El Blog de Enrique Dans - Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información

Un rumor apunta a que Apple podría haber “castigado” a la canadiense Rogers Wireless por haber fijado unas tarifas completamente absurdas para el iPhone, que redundaron en una protesta colectiva y una carta abierta a Steve Jobs que han firmado ya más de 46.000 personas, de la que ya hablamos anteriormente.

Según un blog canadiense, la compañía, tras declarar que “We have nothing to do with the service plans. Those are Rogers’ plans”, podría haber tomado la decisión de hacerse eco de las protestas y no vender el iPhone en sus tiendas propias en el mercado canadiense, desviando además una importante cantidad de las partidas de iPhones destinadas a Canadá hacia el mercado europeo. En estas circunstancias, Rogers tendría que lanzar el iPhone únicamente mediante su red de tiendas propias y asociadas, que podrían llegar a recibir tan solo entre diez y veinte unidades de producto cada una, estropeando así el lanzamiento del un producto para el que la operadora había hecho una gran inversión publicitaria.

Lo comentan ya - con las debidas precauciones - tanto Fortune como TechCrunch. En principio, este tipo de temas suelen ser más complicados que una simple pataleta: la decisión de desabastecer un mercado en el que se ha firmado previamente un acuerdo imagino que podría devengar algún tipo de indemnizaciones para Rogers, pero si el asunto acaba siendo algo más que un  simple rumor, representaría toda una demostración de la fuerza de la opinión de los clientes en los mercado actuales: en poco más de una semana, una plataforma de clientes organizada exclusivamente a través de la red podría haber desencadenado una importante acción de castigo, en términos tanto económicos como de imagen.

El iPhone es un un aparato intrínsecamente pensado para la tarifa plana. Pensar en la experiencia de uso sin tarifa plana resulta desesperante, incómodo, como si nos hubiesen instalado un taxímetro en la oreja que nos tortura con cada uno de sus clics: algo completamente absurdo, inadecuado, fuera de lugar, decididamente una ruptura con el concepto.

El iPhone es, además, un objeto que levanta pasiones. Por eso hay que estar atento al lanzamiento, porque muy fácilmente puedes pasar de ser “la compañía a la que me quiero cambiar porque nos trae el iPhone en exclusiva”, a ser “la estúpida compañía que arruina mi experiencia con el iPhone”. Así le ha ocurrido a Rogers Wireless en Canadá, la compañía que se hizo con la exclusividad del iPhone 3G para el vecino del norte de los Estados Unidos: tras anunciar sus paquetes de voz y datos, entre los que no se encuentra una tarifa plana, se ha encontrado dela noche a la mañana con una fortísima reacción en la red que va desde páginas con dominios como RuinediPhone.com o FuckYouRogers.com, con una recogida de firmas que a la hora de escribir esta entrada iba ya por las nueve mil (diez mil era el primer objetivo, y el segundo será veinticinco mil), y hasta con una carta abierta a Steve Jobs denunciando el comportamiento de Rogers y su incapacidad supina para entender el producto y sus características. La viralidad de la red, al servicio de las reivindicaciones de los consumidores, y como pasar de héroe a villano por una mala decisión empresarial.

En España, desde hace unos días ya circulan los planes de tarifas para el iPhone 3G diseñadas por Telefonica, con dos tarifas, Tarifa iPhone y Tarifa iPhone Plus, por €15 y €25 al mes, y con bajada de velocidad a los 200MB y a 1GB respectivamente.

Prosigue el activismo a favor de la neutralidad de la red: en esta ocasión es en Canadá (vía Slashdot), uno de los países donde más se están haciendo notar las tácticas de traffic shaping de los operadores y donde el activismo se está haciendo de manera más intensa. Lo último es una marcha apoyada por una larga lista de personas y organizaciones: Google, dos partidos políticos nacionales, dos sindicatos y tres proveedores de acceso a Internet entre otros, todos ellos dispuestos a defender los principios fundacionales de la Internet que conocemos y la idea de que un bit es igual a otro bit, y no debe ser privilegiado en su circulación en función de intereses de ningún tipo. Veremos cómo sale la marcha canadiense y, sobre todo, hasta qué punto consiguen la atención de su gobierno y el desarrollo de leyes en este sentido que impidan a las operadoras cambiar la naturaleza de la red.

Si aún no tienes clara tu posición con respecto a la neutralidad de la red y la importancia del asunto de cara al futuro de la misma, la lista de vínculos recomendados por los organizadores es muy interesante. Si quieres ver además la versión de la otra parte, la tienes en sitios como “Hands off the Internet“, una coalición de intereses de operadoras y fabricantes norteamericanos. El tema es importante, es un debate que ya tenemos también a nivel español, nos afecta a todos los que usamos la red, y hemos hablado ya de él hasta el agotamiento.

