Sobre vigilancia y paranoias

Una noticia acerca de un contrato del Instituto Nacional de Estadística con los tres operadores de telefonía móvil más importantes en España ha desatado todo tipo de noticias y comentarios alarmantes sobre la privacidad y la posibilidad de que el estado se dedique a espiar a los ciudadanos en España, un extremo completamente fuera de lugar en un estado de derecho y que carece de todo sentido desde cualquier análisis mínimamente lógico.

Lo que el INE hace es algo que se lleva haciendo muchos años, y que además, se realiza con todas las garantías de privacidad. Hace ya mucho tiempo que las operadoras tienen divisiones dedicadas a la venta de datos de movilidad de sus abonados en forma agregada, datos que cualquiera puede adquirir si tiene interés, por ejemplo, en el tránsito o la actividad en una zona comercial determinada, para obtener información sobre hábitos de la población, etc. Informes que conozco, por ejemplo, como el realizado por Bestiario hace ya unos cuantos años para el Ayuntamiento de Barcelona en la época de Xavier Trías utilizaron, de forma completamente estandarizada, normalizada (y sin que nadie se ofendiese) datos de más de trescientos mil usuarios de teléfono móvil para determinar los patrones de desplazamiento en el área metropolitana con el fin de optimizar rutas de transporte, etc., y nunca se consideraron amenazadores para la privacidad de nadie: de hecho, la práctica de las operadoras al suministrar esos datos era tan celosa con ese tipo de cuestiones, que cuando había menos de veinte dispositivos en una célula determinada, no se proporcionaban datos para evitar la remota posibilidad de que alguien intentase especular sobre su posible identidad.

Ese tipo de prácticas son completamente habituales, forman parte de la actividad de las operadoras, y se encuadran en un ámbito de respeto a la privacidad. Considerarlas de alguna manera «espionaje» o «monitorización» es algo que solo puede entenderse desde una óptica alarmista, sensacionalista o, como suele ser desgraciadamente el caso, de desinformación. La paranoia ante el uso de nuestros datos personales es hoy en día algo desgraciadamente habitual, pero esa paranoia, en países que podemos calificar sin ningún ápice de duda como estados de derecho, no tienen tanto que ver con la actividad de sus gobiernos como con la de algunas empresas privadas. En España, la actividad del INE se ha situado siempre dentro de lo legítimo y, es más, aporta un gran valor a la hora de proporcionar datos sobre los ciudadanos de nuestro país, en todos los sentidos. Plantear que una institución como el INE va a ser de alguna manera puesta al servicio de algún tipo de actividad de espionaje o de control poblacional es completamente absurdo, desde cualquier punto de vista que se quiera mirar, como muy acertadamente comenta Raül Segarra en este hilo de Twitter.

¿Qué pretende el INE? Mediante una herramienta completamente normal, un contrato con operadoras que ya de manera habitual llevan a cabo esa actividad, busca obtener datos sobre el movimiento de población de una forma más fiable y completa de lo que obtiene con la que era su herramienta anterior, la encuesta. Hace falta entender muy poquito de estadística para darse cuenta de la ventaja que supone en términos de eficiencia y de significación el poder obtener datos de una muestra prácticamente universal, la de usuarios de telefonía móvil, frente a la de obtenerlos de una muestra restringida como la de una encuesta puntual. Si, como parecen pretender algunos, la ley impidiese de alguna manera la realización de estas tomas de datos, el INE se vería obligado a seguir utilizando encuestas, los datos tendrían un nivel de calidad y de representatividad muy inferior, y las conclusiones que podría extraer para aconsejar, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras estarían basadas en información de menor calidad. ¿Es eso lo que pretendemos o lo que estimamos adecuado? ¿En función de qué criterio? ¿Únicamente porque no nos fiamos de una institución como el INE, que nunca ha generado ningún tipo de susceptibilidad? ¿Justifica eso que ahora nos dediquemos a soltar públicamente comentarios del tipo «ahora que sabemos que el gobierno nos espía»?

Pasar de «las operadoras van a facilitar información agregada sobre los movimientos de sus usuarios» a «el gobierno va a acceder a la localización de mi móvil» es un salto conceptual incorrecto y basado en la ignorancia: no, nadie va a acceder al GPS de tu móvil – algo que, por cierto, permites hacer de manera habitual a un buen número de apps muchísimo menos fiables en sus prácticas que el INE – ni va a activar ninguna función especial en él. Simplemente, va a recopilar una información sin la cual tu smartphone no podría funcionar, la del registro en antena, y la va a suministrar, sin datos personales de ningún tipo, para su tratamiento estadístico. Eso es todo. ¿Puedes renunciar marcando alguna casilla? No, porque no hablamos de lo mismo: no es porque alguien lo impida, sino porque los smartphones, para funcionar, necesitan forzosamente estar registrados en una antena. Te pongas como te pongas, que alguien calcule la densidad de smartphones registrados en cada antena en un período determinado no es algo que amenace tu intimidad ni tu privacidad. Y sí proporciona datos interesantísimos sobre la actividad de los ciudadanos en un país, útiles para muchísimas cosas.

No, nos pongamos como nos pongamos, el gobierno no nos espía. En un estado de derecho, si el gobierno quiere conocer las actividades de un ciudadano o grupo de ciudadanos, tiene que solicitarlo ante un juez. Pedir a lasa operadoras información sobre el movimiento de sus abonados y recibir una información completamente agregada sin posibilidad de re-identificación no es en absoluto una actividad de espionaje, sino algo que forma parte de la praxis normal de un gobierno. Los datos no muestran a nadie en concreto, sirven para saber qué número de personas se desplazan de Alcobendas a Madrid y a qué horas, pero no para saber si tú en concreto realizas ese desplazamiento, ni si te detienes un rato los lunes y los miércoles en casa de tu amante. Los datos, además se agregan por células, no por domicilios ni por calles concretas, y como ya hemos comentado antes, están a disposición de cualquier empresa privada que quiera adquirirlos, sin que ello suponga ningún tipo de amenaza a nuestra privacidad. Es, simplemente, algo normal. ¿Por qué íbamos a querer que el INE, cuyos resultados sirven para que el gobierno entienda mejor las necesidades de sus ciudadanos, no pudiese utilizar una herramienta así? Es, sencillamente, conspiranoia, y además, sin base alguna.

Proteger nuestro derecho a la privacidad o desarrollar una conciencia sobre la importancia de su protección es algo muy positivo. Ojalá lo hubiésemos hecho antes, y nos hubiese servido para identificar las muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que permiten a terceros obtener infinidad de datos personales. Pensar que, en un estado de derecho, el estado se dedica a espiarte es algo completamente distinto, y además, en el caso que nos ocupa, algo completamente erróneo y no justificado. No hagamos alarmismo, no desinformemos y no caigamos en la paranoia, ni juguemos a evocarla. En términos de privacidad, cuanto antes pongamos las cosas y a los distintos actores en su sitio, mejor para todos.

This post is also available in English on my Medium page, «When it comes to privacy, let’s not confuse alarmism with vigilance«