El Blog de Enrique Dans - Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información

Un articulo en El País de uno de los asesores más próximos a Zapatero, Jose Andrés Torres Mora, demuestra claramente la política del enroque en la que se encuentra anclado el Ejecutivo: la movilización de los internautas es un asunto partidista, son gente a sueldo de otros partidos, o de las empresas de telecomunicaciones, o de algún oscuro contubernio judeomasónico, y el único problema es que o no han entendido el tema bien, o lo malinterpretan a propósito.

Como ya demostró aquel senador con sus ataques ad hominem, lo importante no es lo que pone la ley, sino lo que nos quieren convencer que pone. Que la ley sirva lo mismo para cerrar a patadas una página web cualquiera sin intervención de órgano judicial alguno que para perseguir cosas que los jueces afirman que no tienen que ser perseguidas es algo que no tiene la menor importancia para la camarilla de palmeros que rodean a un presidente completamente desnortado en temas relacionados con la red… “la propiedad intelectual hay que protegerla… (larga pausa) … porque sino, nos quedaremos sin ella”, es todo lo que acertó a decir al respecto.

El gobierno se ha tomado esto de Internet como algo contra lo que hay que luchar con las armas de siempre: por ahora, déjalo dormir, que vienen las vacaciones y ya se les olvidará. Donde dijimos que se modificaría, que no se modifique nada: ¿para qué, si ya no están movilizados? Que el anteproyecto llegue a trámite parlamentario, y ahí, en nuestro terreno, ya veremos. El gobierno del pueblo, sin el pueblo, triste remedo de lo que se supone que debe ser una democracia: un grupo de interés cuela una disposición final de tapadillo en un anteproyecto, y ahí se queda. ¿Cómo luchar contra el aparentemente omnímodo poder de un lobby, cuando parece que el lobby lo forma el propio gobierno?

Quince días, un manifiesto y un consejo de ministros después, la disposición final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible sigue donde estaba, intocable, exactamente igual que cuando la Coalición de la SGAE lo coló ahí. Que una ministra de cultura te reciba, que un presidente diga que se cambiará lo que haya que cambiar, que un ministro de justicia diga que solo la autoridad judicial puede cerrar webs, que el tema esté en abierta contradicción con la Constitución… todo da igual: política del enroque, política del gesto, política del apaciguamiento, del “déjalo estar que ya se les pasará”.

Nos despertaremos un día, y esto será como China.

Etiquetas: civil rights, copyright, democracy, fundamental rights, laws, manifesto, politics, shame, Spain, Spanish Constitution

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En nuestro programa de reuniones con las diversas fuerzas políticas del arco parlamentario fuimos recibidos hoy por el Partido Popular, en su sede de Génova, 13. Acudimos varios de los que originalmente estuvimos en la reunión en el Ministerio de Cultura, y algunas personas más tanto por nuestra parte como invitadas por el partido. Por el partido, Esteban González Pons, Jose María Lassalle, Carlos Floriano, y varios responsables y asesores en temas relacionados con la red. El PP fue el primer partido que se interesó por reunirse con nosotros: nos llamaron por teléfono media hora antes de que entrásemos en la reunión con la ministra el pasado jueves y propusieron que fuésemos a Génova nada más salir del Ministerio, invitación que decidimos declinar porque al haber sido convocada la otra reunión de un día para otro, muchos de los que estaban en ella no podían acudir.

La reunión de hoy, como la de ayer en Izquierda Unida, tuvo un tono general agradable y relajado: mucho diálogo, e intercambio constante de preguntas: Esteban no pretendía simplemente explicarnos la postura del partido con respecto a este tema, sino también pedir nuestra opinión en algunos temas específicos.

