Se me había pasado reseñar este artículo que salió en varios medios del grupo Vocento, titulado «El nuevo poder internauta» (ver en pdf), escrito por Iñaki Esteban, en el que cita una conversación telefónica que mantuvimos hace algún tiempo. Mi perspectiva es clara: todo intento de confundir a personas que dan su opinión (y que unas veces es compartida por otros y en otras ocasiones no lo es, como es natural) con algún tipo de «lobby» o de «poder en la sombra» es un intento de ver lo que no existe y de asimilación interesada de conceptos a lugares comunes y esquemas conocidos. El artículo lo he visto publicado en El Correo, El Diario Vasco, Hoy y La Verdad.
Un artículo bastante interesante, hábilmente manipulador, falsamente imparcial y que intenta presentar a los internautas como la contraparte de la SGAE (y demás entidades de gestión) y a los políticos como víctimas de los lobbys de uno y otro lado y de los radicalismos (y que quede claro que los internautas son un «lobi»).
Quizás no debería decirlo (y espero no ofender a nadie) pero al leerlo no he conseguido evitar sentir cierta repugnancia. Aunque no por el contenido en si mismo ni por las opiniones vertidas sino por el momento en el que estas cosas se dicen o se recuerdan, si cabe.
Destaco unos párrafos:
Un portavoz de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formada por entidades como EGEDA, Promusicae, SGAE y otras relacionadas con los videojuegos y el software, encarna a la perfección la tendencia a las opiniones de hormigón armado. Según declara, el grupo en el que se pueden incluir Dans y Domingo «no tiene representatividad, no ofrece alternativas y quiere el gratis total».
Los políticos se muestran mucho menos radicales. Empezando por los socialistas, quienes han estado en el ojo del huracán durante toda la tramitación de la ‘ley Sinde’. «Les escuchamos y en parte coincidimos con ellos. Qué duda cabe de que las industriales culturales están en transición. Tiene que haber más oferta legal en internet para frenar la piratería, más transparencia en las entidades de gestión, garantías jurídicas fuertes para que las empresas sepan que pueden hacer negocio sin competencia desleal. Quizá lo que no se haya entendido es que la ‘ley Sinde’ responde a una situación de urgencia y que no impide un cambio posterior en la Ley de la Propiedad Intelectual en el que ya estamos trabajando, también con ellos», resalta María González Veracruz, secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE.
El peneuvista Aitor Esteban añade que «aquí entran en juego muchos intereses de creadores, productores, proveedores y ciudadanos, y hay que encontrar un punto de equilibrio entre ellos. Hablar de derechos civiles o fundamentales de los internautas me parece altisonante.