La definición de “estado policial” se aplica a las situaciones en las que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados, en este caso, los ciudadanos.
El pasado Viernes 7 de Abril, las fuerzas policiales, tras una operación iniciada en Octubre de 2005, irrumpieron en una serie de domicilios particulares y realizaron quince detenciones contra una serie de pacíficos ciudadanos que se limitaban a proveer una serie de vínculos a determinados contenidos en Internet (El País, El Mundo, Libertad Digital). La naturaleza de la actividad que estos ciudadanos desarrollaban, de acuerdo con la legislación vigente, no resulta constitutiva de delito. Ningún juez ha sentenciado que dicha actividad sea ilegal, de manera que la siniestra actuación de las fuerzas del orden, convertidas en payasos al servicio de un modelo de negocio caduco, no era más que una mera operación de marketing. Un “que viene el coco” orquestado por una serie de lobbies de poder que, por lo que se ve, no sólo pueden hacer en este país lo que buenamente quieran, sino que pueden además involucrar en sus desmanes nada menos que a políticos y a las mismísimas fuerzas del orden, que actúan así, como decíamos, en contra de los intereses y voluntad de los ciudadanos que les eligieron y que, con sus impuestos, financian su actividad.
La operación, que terminará con los detenidos en la calle sin que sea posible acusarlos de ningún delito, no es más que una burda pantomima organizada por las sociedades de gestión de derechos de autor destinada a crear miedo en la sociedad. La industria grita “¡que viene el coco!”, y políticos y policías les hacen los coros. Mientras, los jueces ponen en la calle a los que no estaban comentiendo ningún delito – lo contrario sería tan ridículo como tener que perseguir la actividad de los motores de búsqueda – y los usuarios se preparan para seguir haciendo aquello que la tecnología les permite hacer y que desean seguir haciendo: intercambiar contenidos. Aunque tumben portales de e-links, siempre habrá más, y seguirá habiendo también aplicaciones P2P, y programas de mensajería instantánea, y mensajes de e-mail, y seguiremos utilizándolos siempre que nos dé la gana para intercambiarnos lo que nos dé la gana. Aunque tal y como están las cosas, no sería extraño que empezasen a entrar en los domicilios de los ciudadanos previa patada en la puerta. Después de todo, es lo que se espera de un estado policial.
Cada vez que consumas un producto de esa industria, acuérdate de lo que estás financiando.
Ilustración: “Que viene el coco“, de la serie de grabados “Los Caprichos”, de Francisco de Goya






10.04.2006 a las 04:30 Permalink
[...] Si es que esto es una vergüenza, en España, nuestra querida policÃa ha detenido a una serie de personas involucradas con el intercambio de ficheros peer to peer. Obviamente eso no es delito, por eso pagamos el cánon de la SGAE, porque parece que t… [...]
10.04.2006 a las 08:38 Permalink
[...] La reciente detención de ciudadanos españoles por hacer uso de sus derechos al hacer públicos enlaces en Internet resulta muy preocupante. Serán absueltos, pero mucha gente autolimitará su libertad por miedo al estado y las mafias (perdón lobbies… [...]
11.04.2006 a las 04:46 Permalink
[...] No me refiero a la guerra de irak y a ningun conflicto bélico especifico, me refiero a la guerra de abogados, politiqueos, amenazas y traiciones que esta llevando la industria audiovisual para restringir nuestro acceso libre a la cultura. A los grand… [...]
26.03.2008 a las 09:20 Permalink
[...] social no debe sorprender. Si además el poder político y organismos de aparente credibilidad criminalizan a los internautas, no [...]