La postura definida por Esteban González Pons es de oposición plena tanto al cierre como al bloqueo de páginas web sin intervención de un juez. Esteban hizo referencia a su preocupación con respecto a las palabras del presidente del gobierno con respecto a que “no se cerrarán páginas web”, puesto que podía implicar que “no se cerrarían, pero sí podrían ser bloqueadas”, en alusión a una actitud que equipararía a España con países como China o Cuba. Además, afirmó que el escenario más probable era, en este momento, que el gobierno modificase el anteproyecto en el consejo de ministros porque sino sabía que sería rechazado en el trámite parlamentario, pero que si no se modificaba o las modificaciones no eran suficientes, el Partido Popular se opondría hasta el punto de llegar al recurso de inconstitucionalidad si era preciso.

También dejó claro que la propiedad intelectual y los derechos de autor deben ser respetados tanto dentro como fuera de la red, en la misma medida, y sin necesidad de desarrollar legislación específica para la red: la red es una parte más de nuestra vida, de la vida normal de las personas, y debe estar sometida a las mismas leyes que rigen fuera de ella, que ya protegen suficientemente los derechos de autor y la propiedad intelectual. En el caso de Internet, afirmó que lo que había que hacer era dotar de medios tecnológicos adecuados a jueces y Juzgados (frase que yo interpreté de manera errónea como que proponía el uso de medidas tecnológicas de protección y asocié con el DRM, lo que me llevó a escribir esta actualización en Twitter que fue rápidamente recogido por El País… los problemas del directo).

Además, manifestó el malestar del partido por el intento de colar de mala manera una disposición cómo ésta, una actitud de hurtaba al Parlamento la posibilidad de abrir un gran debate que revisase el concepto de propiedad intelectual (ante lo que yo contesté que antes de ese gran debate era preciso neutralizar el “acceso privilegiado” que las entidades de gestión tienen al gobierno, dado que si no se hacía, ya sabíamos lo que iba a salir de él). En este punto se abrió una interesante conversación acerca de la situación actual, la manera en que la SGAE controla ya no el monopolio, sino el auténtico “contubernio” de los derechos de autor, y porqué dicha situación era problemática para todos los implicados y para el progreso en su conjunto.

El punto más confuso de la reunión fue cuando preguntamos al Partido Popular por la coherencia de mantener esta postura frente al sentido de su voto en el Parlamento Europeo hace pocas semanas con respecto al Paquete Telecom: en este punto, Esteban hizo referencia a la votación que se produjo en Mayo, y comentó que tras comprobar el Partido que los pactos previos implicaban una pérdida de garantías, rectificó el sentido del voto esa misma tarde, una posibilidad que existe en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la pregunta iba referida a la votación de hace escasas semanas, no a la de Mayo, lo que provocó la confusión y que, al ponerlo en Twitter, algunas personas tuviesen el buen detalle de enviarnos a algunos asistentes el vínculo a los resultados de esa última votación, para que pudiésemos estar plenamente documentados (esto de que en una reunión le ayuden a uno desde fuera es todo un punto :-) Al solicitar de nuevo las aclaraciones correspondientes y aclarar que nos referíamos no a la votación de Mayo, sino a la última, la postura quedó mucho más clara: en ese caso, la votación del Partido Popular había tenido en cuenta que la redacción era completamente garantista y llegaba hasta el punto máximo que podía llegar sin invadir competencias de los estados miembros (de hecho, el voto del PP fue idéntico al emitido por Christian Engström, el eurodiputado del Partido Pirata sueco).

Una reunión que resultó muy interesante y productiva: más de dos horas de conversación rica y fluida, tocando numerosos temas relacionados con la gestión de derechos de autor y la propiedad intelectual. ¿Mi impresión? Que hablar de estas cosas ante los líderes de los partidos siempre es positivo: nos permite explicar claramente las posturas, y desmontar falacias y malas interpretaciones, algo que creemos que puede llegar a ser sumamente útil tanto de cara al objetivo actual, la retirada de la Disposición Final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, como para ese futuro gran debate de revisión de la propiedad intelectual y los derechos de autor que posiblemente acabemos teniendo. Para la semana que viene, el Partido Popular ha anunciado reuniones con la industria de Internet (Google, Yahoo!, Microsoft y otros) y con las entidades de gestión.

Más crónicas de otras personas presentes en la reunión en Microsiervos, La Información, ADSLZone, 20Minutos y Juan Varela.

