El informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España es claro y contundente: estas entidades (SGAE, DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE y AISGE) realizan su actividad desde una evidente posición monopolística, lo que reduce sus incentivos a operar de manera eficiente y provoca la aparición de numerosos problemas (ver noticia en El País, El Mundo, Público, ABC, El Economista…)
Un informe que revela con claridad lo irregular de una situación que impide el desarrollo de mercados eficientes y competitivos, y la aparición de otras alternativas de gestión individual o colectiva que podrían dar respuesta a muchos de los retos y oportunidades que el desarrollo tecnológico plantea a la industria y a la creación. Las ocho entidades de gestión existentes en España se han especializado, con la abierta connivencia de los políticos, en la gestión de un determinado conjunto de derechos que nadie más gestiona, lo que redunda en tarifas y contratos abusivos, inseguridad jurídica, abusos sobre los autores, e imposibilidad para gestionar derechos mediante métodos alternativos que podrían adaptarse mejor a la situación actual. Además, la situación entra en clara contradicción con las normativas comunitarias tendentes a la creación de un mercado único de contenidos, una de las viejas reclamaciones de la Comisión Europea: las entidades de gestión españolas no solo tienen aquí su coto privado donde campar a sus anchas, sino que además, intentan por todos los medios perpetuarse en esa situación a costa de reducir las oportunidades de la cultura española fuera de nuestras fronteras.
Las evidencias de prácticas monopolísticas han aparecido precisamente en el momento en que se demuestran, además, las prácticas de nula transparencia y de gestiones irregulares en algunas de estas sociedades: en algunos casos, coinciden la petición de una auditoría por parte de sus trabajadores, las concesiones de prebendas irregulares por parte de algunos ayuntamientos, la gestión irregular de entidades con ánimo de lucro vinculadas a la sociedad con la creación de auténticos emporios inmobiliarios, y los planes de jubilación millonarios para sus directivos.
Interesante: precisamente en el momento en que estas entidades de gestión logran introducir una disposición final en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, se demuestra que lo mejor para hacer la economía sostenible es terminar con ellas, abrir los mercados en los que operan, y permitir la llegada de la competencia y la eficiencia a los mismos. La situación es tan escandalosa, que se hace imposible pensar que pudiésemos haber llegado a ella sin la existencia de importantes favores políticos a lo largo de diferentes legislaturas y de diferentes colores: esto no proviene de ayer, sino de mucho antes, y salpica no a un gobierno, sino a varios, con sus respectivos ministros de cultura.
Los informes producidos por la Comisión Nacional de la Competencia no son vinculantes. Sin embargo, es un estudio serio y riguroso, que revela la necesidad de una intervención rápida: los abusos de algunas de estas entidades han llegado ya a tal punto que generan auténtica alarma social. Las entidades de gestión, operando en una especie de “limbo jurídico fabricado a su medida” y con ausencia toral de transparencia, han logrado prebendas y privilegios inimaginables como la concesión del canon digital, han insultado a la democracia metiendo directamente sus manos en la tramitación de leyes, y amenazan además con seguir campando por sus respetos: en los veintitrés comparecientes anunciados en la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados existe un predominio tal de entidades de gestión y afines, que se pone claramente en peligro la objetividad de la Subcomisión en su conjunto. Mañana precisamente empiezan sus comparecencias. La situación, sin duda, exige medidas rápidas, que en algunos casos de marcada irregularidad deberán seguramente llegar hasta la intervención de cuentas, la auditoría y la depuración de responsabilidades.
ACTUALIZACIÓN: Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en este informe, David Bravo y Javier de la Cueva aportan un documento de denuncia al Estado español ante la Comisión Europea. Para utilizarlo, solo tienes que imprimirlo, rellenarlo y enviarlo por correo certificado, el procedimiento es gratuito y no cabe condena en costas. Es una muy buena manera de que tu voz se oiga, y de que todo este malestar termine cristalizando en algo tangible. Por mi parte, vinculo a la iniciativa, y voy a enviar el documento hoy mismo:
AGEDI,
AIE,
AISGE,
CEDRO,
CNC,
Comision Nacional de la Competencia,
DAMA,
EGEDA,
intellectual property,
monopoly,
SGAE,
Spain,
VEGAP
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