En el documento filtrado aparecen provisiones destinadas a forzar a cualquier actor en la red o fuera de ella, desde empresas proveedoras de tecnología hasta proveedores de acceso, pasando por empresas de hosting, operadores móviles, universidades, etc. a detener la actividad de todo aquel que se crea pueda estar tomando parte en infracciones de cualquier tipo a la propiedad intelectual o las marcas registradas, en lo que se constituye como un auténtico cajón de sastre susceptible de ser utilizado contra absolutamente cualquier cosa. Incluye también sanciones contra quienes desactiven medidas anti-copia, o la extensión de la política de desconexión de Internet de usuarios que sean acusados de infracciones. ACTA es, sin ningún lugar a dudas, el mayor intento hecho hasta el momento de ejercer un control sobre Internet, de perpetuar los conceptos relacionados con la propiedad intelectual y el copyright antes de que estos puedan ser redefinidos en función del nuevo escenario sociotecnológico, crear un nuevo estándar de aplicación de propiedad intelectual más allá de los estándares existentes. ACTA es, a día de hoy, la verdadera amenaza.

Con ACTA no podemos andarnos con tonterías: crea un marco legislativo que puede ser utilizado para recortar de manera drástica las libertades más básicas. Como en ocasiones anteriores, pretenderán convencer a la opinión pública de que se trata de acciones contra las grandes redes de piratería o contra organizaciones internacionales, pero nunca de actuar contra los ciudadanos. En función de lo que nos temíamos y de lo que el documento filtrado revela claramente, es mentira. Es preciso hablar del tema, estar plenamente informados, tener las ideas muy claras al respecto, y que no haya voces discordantes: en el momento en que se plantee, el rechazo debe ser total y efectivo, y manifestarse en forma de una fuerte presión ante los gobiernos y representantes políticos de cada país. En mi caso, había evitado hablar de ACTA debido a que carecía completamente de información fiable al respecto. Hoy, tras leer el documento filtrado, inauguro decididamente la etiqueta y el capítulo. Ten tus antenas activadas: oirás hablar de ACTA, no lo dudes. Nunca unos pocos intentaron de manera tan clara y resolutiva recortar las libertades de todos.

ACTUALIZACIÓN: Las primeras reacciones a la filtración no se han hecho esperar. En menos de veinticuatro horas, el Supervisor Europeo para la Protección de Datos (SEPD) se ha pronunciado afirmando que la propiedad intelectual no puede colocarse por encima de los derechos fundamentales y criticando el secretismo de las negociaciones, completamente inaceptable.

La reacción fue inmediata: el “gol” no solo estaba marcado “en fuera de juego”, sino que además, violaba las normas más elementales del juego político. Al estar hecha de tan mala manera, metida con calzador y a toda prisa, la Disposición Final Primera se llevaba por delante los derechos fundamentales de los ciudadanos al proponer la creación de una comisión administrativa con capacidad censora, una potestad reservada a los jueces por mandato constitucional. La rápida difusión del Manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” que comenzó al día siguiente forzó una serie de reacciones del gobierno, pero en la dirección equivocada: en lugar de reconocer el error de haber permitido que sus “amistades peligrosas” modificaran a su antojo el Anteproyecto, intentaron “arreglar el desaguisado” dándole apariencia legal, y para ello entraron en una espiral que terminó por llevarles a plantear la modificación de dos leyes, una Ley Orgánica y un Real Decreto con el fin de intentar parchear el tema de alguna manera. La cuestión seguía siendo burda, porque respondía a una pretensión tan clara como espantosa: “como los jueces no nos dan la razón, prescindamos de los jueces”. Para ello, pretendían justificar la creación de todo un “aparato legal” en forma de justicia paralela hecha a la medida de las pretensiones de las sociedades de gestión de derechos de autor, a las que se otorgaba el privilegio de tener sus propios tribunales y procesos.

El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: efectivamente, las cosas no se pueden arreglar así. Y no se puede, porque los comienzos son erróneos. Para empezar, porque la propiedad intelectual no se puede equiparar con los derechos fundamentales. No, ni parecía lógico, ni lo era, poner la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que cuestiones como el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de juventud e infancia. Sencillamente, es erróneo: por mucho que se pretenda confundir interesadamente, la propiedad intelectual pertenece, como su propio nombre indica, al ámbito de los derechos de propiedad, no al de los derechos fundamentales. Y si la propiedad intelectual no es de por sí un derecho fundamental, mucho menos lo es el negocio derivado de la comercialización de la misma, un negocio que, como tal,  únicamente debe someterse al ámbito de las leyes del mercado. Una cosa es la creación, y otra muy distinta su comercialización.

