La Unión Europea decidió convertirse en pionera normativa con el AI Act, pactado en diciembre de 2023 y sustentado en un supuesto enfoque de «riesgo proporcional»: cuanto mayor sea el daño potencial, más estrictas serán las obligaciones. Ese cronograma, que ya ha prohibido algunos usos desde febrero y que exige que los modelos de propósito general cumplan determinados requisitos específicos a partir del día 2 de agosto, avanza a una velocidad que contrasta con la inmadurez tecnológica del propio objeto que se pretende regular.
Esa prisa no es nueva: el Viejo Continente ya intentó hacer pedagogía mundial con el GDPR en su momento, y parece ahora decidido a repetir la fórmula sin esperar a que otros calibren el alcance real de la inteligencia artificial. El resultado, ...