La historia sería bonita si hubiera terminado bien. Pero no, no terminó bien. Lo ocurrido el pasado jueves 20 de Diciembre en el Congreso de los Diputados con la votación del canon fue, esperemos, uno de los postreros estertores de toda una manera de hacer política: la política que no tiene ningún reparo en ir completamente en contra de la voluntad popular, en contra de los intereses de los electores. La política que únicamente escucha a los lobbies organizados, a los que tienen el poder para llamar directamente a los representantes políticos de todos los españoles para pedirles explicaciones o hacerles cambiar el sentido de su voto. Una cercanía a los lobbies de poder y un alejamiento de la voluntad ciudadana tal, que debería hacer que muchos de los ocupantes de esos escaños, supuesto cimiento de la democracia, saliesen de ellos avergonzados y no volviesen jamás, por haber defraudado claramente la voluntad de quienes les pusimos ahí.

La cosa no tenía porqué haber sido así. Toda la red, la calle y la opinión pública echaba humo con las protestas que remarcaban la injusticia del canon, los principales periódicos habían dedicado al tema artículos, columnas de opinión y encuestas con resultados aplastantes, los diputados habían recibido oleadas de mensajes de ciudadanos indignados que pedían que su voz fuese escuchada. Pero nada. No pasó nada. La democracia española se limitó a dar una decepcionante muestra de hasta qué punto no está preparada para que los ciudadanos expresen su voz. Demostró el triunfo de la política de los favores, de cómo favorecer a un culturetariado que se echa a la calle en modo “la voz de su amo” cuando es preciso para ganar votos, para protestar contra lo que haya que protestar, a cambio de un bochornoso subsidio repartido con los criterios más absurdos que jamás hemos visto. La política asquerosa, la de la compra de voluntades, la de la negociación con lo innegociable, la de “unos ciudadanos son más iguales que otros”. El espectaculo de ver a los supuestos representantes de todos los españoles subirse al estrado para decir estupideces y mentiras, para justificar su voto o su abstención, para decir que “sin canon serían ilegales las descargas” o que “es preciso compensar a los autores contra el daño que les produce Internet” (cuando hoy sabemos que Internet debería ser para ellos la mayor de las bendiciones y toda una fuente de negocio viable) fue una verdadera vergüenza. Los teóricos “representantes de nuestra democracia” llegaron a comentar en el estrado “el revuelo”que se había organizado en torno al tema del canon, pero se mostraron completamente sordos a tal “revuelo”: si la SGAE aprieta y hay que pagar favores, la voluntad del pueblo da exactamente lo mismo.

Que vayan poniendo sus barbas a remojar. Las cosas no van a ser siempre así. En democracias más maduras, con representantes provistos del natural sentido de la vergüenza, las cosas cambian cuando la ciudadanía expresa su voz. En Canadá, por ejemplo, la introducción de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) el pasado 13 de Diciembre fue detenida cuando un grupo de activistas encabezados por Michael Geist con el apoyo del también canadiense Cory Doctorow consiguieron que miles de personas reflejasen en sus páginas su desacuerdo e inundasen de mensajes y llamadas las oficinas de sus representantes políticos, que parece que, al contrario que como sucede en España, sí tienen cierta vocación por representarlos.

Si hay algo con respecto a lo que la política no puede estar al margen es la voluntad popular. Internet, como muchas empresas saben ya, es una manera ideal de conectar con la voluntad de la mayoría, de pulsar la opinión. Mientras empresas de todo el mundo empiezan, cada día más, a basar muchas de sus decisiones de gestión en las tendencias que detectan en la red, la política insiste en sus errores y se desconecta de ésta, con unas elecciones ante sí en las que está perfectamente claro que Internet jugará un papel fundamental. Con el canon nos han ganado una batalla. Ya veremos quien acaba ganando la guerra.

Aún queda algo de sentido común en el mundo de la música. Vía Slashdot, veo como un grupo de artistas canadienses entre los que se encuentran algunos de los más reconocibles iconos de la música en ese país (Avril Lavigne, Sarah McLachlan, Sum 41, Barenaked Ladies, etc.), coincidiendo con el día mundial de la propiedad intelectual, han emitido una nota de prensa y han creado una asociación, la Canadian Music Creators Coalition, que se define con un párrafo inicial,

“We are a growing coalition of Canadian music creators who share the common goal of having our voices heard about the laws and policies that affect our livelihoods. We are the people who actually create Canadian music. Without us, there would be no music for copyright laws to protect.”

