La reciente respuesta del Tribunal Constitucional francés al intento de Nicolas Sarkozy de proteger el modelo de negocio de sus amigos a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de todo el mundo está teniendo ya sus primeras consecuencias, y éstas no son nada con respecto a las que puede llegar a tener. La decisión del alto tribunal francés, pese a ser de ámbito exclusivamente aplicable en el país vecino, hace referencia ni más ni menos que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo de la Constitución Francesa, pero aceptada, como su nombre indica, de manera universal por todos los países supuestamente civilizados.
La primera decisión que en nuestro país se ha visto claramente influenciada por la negativa francesa a la ley HADOPI ha sido la tomada por Redtel, el consorcio formado por Telefonica, Vodafone, Ono y Orange, que ha afirmado que «no volverá a negociar con la industria cultural un plan anti descargas» y que también se niega a «aplicar medidas tecnológicas como la reducción de velocidad». Una decisión que supone un vuelco importante para esa Coalición de Intermediarios Neoluditas que se creen Creadores, identificados ya con quienes están dispuestos a pasar por encima de los derechos humanos más básicos para defender su fuente de negocio, y para un Francisco Ros cada día más desacreditado como interlocutor por su patente parcialidad, supeditación a intereses corporativos, y desconexión total de la realidad de los usuarios de Internet: el mismo Francisco Ros que en su momento llegó nada menos que a amenazar con retirar una ley en medio de su tramitación si se introducían en ella provisiones para salvaguardar la neutralidad de la red, y que ahora intentaba abocar a la industria de los contenidos a una negociación con las operadoras en contra de los intereses de los usuarios. No, Señor Ros… los usuarios no somos el último de los intereses a salvaguardar. Somos – o cuando menos, deberíamos ser – el primero de todos ellos, porque se supone que somos quienes decidimos quién y con qué agenda se van a regir nuestros destinos. Hay que ver cómo son las cosas: un día se encuentra usted defendiendo a muerte el negocio de las operadoras como si fuesen éstas quienes siguiesen pagando su sueldo, otro día sostiene a ultranza el a todas luces insostenible modelo de negocio de la industria de los contenidos… y al tercero, de repente, está usted frontalmente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si fuese un dictadorzuelo cualquiera en una triste república bananera. Las vueltas que da la vida…
El otro asunto que sin duda traerá mucha cola en el futuro es la constatación de que el libre acceso a los servicios públicos de comunicación en la red es un derecho fundamental expresado en la Declaración de los Derechos Humanos. Nada que el tiempo y el imparable avance de la tecnología no nos fuese a traer – cada día, a medida que más y más servicios de todo tipo se despliegan en la red, resulta más obvio e inevitable que restringir el acceso de la población a la red resulta una discriminación insostenible – pero sin duda algo que viene muy bien tener puesto por escrito. Y algo que, además, tendrá gran influencia a la hora de definir lo que son servicios que deben ser ofrecidos de manera universal a la población, en un momento, el de la próxima disponibilidad de determinadas bandas del espectro radioeléctrico merced al apagón analógico, en que habrá que tomar decisiones sobre quién y de qué manera va a gestionar los servicios que ahí se ofrezcan.
No, no será éste el último intento por recortar nuestras libertades más básicas en Internet. Pero al menos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional francés, sabremos que quien lo intente, se estará poniendo en contra de la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no está nada mal.
Me algera muchísimo pensar que esta victoria, o más bien «normalización de la situación» ha provocado tan buenas reacciones.
Aún así me entristece pensar que los que quieren que la red sirva a sus designios y se esté calladita seguirán a lo suyo y ya buscarán maneras de intentar cargarse la neutralidad de la red.
Pero no pasará nada por que la lógica se irá imponiendo. Ya ha empezado a hacerlo.
Esto es una gran noticia, de alguna forma yo ya lo había anticipado cuando esto comenzo aquí mismo en este blog y otros.
https://www.enriquedans.com/2009/03/la-propiedad-intelectual-es-mucho-mas-importante-que-el-sentido-comun.html
Comentario N22
Saludos
a ver que apaño hacen nuestros insignes dirigentes y legisladores para que los de siempre sigan chupando del bote.
seguro que imponer un canon por cada adsl en este pais les compensa con creces el que (supuestamente) se pirateen sus mediocres contenidos.
