Enrique Dans

Trump no se comporta como un político convencional con tentaciones autoritarias. Se comporta como alguien que ha entendido perfectamente cómo funciona el poder en el siglo XXI: no hace falta cerrar periódicos si puedes desacreditarlos algorítmicamente, no hace falta prohibir votar si puedes rediseñar la burocracia para que millones de personas no puedan llegar a la urna, y no hace falta suspender formalmente la democracia si consigues convertirla en una interfaz hostil, opaca y punitiva. Lo que estamos viendo en Estados Unidos no es simplemente una deriva ideológica. Es algo mucho más serio: un intento de hackear la democracia.

La palabra importa. Hackear no significa necesariamente manipular una máquina de votación con una línea de código. Significa explotar vulnerabilidades de un sistema para forzarlo a comportarse de manera distinta a la prevista. Y eso es exactamente lo que está intentando hacer Trump con el sistema democrático estadounidense: identificar sus puntos débiles, desde la fragmentación administrativa hasta la complejidad regulatoria, y convertirlos en vectores de control político. La democracia, al fin y al cabo, también es tecnología. Es un conjunto de protocolos, poderes y contrapoderes, reglas, bases de datos, procedimientos de autenticación, cadenas de custodia, estándares de interoperabilidad y mecanismos de confianza. Y cuando alguien decide reescribir ese stack en beneficio propio, no está reformando nada: está atacando la capa de infraestructura del sistema.

Por eso el debate sobre la orden ejecutiva de marzo de 2025 y sobre la SAVE Act es tan importante: presentadas bajo el lenguaje aparentemente higiénico de la «integridad electoral», ambas iniciativas comparten una lógica muy clara: desplazar la carga de la prueba hacia el ciudadano, multiplicar la fricción del registro y ampliar la capacidad del poder federal para cruzar datos, revisar padrones y amenazar con sanciones o retirada de fondos. La propia orden ejecutiva exige prueba documental de ciudadanía para el formulario federal de registro y contempla revisiones coordinadas entre Homeland Security y otras agencias, todo para dificultar el voto a determinados ciudadanos. La SAVE Act, por su parte, exige prueba documental de ciudadanía para registrarse y abre la puerta a purgas continuas y a un entorno legal que castiga a funcionarios electorales por aceptar registros que luego puedan ser cuestionados. Todo ello en nombre de un problema cuya incidencia real, según múltiples análisis, es completamente marginal e insignificante.

Lo peligroso de este tipo de maniobra es que se vende como modernización. El autoritarismo contemporáneo nunca se anuncia como autoritarismo. Se presenta como auditoría, verificación, trazabilidad, seguridad, compliance o integridad del dato. Su estética no es la del uniforme, sino la del formulario. Su violencia no siempre adopta la forma de una porra: muchas veces adopta la forma de una persona que no consigue registrarse porque no tiene un documento a mano, de un funcionario muerto de miedo por una desmesurada amenaza penal, o de una administración local obligada a rehacer procesos enteros en pleno año electoral. La represión, en la era digital, se vuelve procedimental. Y precisamente por eso resulta más difícil de detectar para quien sigue buscando el autoritarismo con categorías del siglo XX.

Ese patrón, además, no es nuevo. Viktor Orbán lleva más de una década perfeccionándolo en Hungría: no destruyó la democracia de un día para otro, sino que la fue reconfigurando desde dentro, alterando leyes electorales, colonizando instituciones, controlando el ecosistema mediático y utilizando el aparato del Estado, incluidas sus capas más técnicas y burocráticas, para consolidar su poder, hasta el punto de que organismos como el Parlamento Europeo han llegado a calificar el país como una «autocracia electoral». Diversos análisis han documentado cómo ese proceso ha implicado una captura sistemática del sistema institucional y mediático. Lo que Trump parece estar intentando hacer en Estados Unidos recuerda inquietantemente a ese modelo: no es un golpe abrupto, sino una mutación progresiva del sistema hasta hacerlo prácticamente irreversible. Y sin embargo, incluso en ese contexto, Hungría empieza a mostrar signos de fatiga: las movilizaciones masivas contra Orbán, cada vez más amplias y sostenidas en los últimos meses, apuntan a una creciente contestación social. La lección es doble: el autoritarismo contemporáneo se construye con paciencia, pero también puede ser contestado si la sociedad entiende a tiempo la naturaleza del ataque. Aún queda esperanza.

En los Estados Unidos, la sociedad civil también se está viendo obligada a aprender el nuevo idioma del poder. Las protestas de No Kings no son solo una explosión espontánea de indignación: son también un ejemplo de movilización distribuida, coordinada y persistente. Más de 3,000 manifestaciones en ciudades y pueblos de todo el país, con convocatorias que se replican globalmente y que buscan canalizar un malestar transversal frente a un presidente al que muchos perciben como un aspirante a monarca absoluto. No se trata de una única protesta, sino de una serie continua de movilizaciones, la tercera en menos de un año, organizadas por redes como Indivisible, MoveOn o 50501, con materiales compartidos, mapas interactivos y formación online en seguridad y desescalada. Exactamente lo que cabría esperar de una respuesta en red frente a un intento de centralización del poder.

Ese detalle es crucial. Porque si el autoritarismo contemporáneo se construye sobre infraestructuras digitales de control, la resistencia democrática también necesita sus propias infraestructuras. Ya no basta con salir a la calle: hay que coordinarse, documentar, proteger comunicaciones, distribuir información, formar activistas y sostener el movimiento en el tiempo. La democracia, en ese sentido, también se ha convertido en un problema de arquitectura tecnológica.

Pero conviene no caer en el tecno-optimismo ingenuo. La misma tecnología que permite coordinar miles de protestas permite también vigilarlas, mapearlas, infiltrar sus canales, identificar a sus participantes y convertir cualquier gesto en dato. El poder autoritario siempre ha necesitado denunciantes: lo novedoso es que ahora puede integrarlos en plataformas, aplicaciones y flujos digitales que convierten la delación en una experiencia de usuario. El dedo acusador se convierte en botón. Y así, poco a poco, la ciudadanía deja de relacionarse con el Estado como sujeto de derechos para hacerlo como nodo dentro de una red de vigilancia.

Por eso la defensa de la democracia estadounidense no puede limitarse a repetir lugares comunes sobre «instituciones fuertes». Las instituciones no se defienden solas cuando alguien consigue colonizar sus capas más técnicas. Hay que defender los estándares, los procedimientos, la gobernanza de los datos, la transparencia algorítmica, la privacidad, la descentralización organizativa y la facilidad efectiva del ejercicio del voto. Hay que entender que hoy un ataque contra la democracia puede adoptar la forma de una base de datos mal cruzada, de una exigencia documental aparentemente razonable, de una app oficial, de una purga automatizada o de una narrativa viral diseñada para convertir la exclusión en un supuesto sentido común.

No, el problema no es solamente que Trump quiera ganar a toda costa las próximas elecciones para evitar recortes en su cuota de poder. El problema es que quiere rediseñar el sistema para que perder deje de ser una posibilidad real. Y cuando un líder empieza a actuar así, la pregunta deja de ser si estamos ante un populista más o menos agresivo. La pregunta correcta es, más bien, cuánto tiempo puede sobrevivir una democracia cuando un aspirante a tirano ya no necesita tanques, porque le basta con controlar formularios, registros, plataformas y miedo.

Y la respuesta, por desgracia, nunca ha sido tranquilizadora.