ACTUALIZACIÓN: Desde el Partido Popular me remiten esta nota en la que proporcionan detalles acerca de la posición del partido en las votaciones del Parlamento Europeo con respecto al Paquete Telecom.

Etiquetas: Esteban Gonzalez Pons, manifiesto, Partido-Popular, politics, Spain

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Venga, ¿jugamos un tres en raya? Basta con leer algún editorial incendiario, escuchar las declaraciones de algún lobbista de la Coalición o el discurso de determinados ministros, y tachar cada vez que uno de los términos de la cuadrícula es mencionado: el primero que consiga tres en raya, gana.

Dejemos las bromas aparte: la cosa es muy, muy seria. Que los lobbies de la propiedad intelectual juegan la batalla dialéctica desde hace mucho tiempo es evidente: pongas un informativo o escuches una conversación en un bar, las palabras “piratería”o “ilegal” surgen como setas, cuando no te encuentras con un presidente que dice que “hay que proteger la propiedad intelectual porque sino… (larga pausa)… nos quedaremos sin propiedad intelectual (tremendo razonamiento capaz de fundir el intelecto de cualquiera :-) o con todo un cantante de auténticos himnos de mi niñez (quién me iba a decir a mí…) afirmando patéticamente que “la música se acaba en cinco años”.

Los clichés, estereotipos o lugares comunes son la manera en que el cerebro humano se enfrenta de manera natural a la complejidad: cuando algo parece complicado, nuestro cerebro intenta simplificarlo, reducirlo, y eso genera que se agarre a este tipo de herramientas, que generan una sensación de alivio y que después cuesta abandonar. Manejar bien o saber evitar los clichés es fundamental en la comunicación. Y en ese tema nos estamos jugando mucho. Porque ahora, la estrategia que los que metieron la Disposición final en el Anteproyecto consiste en intentar frivolizar: pretenden que les compren el que la protesta surgida en la red y agrupada alrededor del “manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” es, en realidad, la reclamación de un grupo de piratas que protestan porque no se van a poder bajar música ni películas, desprecian la cultura y la quieren gratis total. Alentados por una Coalición que afirma ser “de Creadores” como si fueran los únicos creadores que hay, y donde los que mandan son precisamente los que exprimen a esos creadores (coalición a la que está en proceso de negociación para unirse nada menos que la Asociación de Editores de Diarios Españoles), se dedican a lo que saben hacer: intoxicar, tergiversar e insistir en los mismos conceptos una y otra vez para que prendan a base de machacarlos.

Las descargas no tienen nada que ver con todo esto, y tenemos que hacer un importante esfuerzo por dejarlo claro. No estamos luchando por el P2P ni por el derecho a bajarnos nada. Ese derecho ya nos lo darán los jueces (como han hecho hasta ahora) la tecnología, o la pura lógica. Esto no tiene nada que ver. Nada.

Estamos montando todo este lío y el lío mucho más grande que va a venir por otra cosa muy diferente: por un atentado enorme contra las libertades fundamentales. Por un recorte que convierte las garantías más elementales en papel mojado, que relega a los jueces a un papel de supervisión posterior, que interpone un órgano censor que, tras una denuncia, puede cerrar páginas a mandobles. Y por otra cuestión: la depuración del responsable que permitió que la Disposición final relativa a la protección de la propiedad intelectual entrase en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de la mano de la Coalición de Creadores saltándose los conductos reglamentarios. Algo que es perfectamente investigable hasta llegar al nombre de la persona que decidió permitir que se favoreciesen los intereses de un lobby económico a costa de las libertades de todos los ciudadanos. Queremos ese nombre, queremos ese cargo encima de la mesa, queremos que se esclarezca lo que suena a todas luces a una palabra demasiado repetida en nuestro país: prevaricación.

