David Cuen, de la BBC, me llamó para preguntarme mi opinión sobre los “impuestos tecnológicos” de países como México, Argentina o el Reino Unido, en contraste con la declaración de la conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 1 Mbps como derecho universal de Finlandia. Recoge algunas de mis declaraciones en este artículo, “Los impuestos de Internet“.

Mi opinión es que los impuestos tecnológicos son en su gran mayoría una barbaridad y tienen muy difícil defensa, incluso en casos tan diferentes como los recogidos como ejemplo en el artículo. El caso de Argentina es, sin duda, la mayor de las estupideces y pertenece a un curso básico de Introducción a la Economía, porque supone un auténtico déjà vu: las políticas proteccionistas regionales, simplemente, pertenecen a otro tiempos. La inmensa mayoría de los economistas modernos están de acuerdo en que el proteccionismo es dañino: los costes superan claramente a los beneficios, y supone un obstáculo al crecimiento económico y un subsidio que nunca genera ventajas comparativas para la región supuestamente protegida. Si además ejerce un freno al desarrollo tecnológico encareciendo éste notablemente y privando efectivamente de opciones a los ciudadanos, mucho peor. Intentando beneficiar a una región determinada, se hipoteca el futuro tecnológico de todo un país.

El caso de México tampoco tiene desperdicio: gravar la conexión a Internet por considerarla un artículo de lujo o un indicador de riqueza supone invertir directamente en brecha digital, negar las evidentes ventajas que Internet puede traer a la economía de un país, y ponerse a remar en dirección opuesta al progreso. Mientras las economías de otros países irán desarrollándose progresivamente en el mundo digital, la de México no lo hará o lo hará con mayor dificultad, en desventaja, lastrada por un coste adicional que dificulta la incorporación de una parte de la sociedad a la red. En un país con uno de los accesos a Internet más caros del mundo, un impuesto adicional no hace más que empeorar la situación, y dificultar más aún el desarrollo de una sociedad conectada.

El Reino Unido, por su parte, propone un impuesto con función redistributiva para crear un fondo que financie la conexión a Internet de zonas hoy excluidas, y aplica una tasa poco significativa sobre el precio final (cincuenta peniques al mes). Una opción que a pesar de ser la menos intrusiva de las tres, supone una actuación que debería ser aplicada únicamente si no existiesen posibilidades de corregir dicho desequilibrio mediante los mecanismos del mercado sujeto a las normas oportunas marcadas por el regulador. En todos los casos, gravar la tecnología es una opción peligrosa y poco recomendable, que olvida que ésta juega un papel importante en el mayor cambio de modelo económico que hemos vivido desde la Revolución Industrial.