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Jose Manuel Sánchez, de ABC, me envió un par de preguntas por correo electrónico para documentar su artículo sobre los retos de España y de Álvaro Nadal al frente del ministerio en la Agenda Digital, a raíz de su inclusión en la nueva cartera del Gobierno. El artículo se titula “Agenda Digital: retos y desafíos para una España actual” (pdf).

La agenda digital viene dictada por Europa a modo de “santo grial” que hay que seguir para no quedarnos supuestamente descolgados, y se centra en varios aspectos como el desarrollo de la economía digital, el despliegue de redes o la mejora de la llamada e-Administración. En realidad la agenda digital europea – y por tanto, su trasposición a los distintos países – es un texto ramplón creado por personas con una visión terriblemente restrictiva y temerosa de la tecnología, carente de ambiciones, escasísimo en sus planteamientos, en donde se dejan completamente de lado los elementos más importantes del futuro y de la transformación digital, y que ignora además algunos de los elementos de control más importantes fundamentales para evitar que el futuro se vea condicionado por los intereses económicos de unos pocos, por lo que mucho me temo que salvo que exista una estrategia propia de los países para ir más allá, no vamos a poder esperar gran cosa de una iniciativa así. 

A continuación, el texto completo que envié a Jose Manuel sobre el tema:

La agenda digital europea no es especialmente ambiciosa ni acertada, y parte de muchos errores fundamentales. Considera la transformación digital como “una lista de deberes”, una serie de recuadros en los que poner una X, y eso no es en absoluto así. La transformación digital de un país, y más en el entorno de una unión supranacional como la Unión Europea, tiene que comenzar por un cambio de actitudes, por una transmisión de valores que dejen inequívocamente claro que la transformación digital no es en modo alguno “una opción” o “un deseo”, sino una obligación absolutamente prioritaria. Consiste en cambiar la mentalidad de cada político, cada secretario de Estado y cada funcionario para que entiendan que es imprescindible no solo trabajar de otra manera, sino posibilitar que otros lo hagan sin interferencias. La e-Administración no se intenta: la e-Administración se impone por la fuerza. Se elimina el papel de un día para otro, se quitan las máquinas fotocopiadoras, se fuerza a trabajar sobre medios electrónicos y se dotan los medios de comunicación con el ciudadano a través de canales electrónicos que sean necesarios. Pensar que eso es “imposible”, que “es necesaria mucha formación” (cuando hoy la tecnología es más sencilla que nunca) o que “habrá mucha oposición” es posponer el problema con falsas excusas. 

En lo tocante al desarrollo de la economía digital, lo que hay que pedir a la clase política es, básicamente, que se quite del medio y no moleste. Es fundamental que tome una actitud constructiva, que abandone actitudes derrotistas centradas en “los terribles peligros” de la tecnología, y sobre todo, que nunca, en ningún caso y bajo ningún concepto intente proteger a la industria tradicional ni al incumbente. Quienes estaban antes en una industria o quienes la lideraban anteriormente nunca necesitan protección: si no son capaces de protegerse por si mismo, deben adaptarse para hacerlo. Protegerlos artificialmente desde la política implica en realidad condenarlos a una muerte lenta y dolorosa por inadaptación, además de generar un retraso tecnológico para todos. La idea de “proteger puestos de trabajo” choca con la realidad de que esos puestos, si no se les fuerza a adaptarse, desaparecerán de todas maneras cuando otros, desde otros países, generen esas alternativas imposibilitadas o dificultadas aquí.

Favorecer la economía digital no es destinar dinero a subvenciones: los países más destacados en ese sentido no siguen esa estrategia, que genera emprendedores y compañías especializados en “la caza del dinero fácil” y que lo priorizan sobre el desarrollo y la estrategia de sus compañías. La burocracia es el peor enemigo del desarrollo.

De cara al imprescindible despliegue de redes, hay que tener clarísima la importancia de que las redes sigan manteniendo su característica fundamental, que es el hecho de ser neutrales y abiertas. Si hipotecamos el desarrollo de las redes a los deseos de las empresas de telecomunicaciones, nos encontraremos con un despliegue de redes que responde a sus intereses y no al bien común, redes sobre las que se desplegarán servicios según las prioridades de las empresas de telecomunicaciones, no según esquemas de competitividad. Ceder a los deseos de las empresas de telecomunicaciones en ese sentido es un tremendo error, por muy privilegiado que sea su acceso al poder político.

 

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Enrique Dans :