Marimar Jiménez publica este bien trenzado artículo en el Cinco Días de hoy, “El consumidor reclama la devolución del canon digital” (ver pdf), en el que pone de manifiesto la injusta y absurda situación de un de facto “impuesto a la tecnología” creada cuando un Parlamento que ignora los intereses de los ciudadanos que los votaron deciden legislar a favor de un colectivo determinado, y subvencionar sus actividades mediante un “impuesto” que extraen del bolsillo de todos. El artículo menciona como algunas tiendas piden a sus clientes que les demanden, para así generar presión popular sobre el canon. Igualmente, menciona como muchos únicamente compramos soportes digitales y artículos gravados con el injusto canon a través de tiendas situadas fuera de España, en las que podemos satisfacer el deseo de pagar por nuestra compra sin con ello financiar a una industria que nos insulta por principio.

Mi entrecomillado en el artículo califica a la ley como de fraude, con argumentos bien conocidos para todos mis lectores habituales:

“El profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans, califica la LPI de fraude, porque, asegura, no se puede calificar de otra manera el cobrar al usuario unas cantidades para compensar un supuesto daño que muy posiblemente no va a producirse y que, además, por la vía de la misma ley está, de hecho, ilegalizado como tal. ‘Si me cobran por si acaso copio unos contenidos en un soporte, entonces tendrá que ser forzosamente legal copiar los contenidos en ese soporte, dado que he pagado por ello. Pero no, ni una cosa ni otra. La LPI es una subvención directa a unas actividades y a un modelo de negocio caduco’, subraya.”

El artículo contiene muchos más argumentos y visiones bien informadas, y es de lectura francamente recomendable.