El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: suspende al gobierno en Derecho, deja claras las incoherencias derivadas de pretender enrocarse en el error, y pide a gritos la verdadera rectificación necesaria: la eliminación de la Disposición Adicional Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, y el planteamiento de un verdadero y legítimo debate sobre la reforma de la propiedad intelectual en el foro que legítimamente le corresponde, en el que se traten mucho más aspectos de un asunto cuyas implicaciones van, sin duda, mucho más lejos que lo que torpe y apresuradamente se planteaba en esa ominosa Disposición Final Primera.

Efectivamente: era una mala idea.

En la noticia se detalla cómo un empleado de la Universidad de Georgia utilizó una acusación de infracción de copyright para extorsionar a un estudiante, demandándole una suma de dinero a cambio de no cursar la infracción. En realidad, se trata exactamente del procedimiento de matonismo judicial que la RIAA utiliza habitualmente en los Estados Unidos: denunciar a una serie de personas, y demandar sumas de dinero a cambio de no acudir a un proceso que, en caso de celebrarse, y considerando el coste de una buena defensa en los Estados Unidos, redundaría previsiblemente en un plazo largo y sumas de dinero importantes. En el Reino Unido, esta misma práctica ha sido objeto ya de denuncia en la Cámara de los Lores.

En realidad, la situación proviene de confundir torticeramente los derechos de autor con el copyright, o derecho de reproducción. Mientras los derechos de autor son discutidos por muy pocos, los derechos de reproducción se han convertido en una industria multimillonaria capaz de recurrir a los métodos que consideren necesarios para perpetuar su negocio: si hay que extorsionar a estudiantes o a ciudadanos, se les extorsiona. Pero el fin justifica los medios, y si hay que ir más allá, se extorsiona a gobiernos, como estamos viviendo actualmente en España.

Cada vez que indagas en las razones por las que los políticos españoles llegan incluso a amenazar las libertades fundamentales de los ciudadanos, te encuentras invariablemente lo mismo: una supuesta “amenaza fantasma” de sanciones internacionales. En realidad, esa amenaza nunca se ha concretado: se reduce a hacer que el país figure en una lista determinada junto con otros que no han sido sancionados en ningún momento, lista a la que ha llegado arbitrariamente gracias a unos informes descaradamente sesgados y realizados… ¡por las propias sociedades de derechos de autor, convertidas así en juez y parte en el tema! A mayor presión internacional, mayores ventajas para su negocio, una aritmética sencilla.

En su progresiva escalada armamentística, la extorsión ha llegado incluso a condicionar la entrada de Rusia en la World Trade Organization al cierre de una página web. Pero no nos dejemos engañar: ninguna de estas acciones defiende los derechos de autor ni a los autores, sino los derechos de reproducción de su obras comercializados por unas empresas determinadas. Unas empresas que, usando la extorsión como arma, se han convertido en auténticas dominadoras de la situación: todos, desde políticos a ciudadanos, temen el alcance de su larga mano. Pero no caigamos en su demagogia: nadie defiende a unos autores a los que llevan años y años exprimiendo a cambio de porcentajes ridículos, generalmente de un solo dígito. Defienden un negocio multimillonario, el de las copias, que simplemente ha perdido su sentido. Y si para defenderlo hay que extorsionar a quien sea, particulares, empresas, gobiernos o países enteros, hágase. Trescientos años después del Estatuto de la Reina Ana, el copyright se ha convertido en una herramienta para la extorsión.