Queremos que se vea que los delincuentes no somos nosotros ni lo hemos sido nunca: los delincuentes, los que prevarican, los que roban mediante instrumentos como el canon son ellos. No, no hay piratería, salvo en determinados mares lejanos. Nadie se opone a los modelos de pago ni propugna el gratis total, sino simplemente que no se favorezcan artificialmente modelos de negocio obsoletos. La música no se muere, sino que pasa por su mejor momento en muchos años, y será todavía mejor de aquí en cinco años. La propiedad intelectual la protege el mercado en cuanto los intermediarios del pasado permitan que se desarrollen modelos adicionales. No hay parásitos, ilegalidades ni peligros más que en la mente paranoica de determinados enfermos, y los que pueda haber, se protegen perfectamente con las leyes actualmente vigentes. Se pierden puestos de trabajo, sí,  pero se reconvierten en otras industrias debido a un cambio del modelo productivo, como ha ocurrido siempre en la historia: un cambio de modelo productivo que esta ley hace mucho más difícil al introducir la incertidumbre jurídica en la ecuación.

Las cosas, por favor, en su sitio. Recrimina el mal uso del lenguaje, aclara falacias, enseña al que no sabe. Y mantén el activismo encendido y vivo en la red: es la única defensa frente a la pérdida de la libertad.

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Mi columna de Expansión de esta semana se titula “La sostenibilidad del sinvergüenza“, e intenta recoger muchos de los argumentos que a lo largo de la semana he ido utilizando en las apariciones en diversos medios, con el hilo conductor de una de las cuestiones más graves que hemos visto pasar en este asunto: que una entidad que defiende los intereses de las discográficas y otras empresas intermediarias de la propiedad intelectual haya tenido la posibilidad de tomar un anteproyecto de ley de un tema completamente ajeno, y lo haya convertido en su “caballo de Troya” para meter en él nada menos que una disposición final completamente favorable a sus intereses económicos, y que además representa una fortísima amenaza a los derechos fundamentales. Y que tras haber hecho algo así, vayan por ahí jactándose públicamente sin el menor empacho por “haber metido un gol”…

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
    

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Hoy se ha producido uno de los más lamentables espectáculos de la historia de la democracia española: un gobierno que produce auténtica vergüenza, aprovechando la tramitación de un anteproyecto de ley denominada “de economía sostenible”, ha colado de rondón en ella una serie de medidas completamente injustificadas en las que consagra un auténtico golpe de estado digital: la posibilidad de cerrar páginas y expulsar a usuarios de Internet con la excusa de los derechos de autor. Un movimiento que pone los pelos de punta y los derechos de autor completamente por encima de los derechos fundamentales de los individuos, que permite cerrar cualquier página alegando una violación de los derechos de autor. El copyright como mordaza a la libertad de expresión. ¿No me gusta tu blog? ¿Tu página? ¿Tu empresa? Te denuncio por cualquier tipo de infracción en materia de derechos de autor.

Lo peor es la enorme tomadura de pelo y la ofensa a la democracia que esto supone: en el texto que el gobierno publicó después de la rueda de prensa del consejo de ministros con los puntos principales no se comentaba NADA sobre el tema de la propiedad Intelectual, ni en la página, ni en el pdf. Ha sido anoche, cuando el gobierno envió a las redacciones de los medios un pdf con todas las medidas, cuando algunos periodistas como Ramón Muñoz han visto y comentado las medidas: ese infausto “quinto punto” que autoriza a los “organos competentes” a cerrar una página web, establecido como “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” ha aparecido “misteriosamente”, completamente “de tapadillo”, dejando claro cuál es el nivel de respeto de este gobierno hacia sus ciudadanos.

No es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la SGAE, de EGEDA y de La Coalición, que pueden llegar, meter su pluma en una ley que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, y poner en ella lo que les venga en gana, aunque esté completamente en contra de los intereses y los deseos de la ciudadanía y sea simplemente un torpe intento – el enésimo – de proteger los negocios de unos pocos, de ir en contra del progreso alegando las mismas estupideces patéticas de siempre: que “en cinco años no habrá canciones ni música“… que no me hagan reír: en cinco años habrá más y mejor música, porque ya van más de cinco años que esto existe, y los únicos que están en crisis son los parásitos de la música. Desde que esto empezó, hay más y mejor música. Los artistas, mira tú por dónde, ganan más. Pero no nos engañemos: esto no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P: esto es un intento por controlar la información, por poder silenciar las opiniones que no nos interese oír, por callar a las voces discordantes. No hace falta ni ir al juzgado: el ministerio de Cultura se ha puesto todas las competencias, como obligar a los prestadores de servicio a revelar las direcciones IP de sus usuarios: Olcese, Guisasola o Bautista, consagrados como “órgano competente”, por obra y gracia de un punto colado de rondón. Impresionante.

