El Blog de Enrique Dans

La red y las complejas relaciones entre gobiernos y empresas

Escrito a las 1:59 pm
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IMAGE: James Steidl - 123RFPor si el asunto de las relaciones entre gobiernos y empresas no fuese ya de por sí suficientemente complicado, la pasada semana fue enormemente profusa en noticias que sirvieron para ponerlo aún más de manifiesto.

Uno de los asuntos centrales fue la decisión del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, de bloquear Twitter para evitar la difusión de noticias relacionadas con la trama de fraude y corrupción que afecta a su gobierno, contestada por Twitter con la publicación de modos alternativos para acceder a su servicio. La difusión de métodos como el uso de servicios basados en SMS o el cambio de DNS para utilizar las proporcionadas por Google, que parecían demostrar la incapacidad del gobierno turco para detener a Twitter y servir como un auténtico anuncio del poder de Twitter como herramienta para combatir el abuso gubernamental, fue rápidamente contestada por el gobierno del país, que recrudeció su esfuerzo censor para llevar a cabo también bloqueos a direcciones IP y justificó las medidas porque Twitter había actuado como si estuviese por encima de la ley y había ignorado las órdenes de los tribunales turcos.

Pero el enfrentamiento entre Twitter y el gobierno turco no es sino uno de los muchísimos contenciosos surgidos entre el mundo político, los gobiernos, y el corporativo, la administración de las compañías. En la misma semana, supimos que el gobierno norteamericano había estado varios años espiando a la compañía china Huawei, el segundo fabricante del mundo de hardware, y que este espionaje se había producido a todos los niveles y había llegado a alcanzar el mismísimo corazón y los centros de toma de decisiones de la empresa. ¿La razón? Completamente arbitraria: consideraban la compañía una amenaza para la seguridad del país, algo que presuntamente otorga carta blanca para llevar a cabo cualquier acción.

Las relaciones entre los gobiernos y las compañías siempre han sido complejas. Por principio, los gobiernos deberían servir a los intereses de la totalidad de los ciudadanos, mientras que las compañías deberían estar al servicio del interés económico de sus accionistas. En esas relaciones, los gobiernos establecen el marco legislativo que se considera de rango superior, y al que las empresas condicionan sus acciones. Pero surge un problema evidente: mientras los gobiernos marcan, por definición, ámbitos de actuación locales y confinados a sus fronteras, las compañías desarrollan su actividad cada vez más en un ámbito de actuación global, y más aún desde la popularización de la red.

Un ejemplo claro de las incoherencias surgidas por ese desajuste son las discusiones sobre la fiscalidad: los gobiernos pretenden que las compañías paguen en su territorio los impuestos derivados de su actividad, pero las compañías, respetando escrupulosamente las reglas impuestas y sin incumplir ninguna de ellas, consiguen aprovecharse de situaciones que les permiten reducir su carga fiscal efectiva hasta niveles realmente bajos, simplemente llevando a cabo procesos de facturación interna e imputaciones a territorios con baja fiscalidad que ninguna ley prohibe. En efecto, las regulaciones fiscales, en gran medida, forman parte de las decisiones que un gobierno puede tomar de forma soberana, pueden ser utilizadas para definir la estrategia de un país a la hora de atraer determinadas inversiones, y resulta muy complicado someterlas a ninguna otra autoridad. Para actuar sobre la fiscalidad de las compañías multinacionales, por tanto, se pretende en ocasiones apelar a algún tipo de “moralidad”, olvidando que la función de dichas compañías es servir lo mejor posible los intereses de sus accionistas respetando las leyes, y por tanto, optimizando en la medida de lo posible todos sus costes. Por tanto, nos encontramos ante un caso en el que ninguna ley está siendo violada, pero tampoco se está cumpliendo la función recaudatoria de manera óptima, pero con difícil o imposible solución a nivel gubernamental.

Los gobiernos pueden jugar papeles de todo tipo: pueden retrasar conversaciones u operaciones de fusión, impedirlas o condicionarlas haciendo uso de la legislación antimonopolio, imponer sanciones y restricciones derivadas de leyes locales (que además podrían incluso no estar de acuerdo con rangos generalmente aceptados y de naturaleza presuntamente supranacional, como los derechos humanos o las libertades fundamentales) o muchas cosas más. Las empresas, por su lado, pueden actuar en ocasiones de manera desafiante en función de las creencias de sus directivos, llegando incluso al punto de tratar de torcer la mano de los gobiernos, como es el caso de Twitter o como lo fue, en su momento, el muy comentado episodio de Google en China, en el que la compañía llegó a plantearse los efectos sobre la estabilidad del país de las hipotéticas protestas que su salida podría llegar a tener.

