En primer lugar, en un habilísimo uso de los medios de comunicación. Las noticias que hablan de los derechos de autor, que hacen referencia a la “piratería”, a las supuestas “condenas” a usuarios o empresas, o que interesada y torticeramente mezclan delitos reales con descargas de materiales de la red perfectamente legales y sin ánimo de lucro mantienen una cadencia constante y machacona, y son enviadas a los medios a través de una amplia variedad de canales. Si pasa un cierto tiempo sin noticias al respecto, se utilizan sucesos anteriores (incluso con más de cinco meses de antigüedad), o directamente se genera una, como sucede con los supuestos “estudios sobre el impacto de la piratería” que periódicamente son enviados a los medios. La idea es generar un clima constante que vaya calando en la mente del ciudadano que lee un periódico o ve un telediario, y que cada muy poco tiempo recibe un bombardeo con un tono siempre manipulado en la misma dirección.

En segundo lugar, y mucho más en “modo siembra”, las actuaciones en los colegios: auténticas campañas de adoctrinamiento similares a aquella “formación del espíritu nacional”, que pretenden incidir sobre los más jóvenes machacando de manera insistente los conceptos de propiedad intelectual. Un invitado de una sociedad de gestión, a veces acompañado por algún personaje conocido del mundo del espectáculo o la canción, acude al colegio, es presentado por el profesor y, aprovechando la natural candidez infantil, desarrolla paralelismos incidiendo en todas las falacias habituales: comparación de propiedad intelectual y propiedad física, vinculación de la creación cultural con la industria dedicada a la explotación de sus derechos, planteamientos apocalípticos de “se acabará la cultura”… conceptos que no aguantarían ni cinco minutos de discusión son utilizados para deformar mentes infantiles, que tras la sesión “formativa”, o mejor, “deformativa”, acaban representando felizmente una obra de teatro.

En tercero, la mismísima judicatura: a través de cursillos de verano y seminarios diversos, los jueces reciben “instrucción” de supuestos “expertos en propiedad intelectual” con la excusa de que el rápido avance tecnológico hace precisa la actualización de sus conocimientos, para que puedan estar preparados ante las nuevas formas de delincuencia. No es preciso mencionar que absolutamente todos los ponentes de ese tipo de seminarios sostienen las mismas tesis, y tampoco es preciso explicar cuáles son éstas. En una ocasión, fui invitado por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial y lector del blog tristemente fallecido muy poco tiempo después, a impartir una jornada en la Escuela Judicial de Verano sobre “Incidencia de las Nuevas Tecnologías en la Justicia”, específicamente dedicada a los temas relacionados con la propiedad intelectual: yo era el único de todas las jornadas con una visión abiertamente contraria a la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Huelga decir que la experiencia no volvió a repetirse, y me consta por el feedback recibido que no fue debido a ningún tipo de insatisfacción de los asistentes. A lo largo de varios años impartiendo este tipo de cursos y seminarios, el número de jueces que han pasado por los mismos es muy elevado: en algunos países, se hace verdaderamente difícil conseguir un juez que no sea considerado abiertamente parcial en este tipo de temas.

El último punto, pero no por ello menos importante, es la labor de lobby sobre los diferentes estamentos políticos. Las sociedades de gestión de derechos y las asociaciones que representan a los intereses de la industria de los contenidos llevan a cabo un constante goteo de peticiones sobre los políticos, con los que desarrollan acciones que van desde el adoctrinamiento hasta la amenaza directa de “sacar a los famosos a la calle”. En algunos casos, estos lobbies tienen un nivel de influencia sobre el político de turno que llegan incluso a determinar la composición de comisiones o a introducir cláusulas o enmiendas en leyes que pasan directamente a la redacción final, saltándose los procedimientos parlamentarios.

¿Qué determina la evidente eficiencia de esta industria a la hora de influenciar su entorno? Fundamentalmente, su nivel de organización. Toda una infraestructura de recursos bien pagados puesta al servicio “de la causa”, de un conjunto de intereses de un grupo pequeño de empresas que, siendo sobre el papel competidores, han vivido muchísimos años en un mercado que no es tal mercado, en el que fijan precios y se reparten ingresos con total impunidad sin que ningún tipo de legislación les toque un pelo de la ropa. Viven literalmente al margen de unas leyes que retuercen y redefinen a su antojo. Al otro lado, una masa de personas que simplemente dedica a la defensa de sus intereses los llamados “ciclos ociosos“: su tiempo libre. En el típico juicio de la RIAA norteamericano se enfrenta normalmente unos abogados carísimos por el lado de la acusación, y uno con mucha menos experiencia, mal pagado o actuando pro-bono por el lado de la defensa, que como mucho en ocasiones cuenta con la asesoría de algún académico brillante o de algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Al final, la estrategia de intoxicación masiva se mantiene por una razón evidente: funciona. Y es capaz de prolongar, incluso, la mismísima sinrazón.