Este no es mi gobierno. Esto no es una democracia. Si este país tuviese lo que hay que tener, el sinvergüenza que ha permitido la aparición misteriosa de este “quinto punto”, que ha llevado a cabo este atropello a la democracia, tendría que estar dimitiendo mañana mismo. Esto es equiparable a un auténtico golpe de estado digital, es uno de los episodios más impresentables y alucinantes que hemos podido ver como nación supuestamente en democracia: las leyes no las tramitan los ministros ni el Parlamento, las tramitan los talibanes de los derechos de autor, y hacen con ellas lo que les da la gana sin encomendarse a dios ni al diablo. Se publican, y a correr: lo que opinen los ciudadanos, da exactamente igual.

Es el gobierno de Los Otros: están muertos, pero no lo saben.

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[Reproduzco a continuación el texto del borrador de la "Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital", redactada por la Foundation for a Free Information Infrastructure, y del texto que insta al Gobierno de España a promoverla dentro del marco de la Presidencia Europea durante el primer semestre de 2010. Coincide plenamente con mi opinión al respecto, y también con muchas de las conclusiones alcanzadas en la reciente mesa dedicada a "La red cívica Made in Europe" promovida por la CAN y celebrada en Pamplona en el ámbito de Saviálogos. Aunque larga, merece una lectura atenta y detallada.]

España desempeñó un papel determinante en octubre de 1990, al presentar un primer texto articulado y motivado sobre la ciudadanía europea. La iniciativa logró entonces el respaldo del Europarlamento. Finalmente, el Tratado de la UE institucionalizó la ciudadanía europea.

España debe aprovechar la Presidencia para desarrollar las medidas necesarias para la preservación de estos derechos en un entorno donde las TIC pueden amenazar cuestiones básicas como la privacidad y el secreto de las comunicaciones e impulsar el acceso de los ciudadanos a la tecnología, la cultura y el conocimiento desarrollado en la esfera pública.

El progreso y la innovación tecnológica modifican los hábitos sociales, políticos y económicos, y es por eso que las normas y leyes deben adaptarse para seguir manteniendo los derechos de los ciudadanos en las nuevas circunstancias.

En este momento, es necesario asegurarse de que en la Era Digital se garantizan las condiciones necesarias, para que los ciudadanos sigan disfrutando de sus derechos fundamentales, sabiendo que una gran parte de sus actividades sociales, profesionales, culturales, comerciales, financieras, políticas o educativas, son realizadas telemáticamente mediante medios digitales y en redes como Internet.

Asegurar el acceso universal a una Internet neutral se ha revelado muy eficaz para paliar la crisis y para lograr un futuro más próspero para toda la población. La Neutralidad de la Red (Net Neutrality) es un gran potenciador de la innovación y del desarrollo económico, además de un estímulo para la competencia pero sobre todo es la garante de los derechos civiles en el medio telemático.

Es por ello, que instamos al gobierno español a que promueva que en el corpus legal de la UE se declarare explícita y claramente que:

European Digital Rights

1) Los ciudadanos tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera otra consideración ajena a su propia voluntad.

Ese tráfico se tratará como privado y por lo tanto, secreto y solamente podrá ser secuestrado, espiado, trazado, archivado, o analizado en su contenido ni trayectoria, bajo mandato y tutela judicial, no pudiendo en ningún caso, ser sometido a la censura previa, o al secuestro administrativo de los contenidos (al igual que ocurre con cualquier otra correspondencia o comunicación privada) [Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos].

2) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a contenidos, a ejecutar aplicaciones y usar servicios de su elección, así como a conectar dispositivos a la Red, sin más restricción a su interoperabilidad que aquella que establezcan las leyes.

3) Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de conexión a Banda Ancha según las normas internacionales (ITU-I 113), a que exista más de un proveedor (público o privado) y a que la oferta de este servicio de Banda Ancha no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios.

Deben disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones de datos ofrecidas por los operadores y sus garantías legales.

Los ciudadanos tienen derecho al desglose y la segregación de servicios que tengan distinta facturación o tarificación adicional así como a elegir el modo de pago y a la protección contra el uso inadvertido de los mismos.

Tienen derecho a disponer de una vía rápida y efectiva de atención y de reclamación, a cambiar de operador y a ser indemnizados en caso de interrupción del servicio o degradación de la calidad contratada. Todo ello en un tiempo no superior al empleado en un proceso de alta en el servicio.

4) Los ciudadanos tienen derecho a la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas, de las que financian, de las que subvenciona y de las que son derechohabientes, para que puedan ser usadas, copiadas, modificadas y redistribuidas, con o sin modificaciones, siempre que la obra derivada se distribuya en estos mismos términos, tal como establece la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) dado que el fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación en exclusiva por parte de terceros.

La transferencia tecnológica en estas condiciones, además de ser un acto de justicia social en su propia naturaleza, dado que todos los ciudadanos hemos sufragado estos contenidos científicos, culturales y tecnológicos a través del pago solidario de los impuestos, también supone uno de los mejores instrumentos para mejorar la competitividad de las empresas. De esta forma, las empresas accederían en igualdad de condiciones a una gran cantidad de herramientas TIC de calidad y a un precio asequible, mitigando la fuga de capitales a través del pago de licencias. Esta transferencia tecnológica, también permite estimular el sector tecnológico y capacitaría a las PYMES, para acometer los retos de innovación tecnológica y de modernización socioeconómica, que la sociedad del conocimiento libre, de todos y para todos, nos brinda, según pone de manifiesto la Declaración del parlamento europeo a favor del Conocimiento Libre y en la sección 9 del Art. III-248 del Tratado de Lisboa.

5) Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos mediante protocolos, interfaces y formatos que sean estándares abiertos teniendo dicha actividad administrativa perfecta validez y seguridad jurídica.

En un Estado de Derecho moderno y democrático, la investigación, o persecución, de un acto presuntamente ilícito, haya sido cometido por el medio que fuere, no puede suponer la conculcación de derechos fundamentales contemplados en las Constituciones, o en la legislación de los Estados, sin la necesaria tutela judicial. Este es un principio básico que también es necesario trasladar y aplicar al espacio real que es Internet. Se debe evitar así, la creación de ámbitos de actuación humana dominados por los pseudoderechos, o con mecanismos paralegales, en los que todo pueda ser interceptable, accesible, investigable y perseguible, solo en función de la disponibilidad tecnológica, o económica, de los agentes públicos o privados y sin garantizar las debidas garantías judiciales.

Así lo indican derechos democráticos fundamentales como:

• La inviolabilidad del domicilio: no se pueden registrar los equipos informáticos o telemáticos propiedad de los ciudadanos ni los que, aún no siendo propios, estén ubicados en sus casas o posesiones, sin un consentimiento expreso del dueño u orden judicial que lo autorice.
• El secreto de las comunicaciones: no se pueden espiar, o conocer los datos que intercambien los ciudadanos sin orden judicial.
• El límite a la informática y la tecnología para preservar la intimidad personal o familiar: no se pueden hacer estimaciones estadísticas de tráfico de la Red que permitan conocer la actividad que se está desarrollando en esos equipos informáticos personales sin su correspondiente orden judicial.
• El derecho a una comunicación libre: que abarca la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, y el desarrollo de las tareas docentes.
• El derecho a la información: a recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, del secuestro administrativo, o de cualquier otra maniobra que dificulte el libre acceso a os avances científicos, la información y a la cultura.
• El derecho a que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial.
• El derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos públicos, cualquiera que sea su soporte.

