Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.

Nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y a las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales.

La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, que con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información.

La comentada norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, de la configuración constitucional de la Libertad de Expresión; de la separación de Poderes que se consagra en nuestra Carta Magna, dado que el cierre de medios de información como páginas web es una facultad atribuida al Poder Judicial; y de la separación de jurisdicciones.

Los conflictos en materia de propiedad intelectual han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.

Por todo ello, el colectivo Red SOStenible le invita a informarse y, si lo considera oportuno, en la medida de su ámbito de actuación, poner su grano de arena a fin de que este atropello a nuestras Libertades y Derechos Fundamentales no se perpetre.

Confiando en la Justicia con mayúsculas, desde Red SOStenible transmitimos un respetuoso saludo a Sus Señorías.

_

Publicada originalmente en http://red-sostenible.net

En primer lugar, en un habilísimo uso de los medios de comunicación. Las noticias que hablan de los derechos de autor, que hacen referencia a la “piratería”, a las supuestas “condenas” a usuarios o empresas, o que interesada y torticeramente mezclan delitos reales con descargas de materiales de la red perfectamente legales y sin ánimo de lucro mantienen una cadencia constante y machacona, y son enviadas a los medios a través de una amplia variedad de canales. Si pasa un cierto tiempo sin noticias al respecto, se utilizan sucesos anteriores (incluso con más de cinco meses de antigüedad), o directamente se genera una, como sucede con los supuestos “estudios sobre el impacto de la piratería” que periódicamente son enviados a los medios. La idea es generar un clima constante que vaya calando en la mente del ciudadano que lee un periódico o ve un telediario, y que cada muy poco tiempo recibe un bombardeo con un tono siempre manipulado en la misma dirección.

En segundo lugar, y mucho más en “modo siembra”, las actuaciones en los colegios: auténticas campañas de adoctrinamiento similares a aquella “formación del espíritu nacional”, que pretenden incidir sobre los más jóvenes machacando de manera insistente los conceptos de propiedad intelectual. Un invitado de una sociedad de gestión, a veces acompañado por algún personaje conocido del mundo del espectáculo o la canción, acude al colegio, es presentado por el profesor y, aprovechando la natural candidez infantil, desarrolla paralelismos incidiendo en todas las falacias habituales: comparación de propiedad intelectual y propiedad física, vinculación de la creación cultural con la industria dedicada a la explotación de sus derechos, planteamientos apocalípticos de “se acabará la cultura”… conceptos que no aguantarían ni cinco minutos de discusión son utilizados para deformar mentes infantiles, que tras la sesión “formativa”, o mejor, “deformativa”, acaban representando felizmente una obra de teatro.

En tercero, la mismísima judicatura: a través de cursillos de verano y seminarios diversos, los jueces reciben “instrucción” de supuestos “expertos en propiedad intelectual” con la excusa de que el rápido avance tecnológico hace precisa la actualización de sus conocimientos, para que puedan estar preparados ante las nuevas formas de delincuencia. No es preciso mencionar que absolutamente todos los ponentes de ese tipo de seminarios sostienen las mismas tesis, y tampoco es preciso explicar cuáles son éstas. En una ocasión, fui invitado por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial y lector del blog tristemente fallecido muy poco tiempo después, a impartir una jornada en la Escuela Judicial de Verano sobre “Incidencia de las Nuevas Tecnologías en la Justicia”, específicamente dedicada a los temas relacionados con la propiedad intelectual: yo era el único de todas las jornadas con una visión abiertamente contraria a la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Huelga decir que la experiencia no volvió a repetirse, y me consta por el feedback recibido que no fue debido a ningún tipo de insatisfacción de los asistentes. A lo largo de varios años impartiendo este tipo de cursos y seminarios, el número de jueces que han pasado por los mismos es muy elevado: en algunos países, se hace verdaderamente difícil conseguir un juez que no sea considerado abiertamente parcial en este tipo de temas.

El último punto, pero no por ello menos importante, es la labor de lobby sobre los diferentes estamentos políticos. Las sociedades de gestión de derechos y las asociaciones que representan a los intereses de la industria de los contenidos llevan a cabo un constante goteo de peticiones sobre los políticos, con los que desarrollan acciones que van desde el adoctrinamiento hasta la amenaza directa de “sacar a los famosos a la calle”. En algunos casos, estos lobbies tienen un nivel de influencia sobre el político de turno que llegan incluso a determinar la composición de comisiones o a introducir cláusulas o enmiendas en leyes que pasan directamente a la redacción final, saltándose los procedimientos parlamentarios.

¿Qué determina la evidente eficiencia de esta industria a la hora de influenciar su entorno? Fundamentalmente, su nivel de organización. Toda una infraestructura de recursos bien pagados puesta al servicio “de la causa”, de un conjunto de intereses de un grupo pequeño de empresas que, siendo sobre el papel competidores, han vivido muchísimos años en un mercado que no es tal mercado, en el que fijan precios y se reparten ingresos con total impunidad sin que ningún tipo de legislación les toque un pelo de la ropa. Viven literalmente al margen de unas leyes que retuercen y redefinen a su antojo. Al otro lado, una masa de personas que simplemente dedica a la defensa de sus intereses los llamados “ciclos ociosos“: su tiempo libre. En el típico juicio de la RIAA norteamericano se enfrenta normalmente unos abogados carísimos por el lado de la acusación, y uno con mucha menos experiencia, mal pagado o actuando pro-bono por el lado de la defensa, que como mucho en ocasiones cuenta con la asesoría de algún académico brillante o de algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Al final, la estrategia de intoxicación masiva se mantiene por una razón evidente: funciona. Y es capaz de prolongar, incluso, la mismísima sinrazón.