Lo sucedido con Rosa Díez era, evidentemente, algo que tenía que pasar. A medida que los políticos empiezan a utilizar herramientas en una web en la que todo queda recogido y deja pistas de alguna manera en algún sitio, estaba claro que viviríamos situaciones de incoherencia como ésta. Si no hay más, es simplemente porque nadie las ha investigado lo suficiente.

Pero más allá de la casuística o de la atribución a una persona que, además, utiliza su Twitter con un tono completamente personal y directo (por lo cual “ofende” más la constatación de que no es ella quien realmente lo escribe), cabe plantearse una duda más de fondo: ¿en qué consiste la “autenticidad”? ¿Debemos considerar aceptable que un Twitter de Rosa Díez, con su nombre, etc. sea actualizado por un tercero? ¿O que el blog de Pepiño Blanco en el que supuestamente difunde su dosctrina y pensamiento político no sea escrito por él mismo? Todos sabemos perfectamente que Obama no actualiza su Twitter ni su Facebook él mismo, y no pasa nada porque, fundamentalmente, tampoco afirma estar haciéndolo él. Las actualizaciones del Twitter de Obama son un relato de sus actividades narrado por una persona o personas de su equipo, no pretende dar a entender que es él personalmente quien teclea. El blog de la Casa Blanca es eso, el blog de la Casa Blanca, un blog institucional, no personal. Algo completamente distinto a actualizaciones con un tono completamente personal como ésta:

¿Hay que redefinir esto de la “autenticidad” en algún sentido cuando se aplica a la política frente a cuando se nos aplica al resto de los mortales? Yo, que soy una persona común y corriente, he escrito personalmente todas y cada una de las tres mil novecientas setenta y cinco entradas de este blog menos una, y si yo no escribiese mi blog, pero lo firmase como tal y alguien lo descubriese, perdería en ese instante toda mi credibilidad. ¿Puede un político hacer eso sin problemas y salir airoso? ¿Varía esto de la “autenticidad” según hablemos de políticos, directores generales o personas normales y corrientes?

El mito a discutir es el de “el político está demasiado ocupado como para dedicarse a esas cosas”, o el de “que gobierne y se deje de bloguear, twittear y esas tonterías”. Lo he comentado muchas veces: no se trata de falta de tiempo, porque tiempo tenemos todos el mismo, veinticuatro horas cada día. Se trata de falta de prioridades. Actualizar un Twitter lleva escasamente medio minuto cada vez que decides hacerlo. Escribir un blog lleva algo más, pero… ¿voy a votar a un político que me dice que entre sus prioridades no está el comunicar directamente con sus electores? En tal caso, que el político me explique “verás, estoy utilizando un asistente, un ‘bot de carne y hueso’ pero que escribe lo que yo le envío”, o que haga abiertamente un blog dedicado a su gestión y escrito por terceras personas, y yo juzgaré si eso me parece adecuado y tengo interés en seguirlo, o no es así. Frente a eso, la posibilidad de que un político, como hacen algunos, escriba directamente en su página – aceptando por supuesto que no tiene porqué hacerlo todos los días y que adaptará la frecuencia a su disponibilidad de tiempo y asignación de prioridades – y sea realmente él o ella ante su electorado. ¿De verdad supone una mala asignación de prioridades que un político dedique tiempo a escribir en una página para que sus ciudadanos lo lean? Lo siento, pero me niego a aceptarlo.

Desde mi punto de vista, mentir en política es y será siempre algo completamente  inaceptable, y las herramientas tecnológicas están, entre otras cosas, para que los electores podamos saber lo que estan haciendo nuestros políticos, no para que nos cuenten batallitas y simulen ser personas encantadoras y cercanas. Lo sucedido con Rosa Díez nos trae un debate necesario: ¿queremos políticos que utilicen las herramientas de la red para comunicarse con su electorado de manera genuina, para acercar su gestión y escuchar la retroalimentación subsiguiente, o estamos dispuestos a aceptar que “como están muy ocupados”, todo sea en realidad una farsa impostada? ¿Debe un político ser alguien que no escribe sus discursos, ni su blog, ni sus actualizaciones en Twitter, ni su programa, ni nada, alguien que está “demasiado ocupado como para hablar directamente con sus ciudadanos”? ¿Entonces para qué lo quiero? ¿Es una figura publicitaria, un simple icono representativo? ¿Nos parece bien que la política se convierta en un mero teatro, o en la era de las herramientas de publicación personales y sencillas, le demandamos algo más?