En países como España, con una de las legislaciones más avanzadas de la Era Digital:

• Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las administraciones públicas para el ejercicio de sus deberes y derechos por medios electrónicos, eligiendo con libertad sus aplicaciones y sistemas operativos, siempre que utilicen estándares abiertos en sus comunicaciones.
• Por su parte, las Administraciones Públicas quedan obligadas a asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias con la máxima transparencia y publicidad del procedimiento.

Por tanto, el acceso a universal a redes neutrales es una obligación de los proveedores de servicios de la Sociedad del Conocimiento que los gobiernos deben garantizar. Dicha obligación debe basarse en una escrupulosa observancia y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, dado que ahora estos derechos también se ejercen por medios digitales y a través de redes de telecomunicaciones. Además el patrimonio intelectual público debe estar a libre disposición de los ciudadanos para su aprovechamiento.

Etiquetas: bill-of-rights, citizenship, EU, Europe, Network Neutrality

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El próximo martes 3 de Noviembre, en IE Business School, tendremos la visita de dos de los mayores expertos de Google a nivel mundial, Peter Fleischer y Nicole Wong, para tratar un tema de discusión muy habitual en esta página: privacidad y libertad de expresión. La sesión, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos, se titula “Preserving privacy and freedom of expression in the age of the Internet”, será íntegramente en inglés y es de admisión abierta previa confirmación de asistencia en alumni@ie.edu.

Peter Fleischer es el Asesor para la Privacidad de Google a nivel mundial. Anteriormente estuvo a cargo de temas relacionados con privacidad y regulación en Microsoft. Es graduado por Harvard College, Harvard Law School y LMU-Munich, y ha trabajado la última década con base en París.

Nicole Wong es la Vicedirectora del Departamento de Asesoría Jurídica de Google a nivel mundial, y ha sido calificada como Google’s Censorship Czar por Fast Company, Google’s Gatekeeper por el New York Times, y The Decider por sus colegas en Google. Antes de incorporarse a Google, fue socia del bufete Perkins Coie, LLP, donde dirigía a un equipo de abogados especializado en asuntos relacionados con Internet: regulación de contenidos en la red, propiedad intelectual, privacidad, seguridad y comercio electrónico. Además, es conferenciante habitual y autora en temas relacionados con la interfaz entre ley y tecnología.

Me han pedido que los presente y que modere la sesión, así que si os animáis, nos veremos allí. La sesión tendrá lugar en las aulas S101 y S102 de Serrano 105, a las 18:00h.

ACTUALIZACIÓN (02/11): Me confirman de la Asociación de Antiguos Alumnos que se ha habilitado un aula adicional para acomodar la demanda, de manera que si os habíais intentado apuntar a través de la web y os había dicho que el aforo estaba lleno, por favor, volvedlo a hacer por correo electrónico en alumni@ie.edu. Además, la sesión se webcasteará: en cuanto tenga la URL, la difundiré tanto aquí como a través de Twitter y Facebook. La alta demanda de plazas para este evento me parece de lo más natural: los temas de privacidad y libretad de expresión mezclados en la misma frase con el nombre de Google son habituales tanto en conversaciones de barra de bar, como en la web. Se espera una sesión muy viva y con una elevada participación.

Etiquetas: freedom of expression, Google, IE Business School, Nicole Wong, Peter Fleischer, privacy

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Miguel Ángel Criado, de Público, me lanzó dos buenas preguntas el pasado viernes, y ayer sábado publicó “Internet quiere seguir siendo libre” (versión impresa en pdf), un artículo muy bien hilado en el que recoge parte de esas respuestas junto con las de varios entrevistados más. Mis respuestas completas, a continuación:

¿Qué elemento, tecnología o tendencia (a tu gusto) será clave en el próximo futuro de internet? Creo que el futuro de la red estará muy determinado por la penetración del cloud computing en el segmento de consumo. Que la red que conocemos cambiará bastante, en nivel de uso y en tipo de servicios existentes, cuando lo normal sea que los usuarios tengan su servidor particular, familiar o doméstico en un proveedor determinado, en el que alojan todo aquello que consideran importante para ellos: sus fotografías, su música, sus documentos, sus facturas y recibos, etc. En cierto sentido, eso determinará que el ordenador como tal sea mucho más parecido a un teléfono fijo: lo enciendo, y casi todo en él estará mantenido desde una empresa de servicios, que se encargará de las actualizaciones, del mantenimiento, de la higiene, etc. Esto cambiará bastante la concepción que el usuario medio tiene de la red, y disparará el nivel de uso hasta llevarlo a la práctica universalidad.