Jaque mate.
A mi lo que sorprende es que nos tengamos que alegrar de algo que deberia ser totalmente normal: la proteccion de los derechos de los ciudadanos. Mal nos va si tenemos que recurrir a tribunales para garantizar derechos en contra de los gobiernos….
Si, lo se, soy un iluso…….
Enrique,
Una puntualización: La constitución francesa hace referencia a la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos del 26 de agosto de 1789, declaración fruto de la Revolución Francesa y que constituye el preámbulo de la constitución francesa actual y no a la declaración universal de los derechos del hombre del 10 de diciembre de 1948 de la asamblea general de la ONU, de la cual te haces eco -véase imagen-.
Asimismo, la Ley Hadopi, ya ha sido promulgada por el consejo de ministros –el pasado viernes-, es decir ya es ley quedando pendiente la modificación de los artículos rechazados por el Constitucional. El objetivo del gobierno Sakorzy a pesar de todos los obstáculos ha sido dotarse de un instrumento disuasorio y punitivo, aunque tenga que pasar por los jueces y sea inútil su aplicación efectiva por los problemas tecnológicos que plantea. Establece un principio y se dota de instrumentos legales para coartar derechos y libertades.
Por último, cuando afirmas que “sabremos que quien lo intente, se estará poniendo en contra de la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no está nada mal”, lamento decirte que pecas de ingenuo, durante todos estos años, 2/3 partes del mundo se han pasado por el forro el 99,99% de los principios que recoge la declaración de marras.
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Si no me confundo, la que forma parte de la Constitución francesa es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), no la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Enrique, A mi me parece interesante tu posición.
Para mì, el asunto sigue estando fuera del sistema jurídico. La industria del entretenimiento parece no haber entendido la dinámica social y parece que su sed de dinero les impide comprender su rol. Igual el sistema de PI.
El asunto me parece más de ética y rse. Trato de hablar un poco del tema en este post.
http://www.juanandrescano.com/2009/06/ley-sarkosy-telecomunicaciones-y.html
Gracias por tus ideas.
¿Y cómo anda el asunto en nuestra constitución?
Como ya se ha señalado más arriba, la declaración en la que se basa la sentencia es la de 1789, no la DUDH. Sin embargo, el razonamiento de Enrique sigue siendo jurídicamente válido, al menos para las democracias, dado que derechos tales como la libertad de expresión y la presunción de inocencia sí son universales en las constituciones democráticas (es decir, se dan en todas ellas).
#6 En efecto, la ley Hadopi entró ya en vigor, pero desdentada, sin los artículos inconstitucionales. Aunque le piensan añadir más tarde los dientes (artículos sancionadores), la esencia de la respuesta gradual se fue para no volver, dado que esa esencia consistía en sancionar al internauta sin juez y sin presunción de inocencia, a mera petición de la industria de contenidos.
Sin esa esencia, lo que tenemos es lo de siempre: la industria de contenidos puede acudir a los tribunales, como cualquier otro hijo de vecino. Las demandas masivas ya se pusieron en práctica en USA durante 5 años, y no sirvieron de nada. La industria de contenidos vuelve a estar donde estaba: si quiere, puede demandar, aunque eso no le sirva de nada. Se han quedado sin la que iba a ser su estrategia para los próximos años.
¿Cuántas veces habrá que repetir que una ley que no se puede hacer cumplir es irrelevante?
Para que os vayáis haciendo una idea de lo que significa para la industria de contenidos que la presunción de inocencia se mantenga en pie:
http://torrentfreak.com/court-rules-that-ip-address-alone-insufficient-to-identify-infringer-090615/
Por supuesto, en la gran mayoría de los hogares vive más de una persona. Combinad eso con el hecho de que la mayoría de la gente tiene ya router wifi en casa, y que la gran mayoría de los routers wifi están pobremente protegidos con WEP, por lo cual la conexión la podría haber estado usando un vecino.