ACTUALIZACIÓN: desaparece la cuenta de Twitter de Rosa Díez. A falta por el momento de más explicaciones, esto parece la “crónica de cómo estropear lo que podía haberse arreglado con una simple aclaración”. A lo mejor es que efectivamente, esto de Twitter y la conversación son ejercicios de transparencia excesivamente avanzados para la política española…

Se dice que John Fitzgerald Kennedy fue el primer “TV President”, el que inauguró la época en la que aparecer en televisión era lo más importante para cualquier candidato. Ahora, se especula con que John Edwards podría convertirse en ese primer “YouTube President”, ese candidato capaz de inaugurar una nueva era en las campañas presidenciales, siguiendo una ruta ya iniciada en su momento por Howard Dean. Por el momento, la respuesta a través de YouTube está siendo notablemente positiva.

Lo más posible es que este tipo de herramientas sean ya utilizadas por todos y cada uno de los candidatos en las elecciones de 2008. La idea de John Edwards es asociar el uso de Internet, el vídeo a través de la red y herramientas afines no exclusivamente al momento de la campaña, sino al transcurso habitual de la acción política. Veremos como le va, pero la idea, en principio, es francamente atractiva.

Recogen el tema Seth Godin y Smart Mobs.

A ver quien es el primero que se atreve a montar algo así para la política española.

“en un paso más del proceso de modernización que ha acometido la Cámara Baja, con una inversión hasta 2007 de 17 millones de euros. El dispositivo, que les permitirá trabajar desde cualquier lugar, está fabricado por QTEC, y es el modelo 9100, valorado en 500 euros. Podrán tanto navegar como consultar la agenda o hablar por el teléfono móvil que lleva integrado.”

Hasta aquí, aparte de discutir – y sería mera opinión – la idoneidad del dispositivo escogido, en donde mi experiencia me llevaría a una elección diferente a la de los sesudos consultores que en virtud de unos se supone muy meditados criterios, lo habrán recomendado, todo bien. El problema viene cuando, al seguir leyendo, me encuentro con que

“Una vez en manos de los diputados el nuevo equipamiento informático se les dio una breve lección práctica sobre su funcionamiento.”

Y aquí ya se me caen todos los palos del sombrajo. ¿Cómo que “una breve lección práctica sobre su funcionamiento”? O sea, un “aquí está el teléfono, y para teclear le dais aquí, y para llamar, aquí, y para enviar un mensaje, aquí…” ¿Pero de verdad esperan que sus señorías le saquen partido a un dispositivo como ese tras “una breve lección práctica sobre su funcionamiento”? Llevo impartiendo clases a sus señorías más de cuatro años, año tras año, y me juego una apuesta con quien quiera que dentro de seis meses, los padres de la patria estarán utilizando sus fastuosos terminales QTek 9100 única y exclusivamente para hablar por teléfono, en un porcentaje superior al 90% de los casos. Es más, me juego lo que sea a que si dentro de seis meses me dejan hacer una serie de sencillas preguntas a los diputados en términos de “busca esto en Google”, “contesta este e-mail” o “métete en GTalk para cruzar una conversación con aquel”, suspenderían la prueba el 90% de ellos.

Siempre estamos igual. Gastamos una barbaridad de dinero en tecnología, para después descuidar lo verdaderamente importante: la formación en su uso. Un terminal de ese tipo NO ES UN TELÉFONO. Es muchísimo más, es una ventana abierta al mundo, una oportunidad para buscar la información que sea, en el momento que sea, para mantener conversaciones instantáneas, para recibir y contestar e-mails, para acceder a páginas, para consultar estadísticas, para escribir un blog, para…” Les aseguro que con la “breve lección práctica sobre su funcionamiento” que les han dado a los Diputados, esos temas, si es que han sido mencionados, no han podido ser en modo alguno asimilados. Para serlo, para cambiar de verdad el modo de trabajo de una persona que lleva utilizando un teléfono móvil muchos años y en manos de quien se pone un dispositivo como ese esperando que le saque buen partido, necesitarías como mínimo, según mi métrica, cinco sesiones hiper-prácticas de hora y media. Menos es, simplemente, tirar el dinero. Mi dinero. Tu dinero. El dinero de todos los españoles.

“Una breve lección práctica sobre su funcionamiento”… Y así queremos introducir a los padres de la patria en la sociedad de la información. Señorías, algunas cosas, sobre todo cuando son importantes, es mejor dejarlas en manos de profesionales. Y créanme, los hay muchos y muy buenos.