Una jueza federal sentenció ayer que Google, a pesar de haber sido declarada un monopolista ilegal y reincidente en el mercado de la publicidad, no se verá obligada a separar y vender su negocio de ad exchange, a pesar de que esa era la medida principal propuesta para luchar contra ese monopolio. La sentencia es clarísima: efectivamente, la compañía monopolizó de forma ilegal el mercado de los servidores publicitarios para editores y las subastas de anuncios, pero la jueza Leonie Brinkema ha rechazado la idea de forzar la venta de AdX.
Es la segunda vez en menos de un año que Google evita el que hace años era el remedio estructural tradicionalmente reservado para los monopolios más graves: la obligación de deshacerse de la parte de la compañía que efectivamente lo originaba. Esto supone una enorme victoria para Google, y una derrota para las autoridades antimonopolio estadounidenses, que fracasan de nuevo al intentar castigar de forma efectiva un monopolio que había sido declarado ilegal. La conclusión no puede ser más clara: en los Estados Unidos de hoy, ser declarado un monopolio ilegal ya no significa tener que renunciar a ese monopolio.
La secuencia es la siguiente: en 2020, durante el primer mandato de Trump, se estimó con toda la lógica del mundo que el hecho de que Google pagase miles de millones a Apple, a Samsung y a otras compañías con el fin de ser el buscador predeterminado en sus dispositivos cerraba las vías de distribución para sus competidores. Más claro, agua. En enero de 2023, la administración Biden demandó a Google por controlar de forma monopolística la cadena de distribución de la publicidad digital. La jueza Leonie Brinkema, también concluyó que, en efecto, eso era así: que la compañía había obligado de facto a los editores a utilizar AdX, y había eliminado o neutralizado las alternativas durante más de una década, lo que supuso un perjuicio para las páginas web que dependen de la publicidad. En agosto de 2024, el juez Amit Mehta concluyó que, efectivamente, Google era un monopolio y había actuado de forma deliberada para proteger y conservar ese monopolio.
Pero lo que pasó después, sin embargo, fue que ambos jueces rechazaron las medidas lógicas, razonables y amparadas por la tradición judicial: en lugar de forzar la desinversión en los activos que generaban el problema, optaron por medidas cosméticas que no alteran realmente el negocio ni generan problemas a Google. El patrón es claro: dictar sentencias supuestamente duras e históricas, para después proponer remedios completamente insignificantes. Obligar a Google a «ser más transparente», a «compartir algunos datos» o a «no favorecer abiertamente sus propios productos» es equivalente a confiar la restauración de la competencia precisamente al que la eliminó. Es, simplemente, una palmadita y un «ve y no peques más». Da lo mismo que el Departamento de Justicia haya calificado a Google de «monopolista reincidente»: sin una separación estructural, no hay un remedio efectivo.
La justicia de los Estados Unidos lleva décadas debilitando de manera efectiva la legislación antimonopolio: las ventas forzadas se consideran «soluciones radicales». La última vez que se usó esa solución fue con AT&T en 1984, no será que no ha habido monopolios desde entonces. De hecho, ese es el resultado: en los Estados Unidos de hoy, los monopolios hacen lo que quieren, campan a sus anchas, y son más fuertes que el propio gobierno. Con la segunda legislatura de Trump, además, las cosas ya pasaron a otro escenario: las big tech hicieron donaciones de millones de dólares para su investidura, participaron en actos de cortejo mutuo, y entraron en una relación ya completamente transaccional: dona, elogia, pacta y mantente siempre en el lado correcto que el presidente marca. Además, Trump pasó a amenazar con aranceles a los países que «agredieran» a Google, Meta o Amazon, con el fin de evitar que otros países los castiguen de forma efectiva. Claramente, Trump convirtió la impunidad corporativa estadounidense en una política más personal, transaccional y descaradamente favorable a las compañías que saben comprar su amistad. Puro capitalismo de amiguetes. Ahora llegan denuncias contra Amazon, y pasará lo mismo. ¿Apuestas?
Ahora, vemos cómo la ilegalidad flagrante se ha convertido en un simple coste operativo. Las big tech no necesitan ganar los juicios, porque con prolongarlos, recurrirlos y evitar cualquier remedio estructural tienen suficiente. El caso de Google lo hace evidente: una compañía puede ser declarada monopolista ilegal dos veces, conservar todos los activos que sostienen ese monopolio y aumentar mientras su valor hasta superar los cuatro billones de dólares, porque carece completamente de amenazas por el flanco legal. La legislación antimonopolio ha dejado de ser un problema para las compañías: ahora, es una mera función teatral.