1. Porque la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos. Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad.
2. Porque poner los delitos contra la propiedad intelectual por encima de muchos otros delitos infinitamente más graves es algo que no se justifica de ninguna manera.
3. Porque no se protege a los creadores, sino únicamente a la industria intermediaria de la creación cultural. Los creadores, en una economía basada en atención, pueden adoptar modelos de negocio que les permitan seguir siendo remunerados por sus creaciones.
4. Porque crear una “casta de protegidos” que pueden acudir a una “justicia express” para solucionar sus problemas supone un evidente desprecio al resto de la ciudadanía.
5. Porque la cultura española no está sufriendo por culpa de las webs de enlaces que este plan pretende supuestamente combatir. De hecho, la cultura española no está sufriendo en absoluto.
6. Porque tal y como está redactado, el articulado permite que se persiga cualquier tipo de página web, sea cual sea su contenido y función. De hecho, al retirar la responsabilidad de los derechohabientes (quien denuncia es la Comisión, y quien asume responsabilidades en caso de daños y perjuicios por tanto el Estado), éstos pasarán a “tirar con pólvora del Rey”, y el volumen de denuncias y las casuísticas recogidas en ellas se incrementarán notablemente.
7. Porque la protección existente con el ámbito legislativo actual es adecuada. Un derechohabiente que considere lesionados sus intereses puede interponer medidas cautelares que se ejecutan en un plazo muy breve, y derivar las oportunas responsabilidades en caso de que éstas existan. Que los jueces hasta el momento hayan considerado que esos casos deben ser sobreseídos o desestimados no es un “error del sistema”, sino un criterio judicial plenamente fundamentado y justificado. La medida, por tanto, supone un desprecio al criterio de los jueces.
8. Porque la Ley de Economía Sostenible no es lugar para este debate, ni lo permite. El debate sobre la protección de los derechos de autor debe vincularse con la redefinición legislativa de los derechos de autor y la propiedad intelectual para adecuarla al nuevo escenario, y debe tener su propia tramitación independiente.
9. Porque permitir que un lobby industrial introduzca artículos a su antojo en un anteproyecto de ley revela un importantísimo problema de funcionamiento democrático, y debería conllevar la correspondiente depuración de responsabilidades: ¿cómo consiguió la Coalición de Creadores “colar” esa disposición final ahí? ¿Qué miembro del Gobierno les permitió hacerlo? ¿Por qué se escuchó a ese lobby que se arroga la representación de “los creadores”, cuando existen muchos más creadores en Internet cuya voz no fue escuchada?
10. Y sobre todo, porque no va a servir para nada. Las páginas que sean cerradas reaparecerán con otros nombres, se clonarán cien mil veces, y se reubicarán constantemente. Porque esas páginas ni siquiera son necesarias para localizar contenidos para su descarga. Porque los bloqueos pueden saltarse de infinitas maneras. Y porque se está creando un incentivo para el desarrollo de una red mucho más incontrolable, que acabará generando muchos más problemas que los que hoy se pretende combatir.

Finalmente, el Consejo de Ministros se pronunció sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de la peor manera posible: no corrigen el error, y además se enrocan en él. Solo les ha faltado movilizar a los GEOs y al Santo Padre: ahora, los “delitos” relacionados con la propiedad intelectual en Internet serán juzgados ¡por la Audiencia Nacional!

Impresionante: los jueces que enjuician a narcotraficantes o terroristas estarán encargados de decidir, a instancias de una comisión administrativa y en cuatro días, si una web infringe la propiedad intelectual, y si corresponde su cierre o bloqueo. Mientras, todo un Ministro de Justicia, en rueda de prensa, habla de la propiedad intelectual ¡como derecho fundamental! ¿Se han vuelto locos en este Gobierno?

Veamos: hasta ahora, si un derechohabiente consideraba vulnerada su propiedad intelectual, podía acudir a un juez. En virtud de medidas cautelares disponibles incluso con procedimiento de urgencia, esa página podía ser cerrada en plazos muy cortos, y el hecho posteriormente enjuiciado. Sin embargo, y aquí radica el problema y la razón del entrecomillado de la palabra “delitos”, en nuestro país, este tipo de juicios han terminado con sobreseimiento o absolución. En algún caso, incluso se condenó a la parte acusatoria, la SGAE, por mala fe procesal en la solicitud de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que en España, las páginas que facilitan enlaces para la descarga de materiales no son constitutivas de delito.

El procedimiento existente hasta ahora funcionaba perfectamente en nuestro país: los derechos de propiedad intelectual estaban suficientemente protegidos. ¿Problema? Las resoluciones de los jueces no gustaban a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual. No eran favorables para su negocio. Ante esto, y dada su proximidad al Gobierno de todos los españoles, esos lobbies asaltaron la Ley de Economía Sostenible, y con la connivencia de una Vicepresidenta, introdujeron en ella una disposición final. Una disposición final que nada tiene que ver con la sostenibilidad de la economía de todos los españoles, sino únicamente con la sostenibilidad de SU economía, de la de los intermediarios de la propiedad intelectual, los mismos que consiguieron que les hiciesen un canon a medida. La introducción de dicha disposición final, además de pervertir completamente la ley de economía sostenible para transformarla en un “cajón de sastre” a la medida de sus intereses, era tan chapucera que vulneraba derechos que SÍ son fundamentales, como la libertad de expresión.

