si hubiera sido algo más importante, como bajarse material con derecho de autor, con un lobby como demandante de más caché que unos pocos millones de usuarios seguro que la multa hubiera sido mayor.

Y habrá quien se sorprenda.

La idea de la proporcionalidad de las multas esta bien relatado. Muchas veces compensa la multa.
Pero eso no ha de significar un aumento de presencia administrativa para controlar lo que hacen las personas y empresas.
Los avances en empresas como MS para hacer menos incomoda e insegura la navegación es todo un esfuerzo que tenemos que empezar a agradecer.

Llego algo tarde, pero como es una cuestión que me tiene preocupado desde hace muchos años quiero manifestarlo aquí.
Descubro demasiado asiduamente que las empresas más fuertes pueden permitirse el lujo de tratar mal a sus clientes, engañarles y hurtarles su dinero porque les compensa ampliamente.
Por un lado las empresas que tienen muchos clientes cautivos o casi, como las de telecomunicaciones o los bancos, obtienen cuantiosos beneficios incumpliendo alguna normativa y violentando algún derecho de los consumidores aunque sean unos pocos céntimos. La mayoría de los clientes no se van a molestar en denunciarles porque “vale más el mango que la azada”.
Si aún así algún cliente les denuncia siempre pueden atender su reclamación, a la primera, segunda o tercera queja, aunque sólo si lo hace como reclamación oficial.
Los poderes públicos tienden a proteger a esas empresas y, si en algún momento se sienten presionados para actuar, ponen multas ridículas , comparadas con los beneficios obtenidos, para salir en la prensa aparentando que defienden los intereses de los ciudadanos.
Pero es que además, si la empresa recurre suelen rebajar la multa inicial, con lo que esas empresas vuelven a la carga nuevamente con sus malas artes.
En España no funciona la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Me parece un camelo. Una de las pruebas de dicha afirmación es que, generalmente, los inspectores de las distintas administraciones, no actúan de oficio, pues esperan a que los ciudadanos denuncien. Pero es que hay tal cúmulo de incumplimientos de las empresas que los usuarios tendrían que pasarse el día denunciando. Entonces ¿Para qué pagamos el sueldo a esos empleados públicos? Pues simplemente para que los políticos puedan decir que tienen un sistema de protección, pero que no utilizan, e incluso llegan a presionar a los inspectores para que no denuncien o, simplemente, dejan que la denuncia acumule polvo en algún archivador.
Naturalmente para alguien que no haya trabajado nunca en la Administración Pública esto le parecerá absurdo ¿Pagar a empleados para que no trabajen o que ese trabajo no sea efectivo? Pues sí. Sus depresiones les cuestan a tantos empleados públicos que se esmeran en cumplir con su trabajo, a pesar de los obstáculos que les ponen.
Es obvio que si el poder político del momento está interesado en alguna parcela de la inspección sí pondrá todo su empeño en ser efectivos, aunque eso va en contra de la ley. Pero ¿a quien le importa?
Por supuesto que no pretendo decir que sea así en todos los casos, pero mi impresión es que esta situación está bastante generalizada.

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