Y en la que afirman tres principios clave:

1. Denunciar a nuestros fans es destructivo e hipócrita: los artistas no quieren denunciar a los fans de su música. Los sellos discográficos han estado denunciando a nuestros fans en contra de nuestros intereses, y las leyes que permiten tales denuncias no pueden ser justificadas en nombre de los artistas.
2. Los cerrojos digitales son arriesgados y contraproducentes: los artistas no apoyan el uso de cerrojos digitales para incrementar el control de los sellos discográficos sobre la distribución, uso y disfrute de la música, ni apoyan tampoco las leyes que prohiban la violación de tales cerrojos. Los consumidores deben ser capaces de transferir la música que compran a otros formatos bajo un derecho de uso legítimo, sin tener que pagar dos veces.
3. La política cultural debería apoyar a los artistas canadienses: la gran mayoría de la nueva música canadiense no es promovida por los grandes sellos discográficos que se centran fundamentalmente en artistas extranjeros. El Gobierno debería utilizar otras heramientas politicas para apoyar a los artistas canadienses y al floreciente escenario musical y cultural.

A ver si cunde el ejemplo. En España, parece que la mayoría de los músicos prefieren dedicarse a otras cosas y a no hacer ruido, no sea que por moverse, no salgan en la foto…

Vía Boing Boing: La “honorable” parlamentaria canadiense Sam Bulte, de la que hablamos el pasado 12 de Enero por haberse demostrado que recibía dinero de los lobbies pro-endurecimiento de las leyes del copyright, ha perdido su trabajo en las elecciones de ayer, y se tendrá que dedicar a alguna otra cosa en la que preferentemente tenga menos posibilidades de hacer daño a sus conciudadanos. La campaña contra Sam Bulte fue iniciada a través de varios blogs canadienses, y posteriormente recogida por blogs internacionales y algunos periódicos.

En los ataques de desesperación de las etapas finales de la campaña, Sam Bulte amenazó con demandar a los bloggers que habían comentado inicialmente el tema, y llegó a publicar un editorial en el Toronto Star en el que, para defenderse, utilizaba textualmente pasajes de discursos de la Canadian Recording Industry Association, el lobby que representa los intereses de la industria discográfica en Canadá y que, financiando la campaña de esta ex-parlamentaria, pretendía obtener una legislación más favorable para defender su caduco e insostenible modelo de negocio.

Todo un éxito para el activismo reformista del copyright, y una demostración más de la influencia de los blogs en la política. En una sociedad participativa, eso de gobernar en contra del pueblo se va a poner cada vez más dificil. A lo mejor no sería mala cosa que algunos, por eso de las barbas y los vecinos, fuesen mirando hacia Canadá…

Esta historia no es nueva, Boing Boing la sacó ayer y lleva desde primeros de Enero corriendo por algunos blogs y medios canadienses (Accordion Guy, Michael Geist, Jack Kapica, CBC y muchos más), pero he estado siguiendo un poco los detalles y realmente creo que se debe hablar de ello: la “honorable” Sam Bulte, una parlamentaria canadiense conocida por haber impulsado la ley de reforma del copyright (proyecto de ley C60) de cara a un mayor endurecimiento de la misma, recibió importantes donaciones de lobbies de defensa del copyright disfrazados como organizaciones, esponsorizaciones de eventos y cenas a $250 el cubierto. La defensa de la política ha consistido en decir

“¿Como se supone que debo conseguir dinero? Esta gente me sostiene económicamente por mi postura con respecto al copyright, estoy siendo completamente transparente”

Es triste. Nos enfrentamos a personas que creen que todo, TODO se puede comprar. Lo mismo da comprar y vender cultura que comprar y vender políticos, lo mismo da tres, que treinta y tres, todo vale con tal de defender los privilegios obtenidos en épocas pasadas que, además, ni mucho menos representaron la “época dorada” de cultura alguna.

Pues aunque pueda ser posiblemente legal recaudar donaciones de este tipo de cara a una campaña, a esto se le llama tráfico de influencias, y resulta profundamente impresentable. Una vez más, una impresionante demostración de la ética y la estética de los grupos de defensa del copyright (realmente, nada que necesitasemos ver o que no supiésemos, pero siempre es bueno comprobar que las sospechas se cumplen). Por cierto, la idea de defender el endurecimiento unilateral de las leyes relacionadas con el copyright haciendo mención a la “heritage”, al “patrimonio cultural del país” suena sospechosísimamente parecida a algo llamado “Defiende tu cultura“, ¿no? A ver si va a ser verdad que en todas partes cuecen habas, y que el entusiasmo de algunos por reformas legislativas similares se debe a tan parecidos y poderosos motivos… ¿Hay algún investigador de guardia? Voy a mirar en las páginas amarillas…