Enrique Dans

La decisión de la administración Trump de paralizar todos los proyectos de energía eólica marina offshore en Estados Unidos, alegando absurdos motivos de «seguridad nacional», no es solo otro giro más en la política energética estadounidense: es un acto deliberado de auto-sabotaje económico y tecnológico. En un contexto en el que la demanda de electricidad está creciendo de forma exponencial impulsada por la electrificación de la economía y la explosión en el uso de inteligencia artificial, dejar de lado una de las fuentes de energía más baratas, competitivas y fiables que existen no solo es insensato, es profundamente irresponsable.

La medida, ejecutada a través de una orden del Departamento del Interior que pausa los contratos de arrendamiento y detiene la construcción de proyectos como Vineyard Wind 1, Revolution Wind, Sunrise Wind, Empire Wind y Coastal Virginia Offshore Wind, se presenta como una respuesta ante supuestos riesgos de interferencia con sistemas de radar militar. Una excusa que es, en el mejor de los casos, un argumento técnico malinterpretado: expertos en defensa y proyectos ya aprobados han señalado que estos proyectos habían pasado por revisiones de seguridad exhaustivas, incluyendo evaluaciones del Departamento de Defensa, sin encontrar ningún tipo de peligro significativo.

El argumento de la interferencia con radares no solo es exagerado, sino que en la práctica ya existen mecanismos técnicos y acuerdos operativos para mitigar ese tipo de problemas en otras partes del mundo, como se está desarrollando en Reino Unido mediante inversión pública para adaptar sistemas de defensa a granjas eólicas marinas. Que Estados Unidos opte por frenar la innovación en lugar de adaptar su tecnología revela que la decisión no se basa en ciencia ni en seguridad práctica, sino en un absurdo y demencial prejuicio ideológico hacia las energías limpias expresado desde el día 1.

Esta política no solo va contra la lógica ambiental o climática: es una estupidez económica en toda regla. Las energías renovables, incluido la eólica marina, se han convertido en algunas de las fuentes más baratas de energía disponible si se evalúan en términos de costo nivelado de electricidad (LCOE), y se prevé que sus costes continúen cayendo con mejoras tecnológicas y economías de escala. En un momento en que el crecimiento de la demanda eléctrica, desde centros de datos hasta electrificación del transporte, exige ampliar la capacidad con rapidez y con costes lo más bajos posible, cerrar la puerta a muchos gigavatios de energía limpia recién en construcción es un acto de puro masoquismo económico.

Además, la decisión ha desencadenado una oleada de incertidumbre financiera que ha penalizado a empresas que invirtieron miles de millones de dólares en estos proyectos, y que están ahora sujetas a paradas repentinas de obra y litigios. Esta incertidumbre desalienta la inversión privada y sitúa a Estados Unidos en desventaja frente a competidores globales que avanzan a toda máquina en la transición energética.

La excusa de la «seguridad nacional» es, en el mejor de los casos, la versión más sofisticada de la absurda retórica conservadora tradicional contra lo que Donald Trump calificó, en el colmo de la estupidez y la ignorancia, como «energía fea e ineficiente». El problema es que, hoy en día, «ineficiente» es un calificativo que no puede ni de lejos ser aplicado a la energía eólica: en su lugar, describe más bien políticas cerriles que pueden elevar los costes de la electricidad, exponer a la economía a la volatilidad de los combustibles fósiles y poner en riesgo la competitividad industrial. Ignorar décadas de evidencia económica y descarbonización para aferrarse a una visión estrecha y anacrónica es, simplemente, ignorancia de Estado.

Más allá de los números, es importante subrayar el impacto social de esta torpeza: empleos destruidos o congelados, inversión privada retraída, comunidades costeras que contaban con nueva actividad económica, y consumidores que pagarán más por la energía. Paralizar la transición energética en este momento no solo es un error técnico: es un fracaso estratégico que entrega ventajas geopolíticas a rivales tecnológicos y energéticos, mientras Estados Unidos renuncia a uno de los recursos energéticos más acertados de su tiempo.

Hay una forma clara de describir este enfoque: estupidez estratégica. No se basa en un análisis coste-beneficio riguroso ni en una evidencia técnica consolidada, se basa únicamente en el prejuicio ideológico de un idiota y en una visión miope y defensiva. El resultado será que, en un momento en que el mundo necesita más electricidad barata y limpia, Estados Unidos insiste en dar deliberadamente de espaldas a una fuente de energía que podría darles exactamente eso. Y lo más irónico es que lo hace bajo la bandera de la «seguridad nacional», mientras sacrifica precisamente la seguridad energética y económica de sus propios ciudadanos.