Enrique Dans

La Comisión Europea acaba de hacer algo que resulta difícil de defender: ha decidido añadir los wearables (relojes inteligentes, pulseras de actividad, gafas inteligentes y otros dispositivos integrados) a la lista de productos que no tendrán que permitir que el usuario sustituya por sí mismo la batería. La norma general del Reglamento europeo de baterías era sensata: a partir del 18 de febrero de 2027, los productos con baterías portátiles debían permitir retirarlas y sustituirlas con herramientas disponibles en el mercado, sin calor, disolventes ni utillaje propietario. La Comisión explicaba que eso alarga la vida de los productos y facilita el reciclaje. Pero ahora, en su nuevo acto delegado, introduce seis nuevas categorías exceptuadas, entre ellas los wearables, y deja la sustitución en manos de “profesionales independientes”.

La pregunta es obvia: ¿por qué precisamente los dispositivos que más dependen de una batería diminuta, sometida a ciclos diarios de carga y usada para medir salud, sueño, ejercicio o conectividad, quedan fuera de una regla pensada para evitar que un producto muera cuando muere su batería? La exención afecta directamente a relojes inteligentes y pulseras de actividad. Quien haya usado un Apple Watch varios años sabe de qué hablamos: cuando la batería se degrada, el aparato no se limita a durar menos: empieza a comportarse de manera errática: desconexiones, avisos absurdos, cargas impredecibles, funciones que desaparecen, autonomía que convierte un dispositivo continuo en una lotería. La propia página de soporte de Apple reconoce que una batería envejecida puede provocar lanzamientos de aplicaciones más lentos, menor rendimiento gráfico, reducción de conectividad inalámbrica, atenuación de pantalla, menor volumen o incluso pérdida de datos de frecuencia cardiaca durante un entrenamiento.

Hay razones que no son simplemente lobbying, aunque el lobbying esté ahí. La primera es técnica: la miniaturización. En un reloj o unos auriculares, la batería no vive en un compartimento generoso, sino encajada entre sensores, antenas, motor háptico, sellos, adhesivos, micrófonos y electrónica de muy baja tolerancia. La Comisión habla de seguridad, de riesgo de daño o perforación de la batería al retirarla, y de productos en los que la sustitución debe quedar reservada a profesionales. El argumento es real: las baterías de litio no son pilas alcalinas, y perforarlas en un objeto que se lleva en la muñeca, la oreja o la cara no es una buena idea. The Register recogía precisamente ese razonamiento: las baterías seguirán teniendo que ser reemplazables, pero no necesariamente por el usuario final.

La segunda razón es la estanqueidad. Los wearables se venden como objetos para sudar, ducharse, nadar, dormir y vivir con ellos puestos. Un mal cierre puede convertir una reparación exitosa en una avería diferida. A la Comisión le resulta fácil equiparar esa lógica con la de los cepillos eléctricos o los irrigadores dentales, ya exceptuados por operar en lo que denominan «entornos húmedos».

La tercera razón es la responsabilidad jurídica. Si Europa obliga a que cualquier usuario pueda abrir un dispositivo corporal, y después ese usuario sufre una quemadura, una fuga, una medición defectuosa o una pérdida de datos médicos, alguien tendrá que responder. La burocracia europea tiende a preferir el riesgo industrial conocido al riesgo legal distribuido. En la consulta previa de la Comisión, el lenguaje ya apuntaba a esa tensión entre reparabilidad, seguridad y categorías de producto.

Pero que esas razones existan no significa necesariamente que la decisión sea correcta. Significa que Europa ha aceptado el marco conceptual de los fabricantes: reparar un wearable es algo excepcional, peligroso y ajeno al usuario. Ese marco es precisamente el problema. La evidencia muestra que no hay una imposibilidad física, sino una simple decisión de diseño, un interés porque haya que tirar ese aparato y sustituirlo cada poco tiempo. Wired mostró con el Pixel Watch 4 que un reloj inteligente puede abrirse con herramientas básicas, permitir sustituir batería y pantalla, mantener resistencia al agua IP68 tras el servicio y contar con repuestos vendidos por iFixit. Y precisamente iFixit tiene ya una guía de sustitución de batería para ese modelo. Es más difícil, sí. Ocupa espacio, sí. Puede sacrificar delgadez, margen o comodidad industrial. Pero esa es justamente la función de una regulación: desplazar el óptimo privado del fabricante hacia un óptimo social: que no tengas que tirar un reloj relativamente caro simplemente por una batería que podría ser sustituida de manera razonablemente sencilla.

El problema de fondo es que la exención transforma una obligación de diseño en una promesa de servicio. No obliga al fabricante a que el usuario pueda cambiar la batería, sino a que un profesional independiente pueda hacerlo. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, todo dependerá de lo que signifiquen “independiente”, “disponible”, “precio razonable” y “repuesto compatible”. Si el cambio cuesta casi tanto como un dispositivo nuevo, si tarda semanas, si exige enviar el producto a otro país, si la pieza está encarecida o si el software penaliza baterías compatibles, la norma se habrá convertido en una coartada verde. Las guías de la Comisión sobre removibilidad y reemplazabilidad insisten en la aplicación armonizada del artículo 11, pero la armonización sirve de poco si termina aceptando que una categoría entera de dispositivos cotidianos sea diseñada para pasar por caja o acabar en un cajón.

Por eso la decisión es tan reveladora. Europa presume, con razón, de haber empujado el USB-C, la reparación y la economía circular. Pero aquí ha renunciado a usar su poder de mercado en una categoría donde el fallo dominante es precisamente la batería. La pregunta no es si todos los usuarios deberían abrir un reloj con un destornillador en la cocina. La pregunta es si el diseño debe estar orientado a que la batería sea sustituible de forma sencilla, barata, verificable y competitiva, o a que el dispositivo entero acabe convertido en residuo cuando la química de una celda diminuta empiece a degradarse. Lo que la Unión Europea debería hacer es marcar sus normas, y si los fabricantes no quieren renunciar al mercado europeo, obligarlos a cumplirlas. Sin excepciones que valgan.

La respuesta europea, por ahora, es decepcionante: menos derecho a reparar, más confianza en la buena voluntad de quienes llevan años vendiéndonos objetos sellados. Y cuando una regulación climática termina protegiendo mejor el diseño cerrado que al ciudadano que paga por él, quizá el problema no sea la batería. Quizá sea la política.