¿Cómo arreglar tamaño despropósito? Retirando esa disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En su lugar, el Gobierno ¿de todos los españoles? ha querido sacar los tanques a la calle: innecesario, absurdo y, sobre todo, perverso. Si cada vez que un sector tenga problemas vamos a liar semejante artificio para salvarlo, nuestra economía será muchas cosas, pero… ¿sostenible?

José Ramón Chaves García, Sevach, es profesor universitario y juez de lo contencioso-administrativo en ejercicio, una persona con abundante criterio al respecto. Su autorizada opinión es clara, categórica, valiente y sobre todo, oportuna: deja patentes las maniobras de un gobierno que parece dispuesto a lo que sea con tal de contentar a los únicos con los que parece querer hablar, las sociedades de intermediarios de los derechos de autor y las industrias culturales. El parche presuntamente propuesto (según El País, nada sabremos hasta que este mediodía se pronuncie el consejo de ministros) para intentar mantener en donde está la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es una chapuza, un engaño y una burda mentira: citando al propio José Ramón, “un torpedo en la línea de flotación del Estado de Derecho”.

La única manera de arreglar ésto es eliminar dicha Disposición Final Primera, que además nunca debió llegar ahí ni tiene nada que ver con la sostenibilidad de más economía que la de algunos caraduras, y depurar además responsabilidades sobre los mecanismos por los que una “coalición de predadores” que representa los intereses de una industria en declive puede dedicarse a dictar las leyes en este país.

Lo que el gobierno ha hecho es, simplemente, meter apresuradamente a un juez en la marmita para evitar tener que tocar el guiso. En las condiciones en las que han metido al juez, su papel resulta simplemente absurdo: antes de todo esto, un afectado por la violación de sus derechos de autor podía ir a un juez, pedir medidas cautelares, y si el juez lo estimaba oportuno, estas se aplicaban generalmente en menos de dos semanas. Si después se demostraba que las cautelares habían sido inapropiadas, la acusación debía indemnizar al denunciado por los posibles daños y perjuicios. Si los planes del gobierno son aprobados, se creará una comisión administrativa: el denunciante irá a esta comisión, esta comisión reclamará al juez las medidas cautelares, el juez dirá que la comisión es un órgano administrativo autorizado para solicitarlas, y las concederá. Tras el paso por los juzgados, la posible indemnización correspondería a la comisión que solicitó el cierre, y por tanto, la pagaríamos todos. Gran avance: para este viaje, no nos hacía falta ni comisión, ni jueces, ni alforjas. En realidad, la comisión sigue siendo quien cierra, el cierre sigue siendo un cierre administrativo, y la figura del juez no valida nada: es una simple “faena de aliño”, un “como ya hay juez, cállense”. Pues mira, no… no cuela.

Para empeorar el tema, la “matización” del gobierno no se produce retocando la ley, sino simplemente a nivel de reglamento. Para los que no conozcan la diferencia entre ley y reglamento, es fundamental entender que una ley requiere, para modificarse, un trámite que recibe abundante visibilidad, mientras que un reglamento puede ser modificado sin necesidad de que ésta exista. Incluso aunque este gobierno fuese de toda nuestra confianza, las leyes se dictan con carácter indefinido y permanente, lo que hace que esta ley vaya a estar vigente y disponible para que otros gobiernos en los que no sabemos si confiaremos hagan con ella lo que quieran: mientras para esos gobiernos cambiar la ley supone un trámite importante y visible a la opinión pública. En el caso de una Ley Orgánica, que sería lo que correspondería a algo que afecta, como en este caso, a un derecho fundamental, se requiere una mayoría cualificada en las dos cámaras para aprobarse, lo que es más complejo, requiere mayor consenso y aporta más visibilidad. El cambio de un reglamento, sin embargo, puede hacerse con relativa discreción, lo que abre la posibilidad a todo tipo de abusos, particularmente en un tema como éste en el que los intereses generados han demostrado ya en numerosas ocasiones estar dispuestos a todo tipo de atropellos democráticos.

