La necesaria derogación de la ley Sinde

Hoy se cumple un año desde que envié un artículo que un periódico español me había solicitado, y este se negó a publicarlo. No es habitual que un medio se niegue a publicar uno de mis artículos cuando me lo ha solicitado previamente: si no me equivoco, de hecho, era la primera vez que me ocurría.

El nombre del medio no viene al caso, no creo que gane nada revelándolo. Pero creo que el artículo, escrito con rabia en el momento en que la aprobación de la ley Sinde ya se veía inevitable, es un buen alegato a favor de su inmediata derogación: nunca una ley tuvo un paso tan tortuoso, sucio y antidemocrático por nuestro sistema legislativo.

Los que hoy afirman que «la ley fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso» olvidan, de forma muy intencionada, la sucia intrahistoria, las presiones y contradicciones a las que dio lugar la imposición de dicha aprobación. Hoy, la ley Sinde es lo que es: una legislación anticuada, que va radicalmente en contra de la dirección marcada por hechos recientes como la norma del TJUE, la opinión expresada por Neelie Kroes, peticiones como la de los artistas canadienses o decisiones como la del gobierno suizo con respecto al mismo problema; y una ley que, además, se sabe perfectamente que nunca iba a solucionar nada.

Una ley mala, inútil, impopular, absurda y antidemocrática. La lógica decisión es derogar y empezar de nuevo, pero esta vez con buenos fundamentos, con voluntad de transparencia, sin presiones, hablando con todas las partes, y con una visión actualizada de la cuestión. El partido que llega al gobierno tiene una oportunidad de congraciarse con la red, de demostrar una manera diferente de hacer las cosas, de probar su intención dialogante y su enfoque renovador ante los problemas. Porque con esta ley no vamos a llegar a nada bueno.

A continuación, el texto del artículo que hace ahora un año no llegó a ser publicado:

 

Ley Sinde: crónica de una desvergüenza

La intrahistoria de la llamada «Ley Sinde» es digna de ser incluida en una antología de la desvergüenza política. Cuanto más se sabe del tema, más huele a genuinas cloacas de la política, a asunto tan turbio y siniestro como ese torvo personaje que pulula por los medios amenazando con perseguir a los usuarios como si fuera el mismísimo hombre del saco.

Repasemos los hechos: por un lado, una sórdida historia de presiones de los Estados Unidos en defensa de su industria audiovisual, presiones utilizadas por la Coalición de Intermediarios Culturales y por la «ministra guionista» para arrimar el ascua a su sardina. Siguiendo los cables publicados por El País, vemos claramente cómo los intermediarios españoles fabricaron de manera descarada informes falsos para calificar falsamente a España como de «paraíso de la piratería», mientras ministros como González-Sinde y Sebastián reclamaban a Estados Unidos que «presionase a la oposición».

Mientras, dejaron caer por la puerta de atrás en la Ley de Economía Sostenible un engendro que nada tenía que ver con dicha ley. Algo que, de hecho, genera una economía insostenible, creando un entorno de inseguridad y arbitrariedad jurídica para toda empresa con presencia en Internet: cualquier página puede ser cerrada en cuatro días. Una auténtica «ley de la patada en el router» digna de China, Irán o cualquier otro país de esos que algunos políticos españoles envidian secretamente. Por supuesto, en caso de cierre administrativo en cuatro días por parte de la «comisión ministerial», el propietario tendría que recurrir ante la «justicia de los pobres», que tarda alrededor de dos años en ver el caso… Para cuando se llega a una resolución, ya todo da igual: Internet no espera por nadie. Una clara muestra de lo que la ministra quiere construir: una justicia paralela para su caterva de «amiguitos artistas», para las entidades de gestión, para su impresentable Corte de Faraón.

¿Por qué todo esto? Porque los jueces, en ejercicio de sus funciones, tuvieron a bien interpretar la ley y llegar a una conclusión clara: las páginas de intercambio de enlaces no son constitutivas de delito. Sobre esto podemos opinar lo que queramos: tras años de campañas de intoxicación mediática por parte del lobby de intermediarios de la propiedad intelectual, podrían habernos convencido hasta de que somos Supermán. Pero hay una cosa clara: en España, cuando un juez dice que algo no es delito, es que no lo es. Y si lo dicen catorce jueces, uno detrás de otro, en otros tantos casos, menos todavía. Si aún piensa que de verdad hay algo malo en descargarse un archivo, piénselo de nuevo y repita conmigo: NO ES DELITO. Lo dicen la Fiscalía General del Estado y todos los jueces que han tenido la oportunidad de juzgar esos casos. No hay trampa ni cartón. Los internautas, contrariamente a lo que hace la Coalición de Intermediarios, no mentimos. Si lo hiciésemos, se nos notaría.

Ante la evidencia de que los jueces estaban dispuestos a seguir aplicando fielmente la ley, los intermediarios culturales montaron en cólera: ¡los jueces no tienen ni idea! ¡No nos dan la razón! ¡Prescindiremos de los jueces! Esa comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura está destinada a dejar a los jueces en un papel meramente decorativo, decir «sí, cariño» mientras la comisión decide qué páginas cerrar.

No se deje engañar: lo del juez es una patraña. Es vital no caer en la trampa dialéctica de la intervención previa del juez, porque este no decide el cierre de la página. Dicho cierre lo decide el ente administrativo: el juez convalida determinados aspectos de la medida, pero sigue siendo un cierre administrativo.

Para terminar de liarla, ¿cómo esperaba que se aprobase un engendro así? Haciendo caso al «amigo americano» y evitando un pleno que podría «debilitar» la ley mediante enmiendas. Usar una comisión con competencia legislativa plena, un mecanismo habitual para temas poco importantes, para aprobar uno de los temas más polémicos de toda la legislatura es de una bajeza política descomunal.

La «Ley Sinde» nació mal, creció mal, y termina peor. Es un compendio de lo que un gobierno nunca debería hacer con sus ciudadanos. Lisa y llanamente, la crónica de una desvergüenza.

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