Di NO a ACTA

 

ACTA, elaborada por los Estados Unidos bajo la presión del lobby de la industria del entretenimiento, pretende obligar a los prestadores de servicio en internet a actuar como policías que vigilan todos los contenidos creados por los usuarios, a restringir el acceso a la red para aquellos usuarios que se considere (sin el debido proceso legal en los tribunales) que actúen en violación de los derechos de autor, y a eliminar contenido que supuestamente viole dichos derechos de autor sin necesidad de aportar pruebas fehacientes sobre dicha violación.

El texto fue declarado secreto por el gobierno norteamericano y se mantuvo como tal hasta mayo de 2008, cuando desde WikiLeaks fueron capaces de obtener una copia y la publicaron inmediatamente en la red. Desde entonces, ha recorrido un turbio proceso de ratificación, buscando recovecos en paquetes legislativos genéricos, en comisiones no relacionadas con el tema, disfrazado como acuerdo comercial genérico, hasta hoy. ¿Cómo puede un engendro legal semejante llegar al punto de pretender ser aprobado a nivel mundial? Sencillamente, porque cuando a los políticos les toca confrontar la protección de la industria del entretenimiento con los derechos fundamentales de los ciudadanos que los votan, se inclinan invariablemente en favor de los primeros.

 

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