¿Cuál es el mayor peligro o amenaza que ves al desarrollo o avance de lo que supone Internet? Sin duda, las amenazas y presiones hacia la neutralidad de la red. Internet es lo que es gracias al hecho de ser, por diseño, una red completamente neutral, en la que un bit es igual a otro bit independientemente de su procedencia. Si la red se convierte en un canal no neutral, en el que “algunos bits son más iguales que otros” en función de su procedencia, protocolo o contenido, la red morirá como tal, y se convertirá en algo parecido a la televisión por cable en la que el ratón será como un mando a distancia para cambiar de canal. En este momento, la mayor amenaza para Internet viene de las empresas de telecomunicaciones, del lobby de la propiedad intelectual y de los políticos ignorantes.

Etiquetas: Miguel Angel Criado, Público, prospective

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Este lunes 21 de Septiembre es el día escogido por Julius Genachowski, Director de la Federal Communications Commission (FCC), para anunciar las propuestas que asegurarán en el futuro la preservación de la neutralidad de la red, una de las promesas más claramente expresadas durante la campaña electoral de Barack Obama a la Presidencia de los Estados Unidos.

La neutralidad de la red es el principio según el cual los proveedores de acceso a Internet deberán tratar igual todo el tráfico que circule por sus redes, independientemente de su procedencia o naturaleza y sin posibilidad de privilegiar ni discriminar unos servicios o protocolos sobre otros es una de las cuestiones fundamentales para preservar la naturaleza de la red que conocemos. Embebida en la misma naturaleza de Internet, la neutralidad de la red está fuertemente amenazada por las demandas de determinados grupos de interés: los proveedores de servicios, bajo la excusa de administrar mejor su tráfico, pretenden enriquecerse vendiendo a terceros el derecho a circular por “autopistas más rápidas” mientras relegan a otros a “caminos de cabras” y lanzan a su vez sus propios servicios para competir en mejores condiciones, convirtiendo la red en una “Internet a varias velocidades” y asumiendo el papel de reguladores de lo que por ella circula. Los lobbies de la propiedad intelectual y del contenido (RIAA, MPAA, etc.) presionan duramente para que los ISP identifiquen y discriminen el tráfico procedente de aplicaciones P2P o inspeccionen las transmisiones para filtrar y detener la transmisión de materiales sujetos a derechos de autor.

Hasta el momento, las diferentes iniciativas para dar a la neutralidad de la red el rango de ley han fracasado en su intento de articulación definitiva: aunque se han tomado algunas decisiones recriminando a determinados proveedores sus medidas de control del tráfico en función del protocolo empleado, alguno de ellos, como Comcast, ha llegado a denunciar a la FCC por no contar con el soporte legislativo para ejercer tal control. Se espera que el lunes se anuncien las medidas que darán el necesario empujón a dicho soporte legislativo, y que estas no solo sean claras e inequívocas, sino que se extiendan además de manera expresa a un mundo en el que la neutralidad de la red está todavía más en peligro a día de hoy: el de los proveedores de Internet móvil.

Lo que se pide es, simplemente, que Internet siga siendo Internet, y no una especie de televisión en la que una serie de proveedores tengan derecho a decidir qué se pone y qué no, qué contenidos van en abierto y cuáles en canales de pago. Para quienes quieran ampliar información, es un tema que considero fundamental y que ya he tratado en la página en muchas ocasiones anteriores.

Etiquetas: FCC, Network Neutrality, Obama, US

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