Lo único que corresponde aquí es que se dejen de mentiras: RETIRADA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. Primero, porque no pinta nada ahí. Porque llegó a esa ley mediante un proceso turbio protagonizado por un lobby que representa a un determinado sector industrial que solo busca su beneficio. Y porque un asunto como ese merece una discusión adecuada en el Parlamento y con la ciudadanía, no un mero “pasar” como “disposición adicional”.

Envíalo a @desdelamoncloa:

O retirada, o nada. Lo demás son mentiras y componendas para hacer sostenible solo la economía de algunos. Basta de mentiras.

La disposición final sigue donde estaba, y además, su texto no se altera. Sigue siendo igual de ambigua, sigue siendo una amenaza a los derechos fundamentales que podría permitir el cierre de cualquier página, pero se anuncia que será maquillada a nivel de reglamento. Una propuesta absolutamente inaceptable cuando lo que se pedía era la retirada de la disposición final: no solo no se retira de una ley en la que no pinta absolutamente nada, sino que se mantiene exactamente igual que estaba, sin tocar ni una coma.

Para colmo, el maquillaje tiene grumos: el artefacto que el gobierno pretende emplear para el cierre de páginas web (sí, ese que el presidente mintió diciendo que no tendría lugar) es jurídicamente insostenible, pues insiste en seguir intentando conseguir por la vía administrativa lo que los jueces no están concediendo por la vía judicial: el cierre lo sigue decidiendo esa “Comisión” dependiente del ministerio de cultura, sigue siendo un cierre administrativo, pero recurre al juez para que convalide determinados aspectos de ese cierre, como adecuadamente razonan David Maeztu o David Bravo. Sigue siendo exactamente lo que acertadamente describía el mismo David Bravo hace un mes: “tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro ‘mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de ésto’”.

Diagnóstico: de nuevo, un atropello inaceptable, al servicio de unos lobbies de presión de una industria que pretende mantenerse artificialmente a costa de todos nosotros. Lo de “economía sostenible”… ¿se refiere a sostener la economía de quién? Si quieres proponer un nuevo modelo productivo, empieza por hacer que se adapten aquellos cuyo modelo productivo resulta a todas luces insostenible en una economía digital.

De todos los puntos del manifiesto, el gobierno solo ha pretendido dar respuesta a uno, y lo ha hecho además torticeramente y mal, mediante un intento de maquillaje aplicado groseramente con brocha gorda. Se siguen planteando cierres administrativos, se siguen poniendo los derechos de autor por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se sigue intentando corregir un problema que no existe, se sigue evitando el planteamiento de nuevos modelos aplicados a la creación, y sobre, todo, se sigue insistiendo en medidas que incluso aunque llegasen a producirse, no servirían absolutamente de nada, porque son simples intentos de poner puertas al campo, algo sencillamente imposible.

El gobierno miente, el gobierno engaña, el gobierno maquilla, y el problema sigue ahí, en toda su magnitud. Un mes, y no hemos avanzado nada. Un mes después, la disposición final sigue donde estaba…

Con profunda decepción, porque José María Lassalle fue uno de los asistentes a aquella reunión celebrada al hilo del manifiesto, porque ocupa un cargo de influencia en el partido, y porque no expone su postura a título personal, sino aparentemente como postura de su partido. Y porque con su postura demuestra tener la cabeza blindada a la entrada de toda idea nueva, enrocada en una concepción de propiedad intelectual absolutamente absurda en los tiempos que corren, y lo peor, llena de ideas perversas sobre “robos”, “piratas” y fantasmas por el estilo con los que, decididamente, no vamos a ningún lado. Este tipo de ideas no son las que España necesita, no representan ningún cambio con respecto a lo que hay, y no se convierten en esperanza de nada. Son, simplemente, más de la misma estupidez.

En la triste mentalidad de José María Lassalle, España es un país lleno de malvados piratas que se apropian de las obras de los pobrecitos artistas. Que un político, en pleno siglo XXI, sea capaz de visualizar a su masa de electores como una especie de caterva de ladrones y predadores como incesantemente buscan los lobbies de la propiedad intelectual debería ser motivo suficiente como para que perdiese los favores de dicho electorado. Me está usted insultando, señor Lassalle, y está insultando además  a mi sentido común. Mi sentido común de creador, señor Lassalle. Porque en Internet también se crea, un volumen de creación interesantísimo, que no tiene nada que ver con los lobbies de la propiedad intelectual y con las sociedades de gestión con las que usted se reúne como únicos interlocutores de “los creadores”, y que florece al calor de las nuevas reglas que rigen la sociedad de hoy. Reglas que están ahí aunque no hayan sido legisladas, porque contrariamente a lo que ocurre con las antiguas, éstas sí responden a la realidad.