Algunos gobiernos, por otro lado, parecen actuar cada vez más como si fueran corporaciones: es claro que China condiciona la entrada en su atractivo mercado a decisiones políticas como la vigilancia y control de los usuarios de los servicios, del mismo modo que los Estados Unidos no solo vigilan y espían a compañías y gobiernos extranjeros, sino que incluso actúan abiertamente como lobby para beneficiar los intereses económicos de las compañías norteamericanas. Los vergonzosos episodios en los que se demuestra que países como España legislan en función de las presiones norteamericanas única y exclusivamente para favorecer los intereses de las empresas de creación de contenidos de ese país demuestran que las leyes no siempre se ponen al servicio de los intereses de los ciudadanos, sino en función de intereses económicos particulares que algunos gobiernos, por las razones que sean, consideran “más elevados”.

Para terminar de complicarlo, los tratados económicos que enmarcan el comercio internacional señalan procesos de arbitraje que tampoco están exentos de conflicto y que pretenden, en no pocas ocasiones, condicionar de nuevo cuestiones que afectan al bienestar de los ciudadanos, como el régimen que afecta a la propiedad intelectual o a las patentes, en función de normas de carácter supranacional. Y además, el ámbito en el que cada vez más se desarrollan muchas de estas operaciones, la red, permanece sujeta al control del país en el que tuvo su origen, un proceso que aunque parece que tiene ya puesta fecha a su punto final, no deja de ofrecer interrogantes a la hora de plantearse las alternativas.

El contexto es mucho más complejo de lo que parece, y pretensiones como la de Tim Berners-Lee de crear una Carta Magna que proteja los derechos de los usuarios de la web reflejan exactamente lo que dicen: un intento de defender la naturaleza de la web frente a los cada vez más duros ataques tanto de gobiernos como de corporaciones. En el mundo actual, los gobiernos representan cada vez menos los intereses de sus ciudadanos: la democracia, que ni siquiera existe o está garantizada en todos los países, todavía no ha sufrido su muy necesaria reconversión y adecuación a un mundo hiperconectado: seguimos actuando con arreglo a normas creadas para un mundo en el que la información circulaba lentamente y siempre en la misma dirección, sujeta a divisiones fronterizas, y con arreglo a los intereses de quien se sentaba en el gobierno. Intereses que, con el tiempo, están cada vez menos condicionados a la voluntad de los gobernados, y más a los de terceros de todo tipo, desde los propios gobernantes inmersos en ubicuos e inabarcables procesos de corrupción, hasta otros que, a fuerza de oficializarse, hemos llegado a ver como “naturales”.

La corrupción que antes de la red se amparaba en la dificultad y falta de trazabilidad de la acción política no parece haber hecho más aislada o compleja con la popularización de la red – más allá de posibilitar que, al menos, podamos tener cierta evidencia gracias a whistleblowers. Curiosamente, esos whistleblowers que evidenciaron los modos y manejos de algunos gobiernos están detenidos, en la cárcel, o recluidos forzosamente en refugios de diversos tipos, sin ninguna ley que los proteja. Sin duda, la política es el entorno donde existen intereses más fuertes que impiden la llegada de la necesaria transparencia que la red podría traer consigo. Es, cada día más, el negocio de los negocios, el que más necesario resulta someter a disrupción.

En las complejas relaciones entre gobiernos y empresas, los que estamos llevándonos claramente la peor parte somos los ciudadanos. Con la defensa de la red y de su naturaleza nos jugamos mucho, muchísimo más de lo que parece. Los que para ello – o para cualquier otra cosa – confíen en la política, lo tienen cada día peor. Cada día más, la única respuesta es el activismo.

 

(This post is also available in English in my Medium page, “The internet and the complex relationship between governments and corporations“)

7 comentarios

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Antonio Castro
24.03.2014 a las 17:49 Permalink

Me quedo con el último párrafo que es un excelente colofón a un gran artículo que trata de algo que está condicionando nuestro futuro y el de nuestros hijos de un modo tremendo y difícil de calcular.

Ya no podemos confiar en los políticos ni para lo más necesario. Si los ciudadanos no reaccionamos, no existirá futuro de ninguna clase para la siguiente generación. No confío siquiera en que la humanidad sobreviva a esta locura de crecimiento insostenible promovida desde eso que ahora llaman los mercados.

Ni siquiera Japón después de lo ocurrido en Fukushima aprendió la lección. Están abriendo nuevas centrales nucleares y China se va a lanzar a crear centrales nucleares a lo grande.

Más persona, más consumo por habitante, más corrupción, recorte de derechos, cambio climático, crisis de biodiversidad y drástica disminución de recursos importantes.

No va a costar demasiado encontrar voluntarios para un viaje a Marte sin billete de vuelta si ofrecen una supervivencia allí de 15 años.