·#11
Esta es la principal razón que tengo para mantener la conexión wifi abierta, nadie puede saber quien baja el p2p por mi router.
A esto se une, mi deseo real de dar servicio a cualquier vecino que lo necesite, Antes daba servicio, (que lo supiera), a uno que me pidió permiso para bajarse e-mails, pero se suscribió al ADSl, ahora creo que no doy servicio a nadie
Hay un tercer motivo, el alcance del wifi es tan corto, que en realidad solo en unas seis viviendas pueden hacer uso del router wifi, (razón por la cual nunca creí en Fon), lo que limita mucho la posibilidad de abusos de desconocidos..
Blanco o negro con o sin Declaración de Derechos. La tradición liberticida de la Revolución Francesa aparece en la misma sentencia citada. Además, la interpretación como un brindis al Sol sobre lo que debe ser o no la red, con o sin Declaración de Derechos Universales, Planetarios o Cósmicos, sigue aludiendo a una parte del problema: los derechos de autor de unos cuantos. En esto estamos, como siempre, al Sol que más calienta en cada sector. Lo único claro es que sólo cuando se popularizó el uso del coche fue necesario el código de circulación. Es evidente que entre tunear un IBIZA y comprar un BMW es una cuestión de gustos y de pasta. La neutralidad de la red no significa que hayamos encontrado la isla perfecta donde los problemas éticos y morales se decidan por la ley de más fuerte (el que revienta la protección), ni por la ley de la mayoría (esa que elige a Hitler o Stalin) ni por la coacción moral del pensamiento único. No podemos, no sabemos y lo demás demagogia sin centrar.
Un ejemplo más cercano. M. Madrigal, viejo desconocido en estos lares, ha llevado a cabo una investigación sobre la aparición de páginas de pederastas en redes sociales. Se ha encontrado con la gran dificultad: el Estado nación lo es para un territorio. La justicia universal, esa que Garzón usa para perseguir a todo dictador a condición de que no gobierne en este momento o este muerto (cobardía de la izquierda aburguesada, supongo), no es capaz de encontrar la forma para perseguir delitos en toda la red. Las denuncias que ha hecho M. Madrigal chocan siempre con la necesidad de que las páginas estén alojadas en territorio español. Y eso es una excusa porque uno de esas bestias es de Sevilla y lo publica en su perfil.
Y este es el eslabón más débil de los razonamientos de la supuesta neutralidad, anonimato o lo que se quiera, de la red y esas supuestas limitaciones tecnológicas para perseguir conductas. La capacidad que tenemos los seres humanos de crear instituciones, en sentido amplio, para garantizar nuestra libertad es algo que no aparecen es estas dos partes en litigio en el post. Y eso no es preocupante, sólo exasperante. Los conservadores de la SGAE, que defienden como derechos lo que son sólo privilegios, frente a los defensores de la copia privada, esto es, los que esperan vivir de ser los nuevos intermediarios, son las caras de la misma moneda. Exaspera leer que ambos pretenden defender los derechos de los demás, de todos. La pregunta es ¿quién ha dicho que representen algo más que dos opiniones discutibles, discutidas, limitadas, mediocres y con posiciones miserables en lo personal? Por mi parte sigo esperando encontrarme con el genio que dé con la solución, que llegará, seguro. ¿Cuándo? Por casualidad, sin pretenderlo, lejos de estos debates inútiles de patrones del siglo XIX.
Causa cierta perplejidad que los argumentos de los ilustrados franceses o de los liberales anglosajones del siglo XIX deban ser repetidos punto por punto para hacer frente exactamente a las mismas acusaciones a las que se enfrentaba en esa época el reconocimiento de la libertad de expresión.
En «republicas bananeras» y de «dictadores» tampoco se hace lo que se quiere, o lo que quisieran los de la industria cultural. Un ejemplo:
http://www.karisma.org.co/carobotero/index.php/2008/05/09/equinoxio-la-corte-suprema-de-justicia-sienta-precedente-sobre-animo-de-lucro-uso-personal-etc/