No, señor Lassalle. Por mucho que pretendan los lobbies que representan a la antigua concepción de la propiedad intelectual, aquí nadie está robando nada. Cuando un ciudadano se descarga una obra de la red, no la está robando, ni es necesario proteger a nadie de ello. La propiedad intelectual, en la era de la red, no se protege bloqueando el acceso a ella, ni persiguiendo a los ciudadanos al grito de “más propiedad, más legalidad”. La propiedad intelectual se protege consiguiendo que circule, que florezcan en el nuevo entorno nuevos modelos capaces de generar un importantísimo potencial económico en lugar de perseguir el muerto y caduco negocio de esas copias que ahora todos podemos hacer. Mientras siga usted viendo ladrones y fantasmas, no vamos a ningún lado. Mientras pretenda que todas esas cosas que los jueces han demostrado por activa y por pasiva que NO SON DELITO en España tienen que serlo forzosamente porque eso dice su maltrecho sentido común, no nos entenderemos. Si me insulta antes incluso de que me siente a la mesa, mal vamos. Señor Lassalle, yo me bajo cosas de Internet. Muchas. Básicamente, las que me da la real gana. Medite usted: mientras me considere usted un ladrón, no le aceptaré como interlocutor. Porque aunque me bajo muchas cosas de Internet, muchos artistas y la cultura en general tienen conmigo una ecuación más que positiva. Voy a conciertos, pago la entrada, me compro camisetas para evocar el momento, hablo de lo que viví, genero atención, los recomiendo a otras personas… las copias, señor Lassalle, son lo de menos a día de hoy. El dinero no se gana en las copias, porque una copia carece completamente de valor. Las industrias de contenidos no necesitan “más protección”, porque las leyes actuales son ya protección suficiente. Internet no necesita “más protección”, no necesita que lo convirtamos en un “estado de excepción”. La cultura no necesita eso. Las industrias necesitan darse cuenta de que insultar y perseguir a sus clientes no es un buen modelo de negocio, que no funciona, pero que hay otros muchos que sí lo hacen, y muchos artistas de todo tipo que se encargan de demostrarlo. Los números cantan, señor Lassalle.

Deje de darse cabezazos contra la pared, señor Lassalle: su concepción de propiedad intelectual ligada al número de copias ya no es válida en la era digital, y necesita una drástica redefinición. Hace agua por todas partes. España no es un “país de piratas”, y la responsabilidad de que figure en esa lista que usted menciona no es de los españoles ni de su comportamiento en la red, sino de unos interesados lobbies que mienten a los organismos internacionales mediante informes falsos, pintando una imagen falsa y torticera de nuestro país, para intentar incrementar la presión favorable a sus intereses. El panorama de las descargas en España no es diferente al de Estados Unidos, el Reino Unido o Francia. Las medidas coercitivas no consiguen ningún efecto, como las cifras pueden atestiguar, fundamentalmente porque la lógica retorcida y agotada del siglo pasado no está de su lado, no funciona en este siglo. Y obsesionarse con que vive usted en un “país de delincuentes” es algo muy poco recomendable para alguien que se sienta todos los días en el Parlamento. Pero muy, muy poco recomendable.

Las descargas, señor Lassalle, no son el problema de este país. Contrariamente a lo que usted piensa, la cultura de este país estaría mucho, muchísimo mejor si sus contenidos fuesen el top absoluto de las redes de P2P a nivel mundial. Eso sería lo mejor que le podría ocurrir a la cultura española. La de los Estados Unidos lidera esa clasificación, y mire que bien les va. Porque cuando algo se descarga mucho, también se consume mucho, aunque usted no lo quiera creer. Internet supone mercados mucho más grandes, y porcentajes más pequeños de esos mercados mayores suponen potencialmente más dinero. Aunque usted prefiera creer a las sociedades de gestión que le reclaman más protección para esos maltrechos modelos de negocio imposibles en nuestros días, y que seguirán siendo imposibles se pongan como se pongan tanto ellas como usted. Con cánones y prebendas, con modificaciones legislativas alambicadas y hechas a su medida, no se protege un modelo de negocio muerto, fundamentalmente por eso, porque está muerto. Podemos hablar durante meses de la manera de montar un caballo muerto: podemos cambiarle la dieta, darle electroshock o todo tipo de charlas motivadoras, pero eso no cambiará el hecho de que el caballo está muerto, y que lo que hay que hacer es cambiar de caballo. Redefinir la propiedad intelectual para adecuarla a nuestros tiempos. La tradición, señor Lassalle, nunca fue un modelo de negocio.