El abuso, además, no solo se basa en los desproporcionados medios legales a su alcance y en la actitud de llevar hasta las últimas consecuencias el caso provocando así que el acusado incurra en abundantes gastos derivados de su defensa, sino también en técnicas de muy dudosa validez jurídica, como el uso de MediaSentry (parte obviamente interesada) como testigos expertos, el uso de demandas anónimas, la solicitud de denuncia por parte de universidades e ISPs, y el apoyo en el conservadurismo de unos jueces que, en ausencia de mejor criterio y abrumados por la aparente complejidad de un entorno que escapa a su comprensión, prefieren apoyarse en la parte que sienten más próxima a su razonamiento. Sin duda, la RIAA se ha aprendido la lección de que “los Estados Unidos tienen la mejor justicia que el dinero puede comprar”, y lo aplica a rajatabla para provocar una situación de patente desequilibrio.

Exactamente lo mismo comentábamos no hace mucho con respecto a la situación en España: los jueces españoles, en materias que rozan mínimamente la tecnología, están no solo indefensos debido al desconocimiento, sino que además se apoyan en aquellos que tienen llegada natural a ellos, los que les imparten cursos de verano, los que pagan a los mejores abogados y los que invocan los tópicos tanto del más rancio talibanismo en todo lo tocante a la propiedad intelectual, como de una red perversa percibida como un antro de vicio y perdición en el que reina la anarquía. En la contraparte, ciudadanos indefensos cuyas libertades están siendo vulneradas: cuando se legisla de más o se interpretan las leyes persistentemente en favor de una de las partes, no debemos olvidar que se están poniendo en compromiso los derechos de la otra parte: en este caso, los de todos los ciudadanos.

Desde hace cierto tiempo, y muy vinculado con mi contacto con el estamento judicial en aquella ocasión, vengo observando con preocupación algunas resoluciones judiciales relacionadas con el ámbito de Internet y las nuevas tecnologías. Mi preocupación viene dada por la más que patente ignorancia de muchos jueces en lo tocante al funcionamiento de Internet, la red y la tecnología en general. Un desconocimiento grave, acrecentado por una fortísima labor de intoxicación llevada a cabo de manera sistemática por entidades de gestión de derechos de autor, en cursos como aquel en el que excepcionalmente tuve el gusto de participar gracias al hecho de que Fernando Fernández Martín había caído en mi blog y se habia aficionado a su lectura. Y la base de mi preocupación es tan simple como contundente: ¿debe un juez intentar juzgar algo para lo que no está preparado? Mi preocupación es genuina: no pretendo discutir las competencias de la Judicatura, sino partir de la base de que las circunstancias que acompañan al desarrollo de la tecnología son complejas, multidimensionales, y que mantenerse actualizado es, en sí, una tarea que puede en muchos casos exceder la preparación de muchas personas, independientemente de sus capacidades. No se trata de acusar a los jueces de ignorantes, sino de plantearse, como un interesante ejercicio en democracia ante el único poder del Estado que no es elegido democráticamente, cuáles son las competencias que debe tener una persona para juzgar determinadas circunstancias, y que circunstancias con claramente poco deseables en ese sentido.

Una oposición consiste, como muchos lectores seguramente sepan, en un fortísimo ejercicio de las facultades de la memoria. Para llegar a juez, un opositor debe ser capaz de “cantar” unos cuatrocientos temas a gran velocidad, alcanzando así un fortísimo conocimiento de unas leyes en cuya aplicación consiste su trabajo. Sin duda, conocer las leyes a ese nivel es un requisito importante a la hora de llegar a juez. Pero también cabe plantearse hasta qué punto la preparación y las habilidades desarrolladas incluyen otros temas igualmente importantes: el ejercicio del sentido común, la capacidad para argumentar y la madurez a la hora de plantearse la aplicación de dichas leyes, sobre todo cuando circunstancias como el progreso tecnológico fuerzan fuertes cambios en el sistema de referencia.

No se trata de desacreditar al juez, pero sería cuestión de plantearse hasta qué punto nos tutela de forma eficiente un sistema judicial que no solo comete pecados de ignorancia y de falta de preparación para la toma de decisiones en un entorno en el que carecen de sistemas de referencia, sino que además resulta permanentemente influenciado o intoxicado por aquellos lobbies que tienen mayor llegada a dicho colectivo. Las sociedades de gestión lo saben bien: pocas acciones hay tan provechosas como invertir en cursos para los jueces, e intentan desarrollar esa labor con profusión. Y seguramente la solución no pasa por la verticalización en forma de creación de un cuerpo específico para ese tipo de entorno, sino por el desarrollo de una formación equilibrada, en la que quepan diferentes interpretaciones y puntos de vista, y que se incorpore al bagaje de conocimientos y habilidades de los jueces de una manera progresiva y natural, en lugar de recibir la interpretación unívoca e interesada de quienes, además, obtienen un importante beneficio económico a resultas de ello. Si los jueces no obtienen una preparación actualizada, no desarrollan sus habilidades de aplicación y argumentación de las leyes en determinadas situaciones, y además se dejan influenciar de manera repetitiva por la parte más interesada, es posible que la salud del estamento judicial y las garantías para el ciudadano de obtener un juicio justo estén dejando en España mucho que desear.