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Krigan
24.03.2014 a las 21:12 Permalink

Mucho me temo que el tema de los impuestos no tiene nada que ver con la Red, sino más bien con el propósito de los gobiernos de asar a impuestos a pobres y clase media, y evitarle el pago de los mismos a los que más tienen. Un buen ejemplo son las sicavs, que pagan un mísero 1% de los beneficios bajo la tonta excusa de que si no, ese dinero se iría a otro país.

Bien tonta es la excusa, dado que si pagan esa miseria tanto nos da que se vayan a otra parte. Entre pagar eso y no pagar nada apenas hay diferencia. Imaginen a alguien que meta mil millones en una sicav, y obtiene un jugoso 10% de beneficios, que serían 100 millones. Por tanto, pagaría tan solo un millón de impuestos.

Estrapolen eso a lo que sería el PIB español, que es un billón de euros. Incluso si el conjunto de los inversores de sicav sumasen esa cifra absurdamente enorme (todo nuestro PIB, es decir, toda nuestra economía serían solo inversiones de sicav), y obtuviesen de promedio un 10% de beneficios (que ya es obtener), sus impuestos serían tan solo de mil millones, que no da ni para cacahuetes (los ingresos tributarios actuales son 180 veces esa cantidad).

Como era de suponer, lo que hay metido en sicavs es una cifra muy inferior, de tan solo 30.000 millones. Es decir, 30 millones de impuestos en el improbable supuesto de que su rentabilidad media sea del 10%, tal vez no más de 15 millones en la realidad. ¿Por qué he mencionado el PIB? Pues para mostrar que no es solo que las sicavs no den dinero al Tesoro ahora, sino que nunca lo darán, por mucho que puedan crecer en el futuro.

Y esta idea tan maravillosa, ¿a quien beneficia? A todo aquel que pueda montar una sicav, que por ley solo pueden ser los ricos (necesitas tener mínimo 2,4 millones de euros para montar una).

El resto de las “ingeniosidades” fiscales son como las sicav, un puro fraude fiscal para ricos, legalizado y totalmente intencionado. Las “ingeniosidades” que practican las punto-com son exactamente las mismas que las que hacen el resto de las multinacionales, y serían igual de fáciles de evitar, solo que no se quiere hacerlo.

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Luis Hernández
25.03.2014 a las 11:02 Permalink

Hay muchos conceptos Enrique, que defiendes y argumentas reiteradamente en tus artículos que para muchos de nosotros son tan evidentes como que el Sol sale cada mañana.
Pero para buena parte de la sociedad la interpretación de la realidad se hace desde un punto de vista más local y mucho más tradicional en cuanto al análisis de las causas de los problemas y sus posibles remedios.
Un visión global como la planteas no está al alcance de cualquiera. Simplemente porque o bien no cuentan con la información necesaria o son incapaces de adaptar su forma de ver el mundo.
En todo caso es evidente que no podemos cejar en el empeño de hacer comprender al mayor número de personas posible el intrincado juego de poder económico y gubernamental en que nos movemos.

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Fran
25.03.2014 a las 11:18 Permalink

En el fondo, una vez más, los gobiernos van a la zaga del mundo real, intentando ponerle puertas al campo. De vez en cuando, alguno está avispado, y obtiene beneficios. Dejando aparte la legitimidad para hacerlo o no, dentro del marco común europeo… ¿Alguien duda de que la decisión de Irlanda de proporcionar una fiscalidad ventajosa a las empresas haya beneficiado al país? Quizás no haya beneficio tributario, pero indudablemente hay un beneficio para la población, que parece un aspecto del que los gobernantes se olvidan fácilmente…

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Anónimo
25.03.2014 a las 18:49 Permalink

En respuesta a la última frase: “Los que para ello – o para cualquier otra cosa – confíen en la política, lo tienen cada día peor. Cada día más, la única respuesta es el activismo.”

No creo que sea cuestión de confiar en la política, sino hacerla, porque o hacemos política o nos la hacen.

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Albertmen
25.03.2014 a las 18:52 Permalink

En respuesta a la última frase que aparece: “Los que para ello – o para cualquier otra cosa – confíen en la politica, lo tienen cada día peor. Cada día más, la única respuesta es el activismo.”
No creo que sea cuestión de confiar en la política, sino de hacerla, porque o hacemos política o nos la hacen.

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Pedro Torres
25.03.2014 a las 19:10 Permalink

Relativismo… Relativismo EVERYWHERE!

El “poblema” es que somos una raza de relativistas.

Mientras no llegue un científico que haga con el relativismo lo que un cirujano con el apendice, seguiremos siendo perros que nos perseguimos el rabo.

Han tenido que dar el premio nobel de economía a un psicólogo, Daniel Kanehman.

Es lo que somos todos, carne de psiquiatra.

Tanto despreciar a los listos, que nos roban los necios.

Comentarios cerrados

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