Enrique Dans

A principio de 2026 estamos siendo testigos de un salto histórico en la forma en que los regímenes autoritarios intentan controlar y censurar el acceso a la información. Irán, inmerso en protestas populares que desafían la autoridad teocrática, no se ha limitado a apagar la fibra óptica y las redes móviles: ha ido más allá, desplegando interferencias electrónicas de gran potencia para neutralizar también el acceso por internet satelital, que hasta ahora se consideraba inmunizado frente a bloqueos tradicionales. La censura deja de ser un simple filtro de contenidos y se convierte en un apagón integral del espacio electromagnético.

Durante los levantamientos de enero de 2026, el gobierno iraní está llevando a cabo uno de los apagones de internet más exhaustivos de su historia, desconectando a prácticamente toda la población de la red global y de su mismo tejido digital interno. Hasta hace poco, servicios como Starlink se habían convertido en un salvavidas para activistas, periodistas y ciudadanos que buscaban saltarse la censura desde los países afectados: terminales satelitales relativamente discretos en su tamaño que eran introducidos de manera clandestina y permitían transmitir videos y relatos al exterior, exponiendo imágenes de la represión que el régimen intentaba ocultar.

La respuesta del gobierno iraní no ha sido pasiva: los servicios de inteligencia y defensa han recurrido a sofisticados sistemas de jamming militar, dirigidos no sólo a las redes terrestres sino a las señales que permiten a los terminales satelitales localizar y conectar con los satélites mediante GPS y enlaces de banda ancha. Investigadores han observado pérdidas de paquetes de datos que oscilan desde el 30% hasta más del 80% en algunas áreas, una degradación deliberada que convierte el llamado internet satelital en poco más que un eco fragmentado del mundo exterior.

Este giro es más que una curiosidad técnica: marca la transición de la censura tradicional a una forma de guerra electrónica interna. No basta con cerrar las puertas de las infraestructuras físicas: hay que intervenir el espectro, interferir con las frecuencias, hacer del aire un auténtico campo de batalla. En lugar de lidiar con proveedores de servicios o con administradores de redes, los gobiernos como el iraní ahora intentan neutralizar la conectividad a nivel físico, tratando al espectro radioeléctrico como un dominio bajo su control soberano.

En este contexto, resulta especialmente relevante observar cómo la ciudadanía busca alternativas radicalmente distintas: hay reportes recientes de que en Irán, como ya ocurrió anteriormente en Uganda, la aplicación Bitchat, desarrollada por Jack Dorsey, está siendo adoptada como una herramienta de comunicación en medio del apagón general de internet. La aplicación, que funciona sin necesidad de conexión a la red mediante redes mesh basadas en Bluetooth y con cifrado de extremo a extremo, ha registrado un crecimiento notable en instalaciones y uso local precisamente por esa capacidad de operar cuando las infraestructuras tradicionales están bloqueadas. Activistas y usuarios están compartiendo la aplicación mediante transferencias directas por Bluetooth y archivos APK, creando pequeños «centros de intercambio» que ayudan a expandir la malla de dispositivos conectados y permiten una comunicación mínima, pero crítica, entre personas cercanas físicamente.

Este fenómeno es revelador. Mientras algunos gobiernos invierten en tecnologías cada vez más sofisticadas para controlar el acceso global a la información, los ciudadanos recurren a soluciones casi primitivas, basadas en la proximidad física y la cooperación directa. Es una regresión tecnológica aparente que, en realidad, refleja una enorme capacidad de adaptación: cuando el internet global desaparece, emerge un internet local, fragmentado, resiliente y mucho más difícil de erradicar sin recurrir a medidas aún más represivas.

Bitchat puede ser interferida, pero no de la misma forma ni con la misma eficacia que las redes tradicionales. Al basarse en redes mesh sobre Bluetooth y no depender de infraestructuras centralizadas, no puede «apagarse» con una orden administrativa dada a un proveedor o mediante un corte técnico único. Bitchat no te conecta con el exterior, pero permite la coordinación del activismo en el interior del país. Teóricamente es posible degradar su funcionamiento mediante jamming en la banda de 2.4 GHz, pero hacerlo a gran escala resulta costoso, visible y provoca daños colaterales importantes al afectar también a las redes WiFi y a numerosos dispositivos civiles. En la práctica, los métodos más efectivos contra este tipo de aplicaciones no son tecnológicos, sino físicos y sociales: confiscación de dispositivos, controles policiales, represión de reuniones y ruptura de la proximidad humana que sostiene la malla. Bitchat no es invulnerable ni eficiente a gran escala, pero precisamente por ser local, fragmentaria y basada en cooperación directa, resulta mucho más incómoda de censurar.

Para los defensores de los derechos digitales, esto supone una llamada de atención. La idea de que las tecnologías descentralizadas o basadas en satélites son una panacea frente a la censura estatal queda severamente cuestionada cuando un gobierno dispone de la capacidad y la voluntad política de convertir su territorio en una zona de silencio electromagnético. Brasil y Turquía ya han jugado con bloqueos selectivos en el pasado, pero Irán eleva la apuesta al intentar controlar no solo qué se ve o qué se dice, sino qué ondas pueden existir en su cielo.

La neutralización de Starlink no solo tiene implicaciones para la libertad de expresión dentro de Irán: también plantea interrogantes profundos sobre el futuro de la conectividad global. Si un estado puede bloquear señales de satélites en su espacio aéreo, ¿qué garantía existe de que no lo hará también en otros lugares donde la tecnología pueda empoderar a ciudadanos frente a gobiernos represivos? Y más aún: cuando la conectividad se convierte en un activo geoestratégico, ¿las empresas tecnológicas privadas como SpaceX serán consideradas actores políticos con derecho de intervención, o simples instrumentos de injerencia extranjera?

Los actores externos, incluyendo los estados democráticos, pueden considerar la extensión de terminales satelitales como una herramienta de apoyo a la sociedad civil. Francia, por ejemplo, ha explorado la posibilidad de facilitar equipos desde el espacio europeo de satélites Eutelsat para sortear el apagón iraní. Pero este tipo de acciones inevitablemente se enredan en disputas de soberanía, geopolítica y seguridad nacional. La tecnología que promete democratizar el acceso a la información se convierte también en un vector de conflicto global.

La lección que deja este episodio es inquietante, pero necesaria: la lucha por una internet libre no tiene lugar sólo en servidores y firewalls, sino también en el espectro invisible que cruza nuestros cielos. La censura está aprendiendo a moverse más rápido que las leyes: está incorporando sofisticación militar y redefiniendo los límites de la soberanía digital. Y ante ello, la respuesta tecnológica y política tendrá que evolucionar con la misma velocidad y ambición. Porque si el futuro de la libertad depende de ondas de radio que pueden ser silenciadas, entonces la batalla por la conectividad es, en última instancia, una batalla por la propia idea de libertad.

La paradoja es evidente: cada nueva capa tecnológica diseñada para eludir la censura genera, a su vez, incentivos para desarrollar mecanismos de control más agresivos. El resultado es una carrera armamentística silenciosa en la que los derechos digitales quedan atrapados entre interferencias, apagones y soluciones improvisadas. La batalla por un internet libre ya no se libra solo en los servidores ni en los tribunales, sino en el aire que nos rodea y en los dispositivos que llevamos en el bolsillo. Y eso debería preocuparnos mucho más de lo que parece.