricas de carga (e-cargo bikes) como sustitutos de furgonetas para reducir congestión y emisiones en áreas metropolitanas.

Sin embargo, ahí donde la tecnología se vuelve accesible y masiva, surgen problemas. La mejora de baterías y motores no solo ha impulsado el uso legítimo: también ha facilitado que modelos capaces de ir a velocidades peligrosas o con baterías de baja calidad circulen sin control. En ciudades del Reino Unido, la policía ha incautado e-bikes ilegales capaces de alcanzar 110kmh, muy por encima de los límites legales, lo que plantea riesgos tanto para quienes las conducen como para peatones y otros usuarios de la vía.

Los datos apoyan esta percepción: investigaciones en Estados Unidos muestran que las lesiones por e-bikes se han duplicado anualmente en los últimos años, reflejando un aumento sustancial de accidentes con consecuencias graves. En Nueva Gales del Sur (Australia), por ejemplo, las lesiones serias relacionadas con e-bikes se han multiplicado por casi cuatro en los últimos cinco años, con niños y adolescentes especialmente vulnerables.

La cuestión no es menor. El simple hecho de que una e-bike se parezca físicamente a una bicicleta tradicional no garantiza que tenga un comportamiento similar en la vida real: con su ligereza, motores potentes y grandes capacidades de batería, muchos modelos se aproximan o mejoran el rendimiento de un ciclomotor o de una motocicleta ligera. A ello se suman otros peligros: fallos de batería que provocan incendios, como evidencian cientos de incidentes en el Reino Unido ligados a baterías de litio defectuosas, o la presencia de unidades sin certificación de seguridad en el mercado estadounidense.

Esta acumulación de problemas ha llevado a respuestas legislativas. En Nueva Jersey, por ejemplo, se ha aprobado una ley que exige licencia, registro e incluso seguro para los usuarios de e-bikes tras varios accidentes mortales especialmente entre jóvenes. Este tipo de iniciativas señalan un punto de inflexión: cuando la adopción de una tecnología supera la comprensión y la regulación existentes, los daños colaterales empiezan a imponerse a los beneficios sin un marco normativo claro.

Toda innovación que democratiza el acceso tiende a poner a prueba nuestras estructuras sociales y jurídicas. La mejora tecnológica no solo multiplica el valor de uso, sino también los riesgos asociados. La historia de las bicicletas eléctricas se parece a la de muchos otros avances: primero la mejora de la tecnología da lugar a un perfeccionamiento del producto, luego se expande su acceso, y finalmente nos enfrentamos a sus externalidades hasta que la regulación se adapta o fracasa. El desafío actual no es negar la revolución de la bicicleta eléctrica, sino gestionarla con la misma profundidad de análisis con la que celebramos sus beneficios.