Señor Lassalle, para convertirse en alternativa, hay que proponer alternativas. La red se estremece ante propuestas como las suyas de “más propiedad y más legalidad”, porque son simplemente más de lo mismo. No escuchar a la realidad, no querer ver los cambios, seguir sentándose con los mismos agoreros de siempre, con los que se arrogan falsamente la representación de “los creadores”, con esos que dicen esas estupideces de que “la cultura está en peligro” y “la música se acabará en cinco años”. Así, señor Lassalle, no vamos a ningún sitio. En la reunión con Esteban González Pons del pasado 10 de diciembre algunos hasta creímos vislumbrar alguna esperanza. Con su columna, usted ha conseguido matarla. Una verdadera pena.

¿En qué mierda de mundo vivimos que una persona no puede colgar en su web una entrevista que le han hecho? Este es el mundo que nuestro gobierno pretende defender pactando con sociedades de gestión y demás intermediarios: un mundo en donde hoy retiran un vídeo que estaba siendo utilizado de manera completamente legítima, y mañana esposan a un chaval que va escuchando su iPod por la calle porque lleva en él canciones que se bajó del P2P. La estupidez de una industria inadaptada al nuevo escenario digital, defendida por los políticos a golpe de disposición final en un anteproyecto. Lo ocurrido con este vídeo no es más que una muestra de lo que ocurrirá cuando se relajen las barreras con las que un contenido o una página puede ser retirada de Internet a petición, justificada o no, de un presunto propietario de unos derechos: de repente, un mensajito, y ya no tienes contenido. Es impresionante ver en qué quieren convertir Internet. Y mucho más impresionante pensar en lo que son y cómo se califican a sí mismos aquellos que demuestran tenerle tanto miedo.

Que yo publique en mi blog un vídeo en el que salgo yo mismo es COMPLETAMENTE LEGÍTIMO, nos pongamos como nos pongamos. Diga lo que diga la ley, se trata de algo que entra dentro del más puro sentido común. Yo no firmé absolutamente nada a Telecinco autorizando el uso en exclusiva de mi imagen: simplemente vinieron a mi casa y me filmaron. Si bien el mero hecho de permitirles la entrada a mi casa puede interpretarse como un permiso para emitir mi imagen, tal permiso en ningún momento fue concedido de manera exclusiva, ni renunciando expresamente a mis derechos de uso de mi propia imagen. En ningún momento se me dijo “lo emitiremos, pero solo lo podremos emitir nosotros, y ni tú mismo tendrás derecho a utilizarlo”. Si se me hubiese dicho, muy posiblemente habría renunciado a aparecer en tal entrevista.

El copyright, tal y como está planteado a día de hoy, es una absoluta estupidez, un sinsentido conceptual. Y por el momento, lo que estamos viendo es que los grupos políticos y los lobbies de intermediarios pretenden no su replanteamiento, sino ¡su endurecimiento! ¿Qué será lo siguiente? ¿Dispararme en lugar de “avisarme” de la supuesta infracción?

Como puro ejercicio didáctico… ¿se ha planteado Telecinco por qué cuelgo este vídeo en YouTube? Yo estaría perfectamente feliz vinculando o embebiendo este vídeo desde la web de Telecinco, como hago habitualmente con muchas otras publicaciones que referencian mi trabajo. Pero mira tú por dónde… Telecinco no me ofrece esta posibilidad. Cuando un ciudadano respetuoso de la ley tiene que buscarse la manera de hacer algo y plantearlo como un desafío, es que algo está mal, muy mal en el sistema: aquí está el mismo vídeo que YouTube retiró, pero en Dailymotion. Y aquí en Vimeo. Y si desaparece de ahí, hay diez servicios diferentes más, o directamente lo subiré a mi propio servidor. Telecinco, denúnciame…