Enrique Dans

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Privacidad en retirada: cuando Estados Unidos normaliza la vigilancia privada» (pdf), y trata sobre una divergencia que cada vez resulta más difícil de ignorar: mientras en Estados Unidos la erosión de la privacidad se ha convertido en una especie de «daño colateral asumido» y a menudo externalizado a empresas privadas que actúan como «aspiradoras de datos», en la Unión Europea aún persiste, con todas sus contradicciones, una visión mucho más nítida de la privacidad como derecho fundamental y no como moneda de cambio.

El detonante inmediato es un episodio norteamericano tan doméstico como inquietante: la demanda del Estado de Texas contra cinco de los mayores fabricantes de televisores (Samsung, Sony, LG, Hisense y TCL) por el uso de técnicas de Automatic Content Recognition (ACR) para identificar lo que ves y construir perfiles de consumo, supuestamente con capturas de pantalla frecuentes y sin un consentimiento realmente informado. La historia está bien contada en The Verge, con un nivel de detalle que ayuda a entender la dimensión «cotidiana» de la vigilancia: ya no hablamos de un sofisticado programa estatal, sino de un electrodoméstico en el salón que, por defecto, pasa a comportarse como un auténtico sensor comportamental.

Lo interesante, más allá de la anécdota (o del escándalo, según se mire), es que este tipo de prácticas llevan años ocurriendo, con una mezcla de opacidad, resignación del usuario y un marco regulatorio fragmentario que favorece la ambigüedad. La propia FTC ya tuvo que intervenir en 2017 contra Vizio por recopilar historiales de visionado en millones de televisores sin consentimiento, imponiendo requisitos de consentimiento expreso y un programa de privacidad, en un caso que sirve para recordar que el problema no es «nuevo»: lo nuevo es su normalización y su extensión a todo el ecosistema del hogar conectado. Para quien quiera profundizar en la «fontanería» técnica que hace posible este tipo de vigilancia doméstica, merece la pena revisar investigación académica reciente sobre ACR en Smart TVs, que analiza tráfico de red y mecanismos de identificación de contenidos y muestra hasta qué punto la televisión conectada ha dejado de ser una pantalla para convertirse en un nodo activo de un sistema de medición y perfilado.

A partir de ahí, intenté apoyar el artículo en una idea que a menudo repetimos como cliché cultural, pero que, sin embargo, se está volviendo peligrosamente descriptiva: el ciudadano estadounidense tiende a desconfiar del Estado, pero tolera que las empresas privadas acumulen toda su información íntima. En Europa, en cambio, hay una mayor tolerancia histórica hacia el Estado como proveedor de servicios, pero una alergia mucho más marcada a que las compañías conviertan la vida en un dataset monetizable. Con el tiempo, esa diferencia no solo se mantiene: se amplifica. Y lo hace porque en Estados Unidos el derecho a la privacidad sigue sin cristalizar en una norma federal integral comparable al GDPR, lo que deja a los ciudadanos en manos de un mosaico de leyes estatales, reglas sectoriales y un enforcement completamente reactivo. En Brookings lo explican de forma bastante clara al analizar por qué, pese a años de promesas, la legislación federal amplia no termina de cuajar.

Europa, en cambio, parte o al menos intenta partir de otra premisa: la de que protección de datos no es solo «una buena práctica», sino un derecho que forma parte del núcleo duro del proyecto político europeo. No es retórica: está literalmente escrito en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en su Artículo 8, donde se reconoce el derecho a la protección de los datos personales y se exige control por una autoridad independiente. Ese fundamento jurídico explica por qué, aunque la aplicación sea imperfecta y lenta, Europa mantiene una brújula normativa que apunta a límites, proporcionalidad y derechos del ciudadano.

Y cuando uno quiere ver la diferencia en acción, resulta útil observar cómo se materializa en decisiones concretas. Reuters, por ejemplo, recogía hace pocos días una sentencia del Tribunal Supremo austriaco que considera ilícito el modelo publicitario personalizado de Meta tal y como se estaba aplicando, reforzando obligaciones de transparencia y acceso a datos para los usuarios y señalando problemas con el tratamiento de datos sensibles bajo el paraguas del GDPR. Es un recordatorio de que, en Europa, la discusión sobre privacidad no se queda en declaraciones: acaba aterrizando en obligaciones y, en ocasiones, en correcciones relevantes a modelos de negocio.

En conjunto, lo que intento plantear en la columna es que no estamos discutiendo un detalle tecnológico, sino un rumbo civilizatorio. En Estados Unidos, la vigilancia se privatiza y se normaliza. En Europa, se discute (a veces torpemente, a veces tarde, y con algunos retrógrados impresentables que pretenden tirar en la otra dirección) pero se sigue insistiendo en llamarla por su nombre y en encajarla dentro de un marco de derechos. Y quizá esa sea la diferencia crucial: no quién sabe qué de quién, sino quién tiene el poder de poner límites y, sobre todo, de exigirlos.